I. La Arquitectura de una Rivalidad Administrada

El 13 de mayo de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Pekín Capital para iniciar una visita de Estado de dos días con el presidente chino Xi Jinping, la primera visita de un mandatario estadounidense a China en casi una década y el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes desde la Cumbre de Busan, celebrada en octubre de 2025. El encuentro, demorado durante semanas por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus secuelas sobre el estrecho de Ormuz, reunió a los dos líderes más poderosos del mundo en un momento de excepcional densidad geopolítica: una guerra activa en Oriente Medio que distorsiona el comercio global, una rivalidad tecnológica sin precedentes centrada en semiconductores e inteligencia artificial, tensiones militares sostenidas en el estrecho de Taiwán y un orden internacional que muestra signos inequívocos de fragmentación sistémica.

La tesis central de este artículo sostiene que la Cumbre Washington–Pekín de 2026 no representa un intento genuino de reconciliación estratégica entre Estados Unidos y China, sino la institucionalización de una coexistencia competitiva propia de un sistema internacional en transición hacia una bipolaridad imperfecta. Desde una lógica neorrealista, ambas potencias buscan administrar la rivalidad sin renunciar a la disputa por la primacía tecnológica, financiera y militar, mientras el orden liberal internacional pierde capacidad de arbitraje universal. Más que evitar el conflicto, la cumbre evidencia el surgimiento de una nueva arquitectura de equilibrio inestable donde la interdependencia económica convive con la fragmentación geopolítica y la securitización de la globalización.

Este argumento se articula en tres ejes analíticos. El primero examina la dimensión tecnológico-económica de la rivalidad: la batalla por semiconductores, minerales críticos e inteligencia artificial como núcleo duro de la competencia estratégica. El segundo aborda la securitización del espacio geopolítico inmediato, con Taiwán como epicentro de la disputa por el equilibrio regional en el Indo-Pacífico. El tercero analiza el contexto sistémico más amplio: la erosión del orden liberal de posguerra, el surgimiento de una geometría multipolar fragmentada y el papel de actores como Irán, Rusia y los países del Sur Global como variables de segunda fila que condicionan el margen de maniobra de ambas superpotencias. La conclusión articula una proyección estratégica sobre la naturaleza duradera de esta bipolaridad imperfecta y sus implicaciones para el sistema internacional del siglo XXI.

II. Herramientas Conceptuales para una Rivalidad del Siglo XXI

Analizar la Cumbre Washington–Pekín de 2026 requiere una caja de herramientas teórica capaz de capturar simultáneamente la lógica de la competencia por el poder, la persistencia de la interdependencia económica y la transformación de las normas internacionales. Cinco tradiciones teóricas ofrecen marcos complementarios e irreemplazables para este fin.

El neorrealismo estructural de Kenneth Waltz (1979) constituye el punto de partida analítico indispensable. En su obra Theory of International Politics, Waltz argumenta que la estructura anárquica del sistema internacional determina el comportamiento de los estados con independencia de sus características domésticas: en ausencia de un gobierno mundial, los estados deben competir por la seguridad y el poder relativos. Desde esta perspectiva, la Cumbre de Pekín no es un evento de reconciliación sino una instancia de gestión de la rivalidad entre las dos primeras potencias de un sistema que tiende hacia la bipolaridad. La lógica waltziana predice que ninguna de las dos partes renunciará voluntariamente a ventajas relativas en tecnología o capacidad militar, independientemente de los acuerdos comerciales que puedan anunciarse.

John Mearsheimer (2001), en The Tragedy of Great Power Politics, radicaliza la premisa waltziana al argumentar que las grandes potencias son “maximizadoras de poder” que buscan la hegemonía regional como garantía máxima de supervivencia. Para Mearsheimer, el ascenso de China como potencia regional dominante en el Indo-Pacífico es estructuralmente incompatible con el mantenimiento de la primacía estadounidense, haciendo inevitable una competencia de suma cero. Esta perspectiva explica por qué, incluso en el contexto de una cumbre con protocolos de Estado y retórica de estabilidad, ningún observador serio espera resoluciones estructurales sobre Taiwán, semiconductores o control de armamentos: las concesiones reales en ámbitos de poder relativo son sistémicamente disuadidas.

Sin embargo, el neorrealismo por sí solo es insuficiente para capturar la textura de la rivalidad contemporánea sino-estadounidense. Robert Keohane y Joseph Nye (1977), en Power and Interdependence, introdujeron el concepto de interdependencia compleja para describir sistemas en los cuales los actores están conectados por múltiples canales —comerciales, financieros, transnacionales— que elevan el costo de la ruptura sin eliminar la competencia. La relación sino-estadounidense es el caso paradigmático de interdependencia compleja bajo rivalidad estratégica: como señalan analistas del Foro Económico Mundial (2026), Estados Unidos depende masivamente de la capacidad manufacturera china y del acceso a sus minerales estratégicos, mientras China necesita los consumidores, la tecnología y los mercados de capitales estadounidenses. Keohane y Nye anticiparon precisamente este tipo de paradoja: mayor interdependencia no garantiza paz; puede coexistir con competencia intensa y generar vulnerabilidades mutuamente instrumentalizadas.

La teoría de la securitización, desarrollada por Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde (1998) en Security: A New Framework for Analysis, aporta una dimensión constructivista esencial. La securitización designa el proceso mediante el cual un actor político —típicamente el Estado— presenta una cuestión determinada como amenaza existencial que requiere medidas de emergencia por encima de la política ordinaria. Este proceso es precisamente lo que ha ocurrido con la globalización en el contexto de la rivalidad sino-estadounidense: el comercio, la inversión, los semiconductores, los minerales críticos y las cadenas de suministro han sido progresivamente

“securitizados” —convertidos en cuestiones de seguridad nacional— tanto por Washington como por Pekín. La batalla por los chips de inteligencia artificial y los controles de exportación estadounidenses son manifestaciones directas de este fenómeno.

Finalmente, la noción de orden internacional desarrollada por Hedley Bull (1977) en The Anarchical Society permite evaluar el impacto sistémico de la rivalidad Washington-Pekín sobre el conjunto del sistema internacional. Bull concibió el orden internacional como el producto de un conjunto de instituciones —el derecho internacional, la diplomacia, la gestión del poder entre grandes potencias— que permiten la coexistencia bajo la anarquía. La pregunta central que plantea este artículo es si la cumbre de mayo de 2026 contribuye a la preservación de ese orden o, por el contrario, confirma su erosión progresiva en favor de un sistema estructurado en torno a bloques de influencia diferenciados, donde el multilateralismo liberal cede terreno a acuerdos bilaterales de geometría variable.

III. Desarrollo Analítico

3.1 La Batalla por el Futuro Tecnológico: Semiconductores, Minerales Críticos e Inteligencia Artificial

El eje más concreto y cuantificable de la rivalidad sino-estadounidense en 2026 es la confrontación por el control de las tecnologías del siglo XXI. La disputa abarca tres ámbitos interconectados: los semiconductores avanzados y el equipo para fabricarlos, los minerales críticos y las tierras raras indispensables para la cadena de valor tecnológica global, y el liderazgo en inteligencia artificial como plataforma de poder militar, económico e informacional.

La batalla por los semiconductores es la expresión más nítida de la securitización de la tecnología. Desde 2022, Washington ha impuesto restricciones progresivas a la exportación de chips avanzados y equipos de fabricación a China, argumentando —en términos de securitización clásica— que dichas tecnologías acelerarían el desarrollo militar y de inteligencia artificial de Pekín. En respuesta, China ha intensificado sus inversiones en capacidad doméstica de fabricación de semiconductores, aunque su dependencia de tecnología extranjera en los nodos más avanzados

sigue siendo significativa. Como señala el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en su análisis previo a la cumbre (2026), Pekín llega a Pekín presionando específicamente para que Washington relaje las restricciones sobre chips avanzados, mientras Estados Unidos busca asegurar acceso preferencial a minerales críticos chinos.

El capítulo de los minerales críticos y las tierras raras ilustra con precisión la lógica de la interdependencia compleja bajo rivalidad estratégica que describieron Keohane y Nye. China controla una parte dominante de la producción y el procesamiento mundial de tierras raras —elementos indispensables para la fabricación de vehículos eléctricos, sistemas de defensa, turbinas eólicas y dispositivos electrónicos avanzados—. Cuando Pekín suspendió las exportaciones de una amplia gama de tierras raras y magnetos relacionados como represalia a los aranceles estadounidenses de 2025, las consecuencias se propagaron por las cadenas de suministro globales, afectando a la industria automotriz europea, japonesa y surcoreana. Como documenta CNBC en su cobertura de la cumbre (2026), esta suspensión “trastornó las cadenas de suministro centrales para los fabricantes de automóviles globales, con consecuencias políticas y económicas en Europa, Japón y Corea del Sur.” El acuerdo comercial de octubre de 2025, negociado en Busan, incluyó concesiones chinas en minerales críticos a cambio de una reducción arancelaria, estableciendo el patrón de intercambio transaccional que domina también la cumbre de mayo de 2026.

La inteligencia artificial representa la dimensión más prospectiva y estratégicamente cargada de esta rivalidad tecnológica. Ambas potencias han identificado el liderazgo en IA como un multiplicador de poder en ámbitos que van desde la guerra autónoma hasta la vigilancia masiva, pasando por la productividad económica y la influencia informacional. Según CSIS (2026), Washington acusó formalmente a Pekín de realizar campañas “a escala industrial” para robar tecnología estadounidense de IA, mientras China presionaba para que sus empresas tecnológicas abandonen el régimen de sanciones estadounidenses. La inclusión de la inteligencia artificial en la agenda formal de la cumbre —reportada por Al Jazeera y CNBC entre otros— confirma que este ámbito ha adquirido la categoría de asunto de seguridad nacional para ambas partes: una securitización tecnológica sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales.

Lo que emerge de este análisis es una dinámica que no tiene precedentes históricos claros: dos economías profundamente integradas que simultáneamente tratan sus vínculos tecnológicos como amenazas existenciales. La dependencia mutua no desaparece —China sigue necesitando chips avanzados, Estados Unidos sigue necesitando minerales críticos y manufactura de bajo costo— pero ambas partes la tratan crecientemente como una vulnerabilidad estratégica a reducir, acelerando procesos de “friend-shoring” (relocalización hacia aliados) y de construcción de capacidades domésticas. Esta dinámica confirma la tesis waltziana: la lógica de la competencia por el poder relativo prevalece sobre los incentivos de la interdependencia absoluta.

3.2 Taiwán y el Indo-Pacífico: La Anatomía de una Disuasión Inestable

Si la rivalidad tecnológica es el eje económico de la competencia sino-estadounidense, Taiwán es su epicentro geopolítico-militar. La cuestión de Taiwán —formalmente la disputa sobre la soberanía de una isla de 36.000 km² con 23 millones de habitantes y una industria de semiconductores de valor estratégico incalculable— estructura el dilema de seguridad más peligroso del sistema internacional contemporáneo, concentrando en un espacio reducido todas las tensiones de la transición de poder que describe Mearsheimer.

Entrando a la cumbre de mayo de 2026, la arquitectura de disuasión sobre Taiwán se encontraba sometida a presiones inusuales. En el plano militar, China ha intensificado operaciones aéreas y navales en torno a la isla, aumentando el ritmo y la escala de sus ejercicios desde la toma de posesión del presidente taiwanés Lai Ching-te, a quien Pekín critica duramente por sus posiciones soberanistas. En el plano político, la Ley de Relaciones con Taiwán obliga legalmente a Estados Unidos a apoyar la autodefensa de la isla, mientras la “ambigüedad estratégica” —la deliberada indefinición estadounidense sobre si defendería militarmente a Taiwán en caso de ataque— sigue siendo la doctrina oficial. Washington aprobó en 2025 un paquete de ventas militares a Taiwán por 11.000 millones de dólares, con otro paquete de 14.000 millones en espera de aprobación final.

La dimensión más sensible de la cumbre en materia de Taiwán es, paradójicamente, de naturaleza lingüística. Como documenta el Soufan Center (2026), Pekín aspira a que Washington desplace su formulación oficial de largo data —”no apoyar” la independencia de Taiwán— hacia “oponerse

activamente” a la independencia taiwanesa. Se trata de un desplazamiento semántico de apariencia modesta pero de consecuencias estratégicas profundas: en la política sino-taiwanesa, las palabras son territorio. Bonnie Glaser, directora del programa Indo-Pacífico en el German Marshall Fund de Estados Unidos, advirtió a CNBC (2026) que cualquier suavización retórica de Trump, incluso ambigua, sería “el resultado más desestabilizador” de la cumbre, ya que podría llevar a Pekín a adoptar pasos más asertivos para erosionar la autonomía taiwanesa. “En la política de grandes potencias”, señaló el analista citado por Al Jazeera (2026), “las pequeñas palabras a menudo acarrean grandes consecuencias, especialmente para quienes cuya supervivencia depende de la credibilidad de otros.”

El contexto de la guerra en Irán añade una capa adicional de complejidad al equilibrio de disuasión sobre Taiwán. Algunos analistas consultados por Al Jazeera señalaron que el conflicto en Oriente Medio proporciona a China cierto grado de apalancamiento geopolítico, dado que Estados Unidos ha desviado recursos militares significativos hacia el Mediterráneo oriental y el Golfo Pérsico, alejándolos del Teatro Indo-Pacífico. Como observó Arthur Dong, experto en China de la Universidad de Georgetown, citado por CNBC (2026): “proporciona a China cierto grado de palanca”, aunque la interdependencia energética china con Irán —Pekín es el principal comprador del petróleo iraní— limita la disposición de Xi a apoyar incondicionalmente a Teherán. Esta triangulación estratégica —Washington, Pekín, Teherán— ilustra la complejidad creciente de un sistema internacional donde la rivalidad bilateral se cruza con conflictos periféricos de manera imprevisible.

En términos neorrealistas, Taiwán representa el caso clásico del dilema de seguridad en un contexto de transición de poder: la acumulación de capacidades defensivas taiwanesas —armada con sistemas de misiles, drones y armas de precisión estadounidenses— es percibida por Pekín como amenaza ofensiva, mientras la inacción de Washington sería interpretada como señal de abandono. La cumbre de 2026 no resuelve este dilema; lo administra transitoriamente mediante un lenguaje deliberadamente vago y compromisos transaccionales en otras dimensiones. Esto es, precisamente, el equilibrio inestable que describe la tesis central de este artículo: no paz estratégica, sino suspensión negociada de la escalada.

3.3 El Orden Internacional en Transición: Del Multilateralismo Liberal a la Bipolaridad Imperfecta

El contexto sistémico de la Cumbre Washington-Pekín de 2026 trasciende la díada bilateral. La reunión entre Trump y Xi se produce en un momento de transformación acelerada del orden internacional de posguerra, cuyo pilar normativo —el multilateralismo liberal construido sobre la base de las instituciones de Bretton Woods, la ONU y la OMC— muestra fisuras estructurales que ningún acuerdo bilateral puede suturar.

El concepto de “orden internacional” que desarrolló Hedley Bull (1977) descansaba sobre la premisa de que las grandes potencias, pese a su rivalidad, compartían un interés mínimo en la estabilidad sistémica que las llevaba a respetar ciertas reglas del juego. Esa premisa se erosiona en 2026: Washington ha impuesto aranceles punitivos unilaterales, desafiando las normas de la OMC; China ha instrumentalizado sus exportaciones de tierras raras como palanca geopolítica; Estados Unidos está involucrado en una guerra en Irán sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU; y el G7 está debilitado por las tensiones transatlánticas. El Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos describió la cumbre, según Wikipedia (2026), como “un esfuerzo por estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China más que por resolver disputas de larga data”, confirmando que el objetivo es la gestión de la rivalidad, no su superación.

La revitalización del concepto de G2 —una conducción informal del sistema internacional por parte de las dos superpotencias— ofrece un indicador revelador de la dirección en que se mueve el orden. Al Jazeera documenta (2026) que la cumbre de Pekín ha reanimado esta idea, originalmente propuesta por el economista C. Fred Bergsten en 2005, que contemplaba una responsabilidad compartida de las dos mayores economías mundiales para estabilizar los mercados globales. Sin embargo, el G2 actual no es el G2 cooperativo que imaginó Bergsten: es una gestión compartida de la rivalidad que excluye a terceros actores —Europa, Japón, India, los países del Sur Global— de las decisiones que les afectan. Como señala un analista de LSE citado por Al Jazeera (2026), “cualquier trato que involucre inversión china en Estados Unidos desviaría capital escaso y tecnología de los países del Sur Global, donde las empresas chinas han invertido masivamente en manufactura de energía limpia.” La “colusión” Washington-Pekín, paradójicamente, es también motivo de alarma para Europa y Tokio.

La guerra en Irán y sus efectos sobre el estrecho de Ormuz —por donde transita una fracción significativa del petróleo global— ilustran otro rasgo del nuevo orden en construcción: la proliferación de “puntos de estrangulamiento” geográficos con poder de veto sobre la economía global. China, que importa aproximadamente la mitad de su petróleo desde Oriente Medio, es directamente vulnerable a la interrupción del tráfico por Ormuz; de hecho, como señala CNBC (2026), “barcos chinos han quedado varados” por las disrupciones en el golfo. Esta vulnerabilidad explica por qué Pekín desea una solución diplomática a la crisis iraní, pero también su renuencia a comprometerse públicamente con una operación internacional liderada por Washington para reabrir el estrecho: hacerlo significaría avalar la hegemonía naval estadounidense que la doctrina estratégica china busca sistemáticamente erosionar.

El escenario que emerge de estos análisis no es la multipolaridad fluida que algunos teóricos anticiparon para el siglo XXI, sino algo más preciso y más inestable: una bipolaridad imperfecta, en la que Estados Unidos y China son los polos estructurantes del sistema, pero ninguno dispone de la hegemonía suficiente para imponer un orden unilateral, y en la que los demás actores —Rusia, la Unión Europea, India, los países productores de petróleo— tienen espacio para maniobrar sin poder alterar la estructura fundamental. Como señalan los análisis de Foreign Policy (2026), China se aproxima a la paridad militar con Estados Unidos en el teatro del Pacífico occidental, pero su economía per cápita sigue siendo radicalmente inferior y enfrenta desafíos estructurales como el envejecimiento demográfico y la fragilidad del sector inmobiliario. La fortaleza china es real pero también tiene fisuras sistémicas; la dominancia estadounidense es cuestionada pero sigue siendo tecnológicamente y financieramente superior en términos globales.

Esta bipolaridad imperfecta tiene consecuencias directas sobre la capacidad de arbitraje del orden liberal. Cuando ninguno de los dos polos acepta la autoridad de las instituciones multilaterales para resolver sus disputas —tanto Washington como Pekín han instrumentalizado o ignorado los fallos de la OMC según conveniencia— el orden internacional se fragmenta en regímenes parciales, zonas de influencia informales y acuerdos bilaterales de geometría variable. La cumbre de Pekín es, precisamente, uno de esos acuerdos: un intento de establecer reglas de gestión de la rivalidad

fuera de las instituciones multilaterales, entre dos potencias que han dejado de confiar en esas instituciones como árbitros neutrales.

La Cumbre como Instantánea de una Transición Epocal

La Cumbre Washington-Pekín de mayo de 2026 no es, como podría sugerirlo su protocolo de Estado y su escenografía diplomática, un evento de reconciliación estratégica entre las dos primeras potencias del mundo. Es, en cambio, la manifestación más reciente y más visible de la institucionalización de una coexistencia competitiva: un acuerdo tácito entre rivales sistémicos para administrar su rivalidad dentro de umbrales de seguridad aceptables, sin renunciar ninguno de los dos a sus objetivos de largo plazo en materia de primacía tecnológica, influencia regional y modelación del orden internacional.

Los tres ejes analíticos desarrollados en este artículo convergen en una misma conclusión: la cumbre confirma la tesis de la bipolaridad imperfecta. En la dimensión tecnológico-económica, ambas potencias buscan acuerdos transaccionales —China compra aviones Boeing y soja, Estados Unidos obtiene acceso a minerales críticos— que alivian tensiones inmediatas sin resolver las asimetrías estructurales en semiconductores e inteligencia artificial. En la dimensión geopolítico-militar, Taiwán permanece como el punto de máxima tensión y máxima ambigüedad: Washington mantiene su compromiso defensivo sin precisarlo, Pekín acumula capacidades sin ejercerlas, y ambos eluden la clarificación estratégica que podría precipitar una crisis. En la dimensión sistémica, la erosión del multilateralismo liberal avanza y el G2 informal que emerge de la cumbre no es un orden cooperativo sino una gestión bilateral de la inestabilidad que margina a los demás actores.

La proyección estratégica que se desprende de este análisis apunta a la persistencia, no a la resolución, de la rivalidad sino-estadounidense como estructura dominante del sistema internacional. Los incentivos para la estabilidad son reales: el costo de un conflicto abierto entre potencias nucleares es catastrófico para ambas partes; la interdependencia económica, aunque

securitizada, sigue generando costos mutuos de ruptura que ninguno de los dos gobiernos puede ignorar políticamente; y la presión de la opinión pública en ambos países —documentada por CNN en sus reportajes desde Pekín— favorece relaciones más estables. Pero los incentivos para la competencia son igualmente estructurales: la lógica waltziana del poder relativo, la ambición hegemónica regional de China descrita por Mearsheimer, y la determinación estadounidense de preservar su primacía tecnológica y su hegemonía naval en el Indo-Pacífico no son variables que ningún acuerdo diplomático pueda neutralizar.

Lo que la Cumbre de Pekín de 2026 ofrece al sistema internacional es, en términos de Bull, un mínimo de orden sin consenso normativo: un acuerdo procedimental sobre cómo gestionar la rivalidad, no un acuerdo sustantivo sobre las reglas del juego. En ese sentido, la cumbre es un espejo fiel del sistema internacional que la produce: un sistema en transición hacia la bipolaridad imperfecta, donde la interdependencia económica convive con la fragmentación geopolítica, donde la securitización de la globalización avanza sin precedente histórico claro, y donde el orden liberal pierde capacidad de arbitraje universal sin que haya emergido todavía un orden alternativo capaz de reemplazarlo.

El siglo XXI no verá el fin de la rivalidad sino-estadounidense. Verá, en cambio, su institucionalización progresiva bajo formas que los marcos teóricos clásicos apenas alcanzan a anticipar: una combinación de competencia por la primacía, cooperación selectiva en ámbitos de interés compartido —cambio climático, pandemias, estabilidad financiera— y gestión permanente del riesgo de escalada. La Cumbre de Pekín de mayo de 2026 no cierra una época; inaugura, con toda su ambigüedad y toda su fragilidad, la gramática diplomática del nuevo equilibrio inestable.

Referencias

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I. Introducción

El 11 de mayo de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la cadena Fox News que estaba ‘considerando seriamente’ convertir a Venezuela en el estado número 51 de la Unión Americana. En esa misma comunicación, aludió explícitamente a que ‘allí hay 40 billones de dólares en petróleo’, revelando de forma directa la motivación material que subyace a una propuesta que, por su formulación, podría parecer excéntrica o retórica, pero que en realidad constituye un síntoma geopolítico de enorme densidad analítica. La respuesta venezolana fue inmediata: desde La Haya, donde participaba en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró que esa posibilidad ‘no está prevista y jamás estaría prevista’, recordando que Venezuela ‘no es una colonia, sino un país libre’ (Infobae, 2026).

La propuesta del mandatario estadounidense no se produjo en el vacío. Se inscribe en una cadena de declaraciones expansionistas que ha caracterizado su segundo mandato: la reivindicación de soberanía sobre Groenlandia, la sugerencia de que Canadá se convierta en el estado 51, la recuperación del control del Canal de Panamá, y una presencia militar creciente en el Caribe sur desde finales de 2025. Todas estas iniciativas tienen como denominador común la lógica del ‘America First’ aplicada al hemisferio occidental, un corolario actualizado de la Doctrina Monroe que el propio Trump ha descrito como una doctrina que ‘hemos superado con creces’ (Le Grand Continent, 2026).

Este artículo sostiene la siguiente tesis central: la propuesta simbólica de incorporar a Venezuela como un hipotético ‘estado 51’ no constituye una excentricidad aislada del discurso trumpista, sino la expresión contemporánea de un nacionalismo estratégico que, bajo lógicas neorrealistas y excepcionalistas, busca reconfigurar las periferias hemisféricas como espacios funcionales a la seguridad energética y a la competencia geopolítica de Estados Unidos frente al ascenso de actores como China y Rusia. En un sistema internacional cada vez más fragmentado y multipolar, esta narrativa tensiona el principio clásico de soberanía westfaliana y revela cómo las potencias recurren nuevamente a imaginarios de absorción política, dependencia estructural y proyección hegemónica para preservar influencia en su esfera regional durante una etapa de transición del orden global.

Para demostrar esta tesis, el artículo se organiza en tres secciones analíticas precedidas de un marco teórico. La primera sección examina la dimensión energética y estratégica de Venezuela en el tablero hemisférico. La segunda analiza la propuesta como expresión del excepcionalismo estadounidense y el neorrealismo aplicado a la geopolítica del hemisferio. La tercera evalúa las implicaciones para el orden internacional westfaliano y la respuesta del sistema multilateral. Las conclusiones ofrecen una proyección estratégica del escenario regional.

II. Marco Teórico

La comprensión analítica de la propuesta trumpista requiere articular un conjunto de marcos teóricos que, tomados de forma aislada, resultarían insuficientes para dar cuenta de su complejidad. El presente análisis se apoya en cinco tradiciones intelectuales fundamentales de las relaciones internacionales y la geopolítica clásica.

En primer lugar, el neorrealismo estructural de Kenneth Waltz (1979) proporciona la base de interpretación. Waltz sostiene que el comportamiento de los Estados está determinado no por sus características internas, sino por la estructura anárquica del sistema internacional. En ausencia de una autoridad supranacional efectiva, los Estados maximizan su poder relativo y buscan preservar o mejorar su posición en la jerarquía sistémica. Bajo esta lectura, la presión de Washington sobre Venezuela responde a una lógica de equilibrio de poder frente al avance de China y Rusia en el hemisferio, no a impulsos ideológicos ni morales.

John Mearsheimer (2001), en su teoría del realismo ofensivo, complementa el enfoque de Waltz al argumentar que las grandes potencias no se conforman con el statu quo, sino que buscan activamente maximizar su poder hasta alcanzar la hegemonía regional. Para Mearsheimer, la hegemonía regional es una condición necesaria para la supervivencia en un sistema internacional anárquico. La lógica de excluir a China y Rusia del hemisferio occidental —expresada directamente por Trump cuando declaró haberles comunicado que ‘no los quiere allí’— encaja con precisión en esta categoría analítica (El Imparcial, 2026).

Robert Keohane y Joseph Nye (1977), desde la teoría de la interdependencia compleja, ofrecen un contrapunto importante: en sus términos, los regímenes internacionales y las instituciones multilaterales crean costos de salida que hacen prohibitiva la ruptura unilateral de los marcos normativos. La propuesta de Trump de convertir Venezuela en un estado de la Unión viola el derecho internacional, la Carta de la OEA y los principios de la ONU, lo que implica que, aunque sea retórica, genera fricciones con los regímenes de gobernanza global que Estados Unidos mismo contribuyó a construir en la posguerra.

La tercera tradición teórica relevante es la geopolítica clásica. Halford Mackinder (1904), en su formulación del ‘Heartland’, estableció que el control de los recursos terrestres y de los espacios estratégicos equivale al control del poder mundial. En el siglo XXI, esta lógica se ha trasladado a la geografía energética: quien controla las mayores reservas de petróleo del planeta adquiere una palanca decisiva sobre el sistema energético global. Con las mayores reservas de crudo comprobadas del mundo —estimadas en más de 300.000 millones de barriles— Venezuela representa exactamente el tipo de ‘área pivote’ que Mackinder habría identificado como objeto de competencia hegemónica.

Zbigniew Brzezinski (1997), en su análisis del ‘Gran Tablero de Ajedrez’, argumentó que el dominio de los recursos en las periferias del poder es condición sine qua non para la proyección hegemónica. Brzezinski identificó América Latina como zona de influencia históricamente subordinada a los intereses estadounidenses, cuya pérdida progresiva ante actores extra hemisféricos constituía una amenaza estratégica de primer orden. Su marco anticipa con notable precisión el dilema que enfrenta Washington ante la penetración económica china en la región.

Finalmente, la teoría de la securitización de Barry Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde (1998) resulta indispensable para entender la lógica discursiva de la propuesta. La securitización refiere al proceso mediante el cual un actor político presenta una cuestión como una amenaza existencial que justifica medidas de emergencia que trascienden el marco ordinario de las normas. La retórica trumpista sobre Venezuela —formulada en términos de narcotráfico, amenaza energética, influencia de actores hostiles y dependencia migratoria— constituye un acto securitizador que busca legitimar una política exterior coercitiva ante la opinión pública doméstica y la comunidad internacional.

III. Desarrollo Analítico

3.1 Venezuela como activo geopolítico: energía, recursos y disputa hemisférica

Para comprender por qué Venezuela ocupa un lugar central en el discurso estratégico de la administración Trump, es imprescindible partir de una premisa empírica incontrovertible: Venezuela posee las mayores reservas de crudo comprobadas del mundo. Esta realidad geológica convierte al territorio venezolano en un activo de primer orden en cualquier cálculo de seguridad energética global, particularmente en un contexto en que las tensiones sobre el suministro de hidrocarburos se han intensificado como consecuencia de la guerra en Ucrania, las sanciones cruzadas entre potencias y la reconfiguración de los flujos de comercio energético internacional.

El propio Trump, al hacer sus declaraciones a Fox News el 11 de mayo de 2026, situó este hecho en el centro de su propuesta al mencionar que en Venezuela ‘hay 40 billones de dólares en petróleo’. La formulación, aunque con imprecisiones sobre la naturaleza exacta del valor total de los yacimientos, evidencia que la racionalidad subyacente a la narrativa del ‘estado 51’ es esencialmente extractiva. No se trata de un proyecto político de integración territorial en sentido clásico, sino de una operación discursiva destinada a justificar niveles de influencia y control sobre los recursos venezolanos que equivaldrían, en términos funcionales, a una dependencia estructural similar a la de un Estado subordinado.

Esta lógica se inscribe en un patrón más amplio de la política exterior de la segunda administración Trump hacia Venezuela. Desde finales de 2025, Washington escaló sostenidamente su presencia militar en el Caribe sur bajo el pretexto declarado de combatir el narcotráfico y el ‘narcoterrorismo’, mientras paralelamente presionaba a Caracas para que redujera sus vínculos económicos con China, Rusia e Irán y priorizara a las empresas estadounidenses en el acceso al petróleo y los recursos mineros (Wikipedia, Intervención de EE.UU. en Venezuela, 2026). El Secretario de Interior Doug Burgum sintetizó esta estrategia con notable franqueza al señalar que uno de los principales objetivos de la administración es cortar el suministro de crudo barato que China obtiene de países aliados como Rusia, Irán y Venezuela (La Patilla, 2026).

La competencia con China constituye, en efecto, el hilo conductor que da coherencia estratégica a las acciones de Washington en Venezuela. El compromiso de Pekín en América Latina va mucho más allá de la compra de petróleo venezolano e incluye acuerdos de infraestructura y energía a lo largo del continente (Le Grand Continent, 2026). Para la administración Trump, esta penetración económica china en el hemisferio occidental —concebido históricamente como esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos— representa una amenaza de equilibrio de poder que justifica respuestas coercitivas. La retórica sobre Venezuela como eventual ‘estado 51’ funciona, en este contexto, como señal disuasoria dirigida tanto a Pekín como a Moscú: el hemisferio occidental pertenece a la órbita estadounidense y no admite competencia extrarregional.

El factor ruso añade otra dimensión al análisis. Venezuela ha sido, históricamente, un componente esencial de la estrategia financiera de Moscú: desde que el chavismo redujo la producción venezolana de 3,5 a 1 millón de barriles diarios, la salida de ese volumen del mercado internacional valorizó artificialmente las exportaciones de petróleo ruso, de las que depende aproximadamente el 40% del presupuesto federal de la Federación (Letras Libres, 2026). El restablecimiento del potencial productivo venezolano bajo control o influencia estadounidense representaría, por tanto, un doble golpe estratégico: fortalecer la seguridad energética de Washington mientras se erosiona la base financiera de Rusia en un momento en que el conflicto en Ucrania demanda recursos masivos.

3.2 El excepcionalismo estadounidense y el neorrealismo en acción: de la Doctrina Monroe al ‘estado 51’

La propuesta de convertir Venezuela en el estado 51 de la Unión no puede entenderse como un fenómeno aislado del discurso político trumpista. Responde a una tradición de larga data en la política exterior estadounidense que los académicos identifican como ‘excepcionalismo’ (exceptionalism): la convicción —arraigada desde los Padres Fundadores y consolidada a lo largo del siglo XIX con la Doctrina Monroe— de que Estados Unidos posee un mandato histórico y moral para ejercer tutela sobre el hemisferio occidental. Trump no ha hecho sino radicalizar esta tradición, eliminando los eufemismos multilateralistas que caracterizaron décadas de política exterior liberal y articulando abiertamente una lógica de dominación territorial.

El propio Trump reconoció en Mar-a-Lago que la Doctrina Monroe sigue siendo un referente, pero que su administración la ha ‘superado con creces’ (Le Grand Continent, 2026). Esta afirmación es analíticamente significativa: mientras la Doctrina Monroe original (1823) se limitaba a rechazar la intervención europea en el hemisferio americano, el corolario trumpista implica un papel activo de Estados Unidos en la determinación política, económica y eventualmente territorial de los países de la región. La diferencia entre la defensa pasiva de una esfera de influencia y la absorción activa de territorios soberanos es, precisamente, la que separa el imperialismo clásico del neo-imperialismo funcional que caracteriza la retórica del ‘estado 51’.

Esta escalada discursiva puede leerse, desde el neorrealismo de Mearsheimer, como una respuesta racional a la percepción de vulnerabilidad hegemónica. En la medida en que el orden liberal internacional —sustentado en el poder relativo de Estados Unidos durante la posguerra fría— muestra síntomas de erosión frente al ascenso multipolar, la potencia dominante recurre a estrategias de consolidación de su periferia inmediata. Perder Venezuela en el mapa del poder hemisférico significaría no solo ceder reservas energéticas a actores rivales, sino reconocer públicamente la incapacidad de Washington para mantener su esfera de influencia tradicional: un costo político y estratégico que ninguna administración estadounidense, independientemente de su orientación ideológica, estaría dispuesta a asumir.

El patrón expansionista se repite con coherencia a lo largo del segundo mandato de Trump: Groenlandia por sus recursos minerales y su posición ártica estratégica; el Canal de Panamá por su valor logístico en la proyección del poder naval; Canadá como apéndice integrado en la cadena de valor económica norteamericana; y Venezuela por su riqueza petrolera y su posición en el tablero geopolítico caribeño. Todos estos casos comparten la misma gramática retórica: la narrativa del ‘beneficio’ para la población local —Trump llegó a afirmar que los venezolanos ‘le aman’ y que ‘están bailando en las calles’— combinada con la formulación instrumental de los recursos nacionales como activos transferibles al sistema de seguridad estadounidense.

La securitización del discurso sobre Venezuela, en los términos de Buzan, Waever y de Wilde (1998), cumple una función doméstica fundamental: legitimar ante el electorado estadounidense medidas de política exterior que, analizadas bajo criterios de derecho internacional, resultarían claramente ilegales. El encuadre del narcotráfico venezolano como ‘narcoterrorismo’, la caracterización del régimen de Maduro como amenaza directa para la seguridad de ciudadanos estadounidenses, y la invocación de la dependencia energética como vulnerabilidad existencial construyen colectivamente un argumento de emergencia que, en la lógica securitizadora, justifica respuestas que trascienden el marco normativo ordinario.

No es accidental que la propuesta del ‘estado 51’ haya emergido el mismo día en que Delcy Rodríguez participaba en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en un caso relacionado con el diferendo territorial de Venezuela con Guyana sobre el Esequibo (Infobae, 2026). La simultaneidad sugiere una instrumentalización deliberada del momento diplomático venezolano: cuando el gobierno de Caracas intenta proyectarse como actor legítimo ante el sistema multilateral, Washington lanza una declaración que lo reencuadra como objeto de absorción territorial. Es una demostración de poder simbólico que busca neutralizar la legitimidad que Venezuela pretende construir en el escenario internacional.

3.3 Soberanía westfaliana, derecho internacional y el orden multilateral bajo presión

La propuesta de Trump de convertir Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos constituye una violación frontal del principio de soberanía territorial que constituye el fundamento del orden internacional moderno desde la Paz de Westfalia de 1648. La soberanía westfaliana —entendida como el principio que reconoce a cada Estado el derecho exclusivo de ejercer autoridad sobre su territorio sin interferencia externa— es el axioma sobre el que se construyeron el derecho internacional contemporáneo, la Carta de las Naciones Unidas (artículos 1 y 2) y la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

Desde el punto de vista jurídico-constitucional, la admisión de un nuevo estado en la Unión Americana requiere, conforme al Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos, tanto la aprobación del Congreso como el consentimiento expreso del territorio en cuestión. Ninguno de esos pasos está en curso (El Cronista, 2026). Pero más allá de las imposibilidades jurídicas domésticas, la propuesta enfrenta obstáculos de derecho internacional que la hacen estructuralmente inviable: la anexión de un Estado soberano sin el consentimiento de su población —expresado mediante mecanismos democráticos libremente ejercidos— equivale a una adquisición territorial por la fuerza, prohibida expresamente por la Carta de la ONU y condenada de forma consistente por la comunidad internacional desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la relevancia analítica de la propuesta no radica en su viabilidad jurídica, sino en lo que revela sobre la erosión normativa del orden internacional contemporáneo. En un sistema internacional en transición hacia la multipolaridad, las potencias dominantes —y en particular Estados Unidos bajo el liderazgo de Trump— han adoptado una postura crecientemente instrumental respecto al derecho internacional: se invocan sus normas cuando resultan funcionales a los propios intereses y se desestiman cuando obstruyen los objetivos de política exterior. Esta selectividad normativa socava la credibilidad de los regímenes multilaterales y reduce los costos percibidos de violación para otros actores estatales.

La respuesta venezolana ilustra esta tensión de forma elocuente. Delcy Rodríguez rechazó la propuesta de Trump con categórica invocación de la soberanía nacional —’Venezuela no es una colonia, sino un país libre’— mientras simultáneamente participaba en audiencias de la CIJ sobre el Esequibo (NTN24, 2026). La paradoja es reveladora: un gobierno cuya legitimidad democrática ha sido cuestionada internacionalmente se ampara en los principios del orden westfaliano para resistir la presión de la potencia dominante, mientras esa misma potencia, que históricamente ha sido el principal garante de ese orden, lo pone en entredicho con su retórica expansionista.

Esta dinámica no es exclusiva del caso venezolano. Se replica, con variantes, en el caso de Groenlandia frente a Dinamarca, en las presiones sobre Canadá, y en el reclamo del Canal de Panamá. Lo que emerge como patrón sistémico es una revisión unilateral, por parte de Estados Unidos, del marco normativo internacional que el propio país contribuyó a diseñar tras 1945. Esta revisión no se produce mediante reformas institucionales formales —lo que implicaría negociación multilateral— sino a través de la presión discursiva y coercitiva que convierte las normas existentes en variables dependientes de la voluntad de la potencia hegemónica.

Las implicaciones para el sistema multilateral son de largo alcance. Si la retórica de absorción territorial por parte de la potencia más poderosa del sistema no encuentra resistencia efectiva —más allá de las declaraciones verbales de rechazo— el umbral normativo que distingue el orden internacional del estado de naturaleza hobbesiano se reduce considerablemente. China y Rusia, que han sido acusados en otros contextos de violar la integridad territorial de sus vecinos —Taiwán, Ucrania— observan esta dinámica como un precedente que puede ser invocado retroactivamente para justificar sus propias ambiciones territoriales. El doble rasero normativo no debilita únicamente la credibilidad de Estados Unidos; debilita la arquitectura normativa que hace posible la coexistencia ordenada entre potencias.

En América Latina, el impacto es igualmente significativo. Actores regionales que hasta ahora habían mantenido posturas de relativa neutralidad —Brasil, Colombia, México— enfrentan una presión creciente para alinearse con Washington o pagar costos estratégicos. La propuesta del ‘estado 51’, aunque retórica en su formulación, envía una señal inequívoca sobre las intenciones de largo plazo de la administración Trump: el hemisferio occidental no es un espacio de soberanía múltiple y equitativa, sino una esfera de influencia jerárquica en la que Washington se reserva el derecho de redefinir unilateralmente el estatus político y territorial de sus vecinos.

IV. Conclusiones

La propuesta de Donald Trump de convertir Venezuela en el estado 51 de los Estados Unidos, formulada el 11 de mayo de 2026, valida en términos empíricos la tesis central de este artículo: no se trata de una excentricidad retórica, sino de la expresión articulada de un nacionalismo estratégico que opera bajo lógicas neorrealistas y excepcionalistas para reconfigurar las periferias hemisféricas como espacios funcionales a los intereses de seguridad energética y competencia geopolítica de Washington frente a China y Rusia.

El análisis desarrollado a lo largo de las tres secciones temáticas permite extraer cuatro conclusiones de naturaleza estratégica. En primer lugar, Venezuela ha pasado a ocupar el centro de la disputa entre potencias en el hemisferio occidental no por razones ideológicas o humanitarias, sino por la convergencia de sus reservas petroleras —las mayores del planeta— con su posición de alineamiento previo con el eje China-Rusia-Irán. La propuesta del ‘estado 51’ es la forma más extrema —y simbólicamente más contundente— de comunicar que Washington reclama soberanía funcional sobre ese activo estratégico.

En segundo lugar, la retórica expansionista de Trump opera como instrumento de securitización doméstica que legitima políticas exteriores coercitivas ante la opinión pública estadounidense, al mismo tiempo que envía señales disuasorias a los competidores extrarregionales. La mención explícita del petróleo venezolano como justificación de la propuesta elimina cualquier ambigüedad sobre la naturaleza instrumental del discurso: no hay en él componente democrático ni humanitario; hay una racionalidad energético-estratégica expresada sin los eufemismos que caracterizaron décadas de política exterior liberal.

En tercer lugar, la propuesta erosiona de forma significativa el principio de soberanía westfaliana y la credibilidad del sistema normativo internacional. Al producirse en el contexto de una potencia que fue arquitecta del orden liberal de posguerra, el desafío a las normas de integridad territorial tiene consecuencias sistémicas que trascienden el caso venezolano: establece un precedente de relativismo normativo que otros actores estatales —comenzando por China y Rusia— pueden invocar para justificar sus propias ambiciones territoriales.

En cuarto lugar, el escenario regional para América Latina se torna estructuralmente más complejo. La señalización de que el hemisferio occidental es una esfera de influencia jerárquica reduce el espacio de maniobra de los actores regionales que han buscado diversificar sus alianzas internacionales. La propuesta del ‘estado 51’ puede leerse, en clave estratégica, como el umbral más alto de una gradación de presiones que incluye sanciones, presencia militar, presión migratoria y condicionamiento de acceso a mercados: un repertorio coercitivo que Washington está dispuesto a desplegar para preservar su posición hegemónica en una etapa de transición del orden global.

La proyección estratégica de mediano plazo apunta a un escenario en el que la tensión entre la lógica hegemónica estadounidense y los principios del orden multilateral se intensificará antes de encontrar un nuevo punto de equilibrio. Venezuela —con independencia de la resolución de su crisis política interna— continuará siendo un nodo central de esa disputa, en la medida en que sus reservas energéticas la convierten en un activo irreemplazable para cualquier potencia que aspire a definir los términos de la transición energética global. La pregunta que el análisis deja abierta no es si Estados Unidos logrará ejercer control sobre Venezuela —lo que depende de variables políticas, militares y diplomáticas de alta incertidumbre— sino si, en el proceso de intentarlo, contribuirá a acelerar la fragmentación del mismo orden internacional que le confirió la hegemonía que ahora busca preservar.

Referencias

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La pregunta sobre qué hace legítimo a un gobierno es tan antigua como la política misma, pero adquiere una dimensión particularmente aguda cuando se examina desde fuera del canon liberal occidental. El sistema internacional contemporáneo reposa sobre supuestos que rara vez se cuestionan: que el Estado-nación es la forma política natural, que la soberanía se ejerce sobre un territorio delimitado, y que la legitimidad proviene de procedimientos —elecciones, constituciones, tratados— más que de fundamentos trascendentes. El islam político, en sus múltiples expresiones históricas y contemporáneas, desafía esos supuestos de raíz.

Este artículo sostiene que el islam político no puede comprenderse únicamente como una desviación o anomalía del modelo estatal westfaliano, sino como una forma alternativa de construcción de legitimidad donde la autoridad se disputa entre lo divino, lo dinástico y lo territorial. Esa disputa, lejos de ser residual, desafía los supuestos centrales del realismo clásico y del institucionalismo liberal sobre soberanía y monopolio del poder. Desde una lectura inspirada en el constructivismo de las Relaciones Internacionales, estructuras como el emirato, el sultanato o el califato evidencian que la legitimidad no es un dato fijo o natural, sino una producción social activa y estratégicamente instrumentalizada, especialmente en contextos de fragmentación del orden internacional.

La relevancia de este análisis trasciende el campo académico. En la coyuntura actual —marcada por la erosión de la hegemonía norteamericana, el ascenso de potencias revisionistas y la proliferación de actores no estatales— las formas políticas islámicas no representan vestigios del pasado que la modernización terminará por disolver. Son, por el contrario, expresiones activas de competencia por autoridad en un sistema internacional cada vez más multipolar y normativamente disputado. Ignorarlas o reducirlas a fenómenos de seguridad es un error analítico de primer orden.

El artículo se organiza en cuatro movimientos argumentativos. En primer lugar, establece el marco teórico desde el que se interpreta el problema, convocando a pensadores que han abordado la legitimidad, la soberanía y el orden político desde distintas tradiciones disciplinares. A continuación, desarrolla tres secciones analíticas que examinan, respectivamente: las estructuras históricas de poder en el islam político y sus lógicas de legitimación; la tensión entre esas estructuras y el orden estatal westfaliano; y los modos en que actores contemporáneos instrumentalizan la legitimidad islámica en disputas geopolíticas actuales. El artículo concluye con una proyección estratégica que vincula la tesis central con los debates actuales sobre el orden internacional en transición.

MARCO TEÓRICO

El andamiaje conceptual de este artículo requiere dialogar con tradiciones teóricas que han abordado, desde ángulos distintos, el problema de la legitimidad política y su relación con el orden internacional. Cinco autores resultan particularmente relevantes para construir ese diálogo.

Max Weber y los tipos de dominación legítima

El sociólogo alemán Max Weber ofrece el punto de partida conceptual más influyente para cualquier análisis de la legitimidad política. En Economía y sociedad (1922), Weber distingue tres tipos ideales de dominación legítima: la tradicional, basada en la santidad de las tradiciones y en la autoridad de quienes las encarnan; la carismática, fundada en la devoción hacia las cualidades extraordinarias de un líder; y la racional-legal, sustentada en normas abstractas e impersonales. El islam político, en sus variantes históricas y contemporáneas, moviliza simultáneamente los tres tipos: la referencia a la tradición profética (sunna), el carisma del líder religioso (ulema, imán, emir) y, en algunos casos, una legalidad codificada en la sharia. Esta superposición de tipos no es una incoherencia, sino una fuente deliberada de flexibilidad legitimatoria que el análisis weberiano permite identificar con precisión.

Alexander Wendt y el constructivismo en Relaciones Internacionales

El constructivismo de Alexander Wendt, desarrollado sistemáticamente en Social Theory of International Politics (1999), es el principal referente teórico de este artículo. Wendt argumenta que las estructuras del sistema internacional —incluyendo la anarquía, la soberanía y el balance de poder— no son datos materiales objetivos, sino construcciones sociales constituidas por las identidades, normas e interacciones de los actores. Aplicado al islam político, este enfoque permite comprender que el califato, el emirato o el sultanato no son simplemente formas de gobierno arcaicas: son estructuras de significado social que producen identidades colectivas y expectativas de legitimidad. Cuando el Estado Islámico proclamó un califato en 2014, no realizó un acto administrativo, sino un acto realizativo que intentaba reconfigurar el campo de la legitimidad política para millones de personas. Wendt proporciona las herramientas para analizar esa dimensión constitutiva del poder.

Hedley Bull y la sociedad internacional

El pensador australiano Hedley Bull, en The Anarchical Society (1977), introduce la distinción entre sistema internacional y sociedad internacional. Un sistema existe cuando los estados tienen suficiente contacto para afectar sus cálculos; una sociedad, cuando además comparten valores, reglas e instituciones comunes. Bull argumenta que la sociedad internacional westfaliana reposa sobre normas como la soberanía, la no intervención y el equilibrio de poder, pero reconoce que esas normas son históricamente contingentes y pueden ser contestadas. El islam político representa precisamente esa contestación: propone normas alternativas de legitimidad —la umma (comunidad de creyentes) como sujeto político primario, la sharia como fuente del derecho, el imam como autoridad legítima— que chocan con las normas westfalianas. Bull también anticipó la posibilidad de lo que denominó «desafíos a los estándares de civilización», es decir, impugnaciones normativas al orden occidental que se articulan desde lógicas culturales diferentes.

Wael Hallaq y la incompatibilidad estructural entre el Estado moderno y el islam

El académico palestino-canadiense Wael Hallaq ofrece en The Impossible State (2013) uno de los análisis más rigurosos y controvertidos sobre la relación entre el Estado moderno y el islam político. Hallaq sostiene que el Estado moderno —con su monopolio de la violencia, su burocracia y su separación entre lo público y lo privado— es estructuralmente incompatible con los fundamentos del gobierno islámico clásico, porque el Estado moderno requiere soberanía absoluta que, en el islam, pertenece solo a Dios (hakimiyya). Esta tesis no debe leerse como una prescripción política, sino como un análisis estructural que ilumina por qué los proyectos de islamización del Estado —desde la revolución iraní hasta los experimentos constitucionales en Túnez o Egipto— enfrentan tensiones internas irresolubles. Hallaq permite entender que el problema no es político sino epistemológico: dos concepciones radicalmente distintas de dónde reside la autoridad suprema.

Olivier Roy y el fracaso del islam político

El politólogo francés Olivier Roy, en The Failure of Political Islam (1994) y obras posteriores, ofrece una lectura más empírica y crítica. Roy argumenta que el islam político ha fracasado como proyecto de transformación estatal porque, cuando llega al poder, se ve obligado a adoptar las lógicas del Estado-nación, la burocracia y la geopolítica, perdiendo su carácter revolucionario. Sin embargo, Roy también identifica un proceso de «neofundamentalismo» que abandona el proyecto estatal y se concentra en la pureza individual y comunitaria, con consecuencias transnacionales. Esta tesis aporta al análisis una tensión productiva: si bien las formas islámicas de gobierno no logran sustituir al Estado-nación, tampoco desaparecen —se transforman, se adaptan y en ocasiones se fortalecen precisamente a través de ese proceso de adaptación. Roy obliga a distinguir entre el islam político como proyecto de toma del Estado y como forma de producción de legitimidad alternativa.

La confluencia de estos cinco marcos teóricos permite construir una perspectiva analítica que supera tanto el reduccionismo culturalista —que interpreta el islam político como simple atavismo religioso— como el reduccionismo realista —que lo reduce a cálculo de poder material—. La legitimidad, en este enfoque, es una variable socialmente construida, históricamente contingente y estratégicamente disponible.

DESARROLLO ANALÍTICO

Estructuras históricas de poder en el islam político: califato, emirato y sultanato como gramáticas de legitimidad

Para comprender el islam político en el presente, es indispensable examinar las estructuras históricas de autoridad que le dan forma y contenido. Tres conceptos articulan esa gramática de la legitimidad: el califato (khilafa), el emirato (imara) y el sultanato (saltana). Estos no son simplemente nombres de regímenes pasados, sino formas de organización política con lógicas internas distintas y con diferentes modos de relacionarse con la religión, el territorio y la comunidad.

El califato —del árabe khalifa, «sucesor» o «vicario»— designó históricamente la institución que gobernó la comunidad islámica tras la muerte del Profeta Muhammad en el año 632. Su lógica de legitimidad es religiosa, universal y comunitaria: el califa gobierna como representante de la autoridad divina sobre la totalidad de la umma, con independencia de fronteras territoriales. El califato omeya (661-750) y el abasí (750-1258) constituyeron en su momento uno de los sistemas políticos más sofisticados del mundo medieval, integrando tradiciones persas, griegas y árabes en una síntesis imperial de enorme alcance. La caída del califato abasí ante los mongoles en 1258 no eliminó el concepto sino que lo volvió latente, disponible para instrumentalizaciones posteriores. La abolición formal del califato otomano por Mustafa Kemal Atatürk en 1924 —acto que Hallaq (2013) considera el momento fundacional de la crisis de legitimidad del mundo islámico moderno— generó un vacío que ninguna institución ha podido llenar definitivamente, y que diversos actores continúan intentando ocupar.

El emirato (imara) designa una forma de gobierno más acotada, territorial y pragmática. El emir —literalmente «el que ordena»— es un líder político-militar cuya autoridad puede derivar del mandato del califa, de la conquista o de la fuerza, y que gobierna sobre un territorio específico. Su legitimidad combina elementos religiosos con dinásticos y militares, lo que lo convierte en una estructura más flexible y adaptable que el califato. El Emirato de Afganistán bajo los talibanes —tanto en su primera versión (1996-2001) como en la actual (2021-presente)— es el ejemplo contemporáneo más elocuente. Los talibanes no reclaman la autoridad universal del califato, sino la gobernanza de un territorio específico bajo principios islámicos, lo que les permite negociar con actores estatales sin abandonar su marco de legitimidad propia.

El sultanato, por su parte, representa la forma más secularizada de las tres en su lógica operativa, aunque no en su retórica. El sultán —título que significa «el que tiene poder»— gobierna con autoridad delegada o autónoma, frecuentemente dinástica, sobre un territorio, y su vínculo con la religión es instrumental antes que constitutivo. El sultanato otomano, que coexistió con el califato durante siglos antes de fusionarse con él formalmente en el siglo XVI, es el modelo más elaborado. En el contexto contemporáneo, monarquías como la de Arabia Saudí o Marruecos heredan elementos de esta lógica sultanística: la religión es fuente de legitimidad, pero el poder se ejerce con lógicas dinásticas y territoriales que se corresponden más con el Estado-nación moderno.

Lo que une estas tres estructuras, más allá de sus diferencias, es una gramática común de legitimidad: la autoridad no emana del pueblo ni de procedimientos electorales, sino de una combinación de mandato divino, ascendencia genealógica y capacidad de proteger y ampliar la comunidad de creyentes. Esta gramática es radicalmente distinta a la que fundamenta la legitimidad en los sistemas liberales democráticos, y es precisamente esa diferencia lo que hace al islam político un desafío analítico, no solo político, para las teorías dominantes de las Relaciones Internacionales.

Islam político y soberanía westfaliana: una tensión constitutiva, no residual

La Paz de Westfalia (1648) es invocada convencionalmente como el momento fundacional del sistema de estados soberanos: territorios delimitados, con gobierno exclusivo hacia adentro y no intervención desde afuera. Aunque la historiografía reciente ha cuestionado el grado en que ese momento fue realmente fundacional —Benno Teschke (2003) ha demostrado que el sistema moderno de estados emergió de procesos más lentos y complejos— la narrativa westfaliana sigue siendo el referente normativo dominante del derecho y la política internacionales. Es en relación con ese referente donde el islam político adquiere su carácter desafiante.

La tensión entre el islam político y la soberanía westfaliana tiene al menos cuatro dimensiones. La primera es territorial: el islam clásico no reconoce la legitimidad intrínseca de las fronteras trazadas por potencias coloniales. La división del mundo árabe según los Acuerdos Sykes-Picot (1916) entre Francia y Gran Bretaña —que dio lugar a las fronteras de Siria, Iraq, Líbano y Palestina— es percibida por múltiples corrientes del islam político como un acto de mutilación artificial de la umma. Esta percepción tiene consecuencias políticas concretas: justifica la impugnación de fronteras y la reivindicación de unidades políticas transfronterizas.

La segunda dimensión es normativa: el islam político propone la sharia —el conjunto de normas derivadas del Corán, la sunna y la jurisprudencia islámica— como fuente suprema del derecho, por encima del derecho positivo estatal y del derecho internacional convencional. Esta posición no es uniforme —hay diferencias profundas entre, por ejemplo, la visión del Partido de la Justicia y el Desarrollo turco (AKP) y la del Estado Islámico—, pero establece una tensión estructural con el principio de soberanía legislativa del Estado.

La tercera dimensión es la de la lealtad política: el islam político, en su versión más radical, propone que la lealtad primaria del creyente es hacia la umma, no hacia el Estado nacional. Esto crea lo que el politólogo francés Gilles Kepel (2004) llama el «problema de la ciudadanía dividida»: ciudadanos de estados nacionales cuya identificación primaria es transnacional y religiosa. Esta tensión no es exclusiva del islam —el catolicismo tuvo tensiones similares con los estados nacionales europeos durante siglos— pero en el contexto actual adquiere una intensidad particular dada la existencia de comunidades musulmanas en contextos de conflicto prolongado.

La cuarta dimensión es epistemológica, y en ella la contribución de Hallaq (2013) es particularmente valiosa: el Estado moderno no solo tiene estructuras diferentes a las del gobierno islámico clásico, sino que descansa sobre una concepción del conocimiento, la moral y la política radicalmente distinta. El Estado moderno es secular en el sentido de que sus procedimientos de legitimación no remiten a una autoridad trascendente; el islam político, en cambio, hace de la trascendencia el fundamento de toda autoridad. Esta diferencia no es superable mediante reformas institucionales parciales, lo que explica las dificultades recurrentes de los proyectos de islamización del Estado para producir sistemas políticos estables.

Ahora bien, sería un error interpretar esta tensión como simplemente conflictiva o negativa. Desde la perspectiva constructivista de Wendt (1999), las normas internacionales no son fijas sino disputadas, y los actores que las disputan contribuyen a redefinirlas. El islam político, al impugnar las normas westfalianas, no solo genera conflicto: también produce innovación normativa, obliga a repensar supuestos naturalizados y, en ocasiones, genera formas híbridas de gobernanza que combinan elementos islámicos y estatales. La República Islámica de Irán, con su doctrina del velayat-e faqih (gobierno del jurisconsulto), es el ejemplo más elaborado de esa hibridación: un Estado-nación soberano, con presidencia, parlamento y fuerzas armadas convencionales, pero con una capa de legitimidad religiosa que prima sobre todas las instituciones.

Instrumentalización contemporánea: geopolítica, fragmentación y competencia por la autoridad

El análisis histórico y teórico adquiere plena relevancia cuando se conecta con la coyuntura actual. En el período que se extiende desde la invasión de Iraq en 2003 hasta el presente, el islam político ha experimentado transformaciones profundas que solo pueden entenderse si se toman en serio las lógicas de legitimidad aquí examinadas.

El primer proceso relevante es la fragmentación del orden árabe. La combinación de la invasión de Iraq, la Primavera Árabe (2010-2012) y sus consecuencias creó un espacio de descomposición estatal sin precedentes en la región. Siria, Libia, Yemen e Iraq se convirtieron en arenas de competencia entre actores estatales y no estatales, donde la legitimidad estatal convencional colapsó y dejó espacio a formas alternativas de autoridad. En ese contexto, el islam político no fue la causa del colapso estatal, sino uno de los principales competidores en la disputa por llenarlo. El Estado Islámico (ISIS/Daesh), que proclamó un califato sobre territorios de Siria e Iraq entre 2014 y 2019, es el caso más extremo y analíticamente más instructivo.

La proclamación del califato por Abu Bakr al-Baghdadi en junio de 2014 no fue un acto impulsivo: fue una maniobra deliberada de producción de legitimidad. Como han documentado investigadores como Cole Bunzel (2015) en sus estudios sobre la ideología yihadista, la proclamación intentaba cumplir los requisitos teológicos e históricos del califato —territorio controlado, imam reconocido, comunidad de creyentes— para generar una obligación religiosa de baya (juramento de lealtad) en los musulmanes en todo el mundo. Su relativo éxito durante varios años —decenas de miles de combatientes de más de ochenta países— no puede explicarse sin tomar en serio la potencia movilizadora de esa gramática de legitimidad. Su fracaso militar, por otra parte, confirma la tesis de Roy (1994): cuando el islam político intenta gobernar efectivamente un territorio, choca con las realidades logísticas, económicas y militares del poder convencional.

El segundo proceso relevante es la utilización geopolítica del islam político por actores estatales. Arabia Saudí y Turquía son los casos más elocuentes, aunque con lógicas muy distintas. Arabia Saudí ha exportado el wahhabismo —una interpretación rigorista del islam sunita— como instrumento de influencia regional y de legitimación de su propia monarquía desde la década de 1970, intensificando esa política tras la revolución iraní de 1979 como contrapeso al islam chií (Lacroix, 2011). Turquía, bajo el gobierno del AKP desde 2002, ha desarrollado lo que algunos analistas llaman «neo-otomanismo»: una política exterior que combina la identidad islámica con la herencia imperial otomana para proyectar influencia en el espacio árabe, los Balcanes y Asia Central. En ambos casos, el islam no es simplemente el fundamento cultural del régimen, sino un instrumento activo de competencia geopolítica.

Irán, por su parte, ha construido lo que Vali Nasr (2006) denomina una «potencia chií», utilizando la legitimidad religiosa como base para una red de actores no estatales —Hezbollah en el Líbano, las milicias populares en Iraq, los hutíes en Yemen— que amplían su influencia sin los costos de la intervención militar convencional. Esta estrategia hace del islam político un componente central de la proyección de poder iraní, y convierte la competencia sunní-chií en una dimensión de la rivalidad geopolítica en Oriente Medio.

El tercer proceso relevante es la digitalización de la umma. Las redes sociales y las plataformas digitales han transformado profundamente la producción y circulación de legitimidad en el islam político. Si el califato clásico requería territorio físico, ejércitos y una capital, los movimientos islámicos contemporáneos pueden producir comunidad, identidad y autoridad a través de plataformas digitales sin territorio propio. Esto no elimina la relevancia del control territorial —el colapso del Estado Islámico fue en gran medida territorial— pero crea una capa de legitimidad transnacional que es estructuralmente difícil de neutralizar militarmente. Esta dimensión es particularmente relevante para la segunda y tercera generación de migrantes musulmanes en Europa occidental, cuya identidad islámica se construye en tensión con las identidades nacionales de sus países de residencia.

La confluencia de estos tres procesos —fragmentación estatal, instrumentalización geopolítica y digitalización de la umma— configura un escenario en el que el islam político no está en declive sino en transformación. Sus formas más violentas han sufrido derrotas militares importantes, pero sus lógicas de legitimidad permanecen activas y disponibles para nuevas instrumentalizaciones. Comprender esas lógicas con rigor analítico es, en este contexto, no solo un ejercicio académico sino una necesidad estratégica.

CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA

Este artículo ha argumentado que el islam político constituye una forma alternativa de construcción de legitimidad, cuya comprensión requiere ir más allá de los marcos dominantes del realismo clásico y del institucionalismo liberal. La tesis central —que la legitimidad en estas formas políticas no es fija sino socialmente producida y estratégicamente instrumentalizada— ha sido demostrada a través de tres movimientos argumentativos.

Primero, el análisis histórico de las estructuras del califato, el emirato y el sultanato reveló que estas no son meros residuos medievales sino gramáticas de legitimidad coherentes, con lógicas internas distintas y con una capacidad de adaptación que el análisis realista convencional subestima. Segundo, el examen de la tensión entre esas estructuras y el orden westfaliano mostró que dicha tensión es constitutiva, no accidental: reposa en diferencias profundas sobre el fundamento de la autoridad, la fuente del derecho y el sujeto de la lealtad política. Tercero, el análisis de la coyuntura contemporánea evidenció que actores tan distintos como el Estado Islámico, Arabia Saudí, Turquía e Irán utilizan activamente esas gramáticas de legitimidad como instrumentos de competencia geopolítica, con resultados variables pero de alcance sistémico.

¿Qué nos dice este análisis sobre el orden internacional en transición? La respuesta directa a la tesis es que el islam político no representa una anomalía del sistema internacional sino uno de sus desafíos normativos más persistentes y, en ciertos contextos, más poderosos. En un orden internacional crecientemente multipolar —donde la hegemonía norteamericana erosiona, donde China y Rusia proponen visiones alternativas del orden, y donde los Estados del Sur Global reivindican mayor autonomía normativa—, la competencia entre concepciones de legitimidad se intensifica. El islam político es uno de los actores de esa competencia, pero no el único ni, en muchos contextos, el más decisivo.

La proyección estratégica que se deriva de este análisis tiene varias implicaciones. Para los actores estatales occidentales, la consecuencia más inmediata es la necesidad de abandonar el marco puramente securitario —que reduce el islam político a una amenaza terrorista— y adoptar un enfoque que incluya la dimensión de legitimidad. Las políticas que ignoran la demanda de reconocimiento que subyace al islam político —la demanda de ser gobernados según principios que se consideran propios y no impuestos— tienen una eficacia limitada y frecuentemente contraproducente. El caso afgano, donde veinte años de intervención occidental no lograron consolidar un modelo de legitimidad alternativo al talibán, es el ejemplo más elocuente.

Para los actores no occidentales, incluyendo a las propias sociedades de mayoría musulmana, el análisis apunta hacia una tensión aún no resuelta: la entre la aspiración a formas de gobierno islámicas y los requerimientos funcionales del Estado moderno en materia de administración, desarrollo económico y participación en el sistema internacional. Esa tensión, que Hallaq (2013) identifica como estructural e irresoluble, puede también entenderse —desde una perspectiva constructivista— como una contradicción productiva que genera formas híbridas innovadoras. La experiencia tunecina entre 2011 y 2021, con el partido Ennahda participando en un sistema democrático constitucional, fue un experimento en esa hibridación, aunque su interrupción por el golpe blando del presidente Kais Saied en 2021 evidenció también sus fragilidades.

En última instancia, el mayor aporte analítico de este artículo es también su conclusión más estratégicamente relevante: la legitimidad no es un dato dado, sino una construcción social que puede ser producida, disputada y transformada. En el islam político, esa construcción no ha terminado. Los actores que compiten por definirla —desde movimientos armados transnacionales hasta partidos políticos que participan en elecciones— están moldeando, en sus respectivos contextos, la arquitectura del orden político en vastas regiones del mundo. Comprenderlos con rigor, sin reduccionismos ni romantizaciones, es una precondición para cualquier política exterior, estrategia de seguridad o proyecto de paz que aspire a ser efectivo en el siglo XXI.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Bull, H. (1977). The anarchical society: A study of order in world politics. Columbia University Press.

Bunzel, C. (2015). From paper state to caliphate: The ideology of the Islamic State. The Brookings Institution, Center for Universal Education. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/The-Ideology-of-the-Islamic-State.pdf

Hallaq, W. B. (2013). The impossible state: Islam, politics, and modernity’s moral predicament. Columbia University Press.

Kepel, G. (2004). The war for Muslim minds: Islam and the West (P. Ghazaleh, Trad.). Harvard University Press.

Lacroix, S. (2011). Awakening Islam: The politics of religious dissent in contemporary Saudi Arabia (G. Holoch, Trad.). Harvard University Press.

Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W. W. Norton & Company.

Roy, O. (1994). The failure of political Islam (C. Volk, Trad.). Harvard University Press.

Teschke, B. (2003). The myth of 1648: Class, geopolitics, and the making of modern international relations. Verso Books.

Weber, M. (1922/1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.

Wendt, A. (1999). Social theory of international politics. Cambridge University Press.

Resumen

El presente artículo examina los límites estructurales que enfrenta la República Popular China en su aspiración de internacionalizar el renminbi (RMB) y, en última instancia, desafiar la primacía del dólar estadounidense en el sistema monetario internacional. La tesis central sostiene que la eventual sustitución del dólar no constituye un relevo inminente, sino que revela una paradoja estructural: en el orden internacional contemporáneo, el poder monetario no se conquista sin asumir las vulnerabilidades que lo sostienen. Desde una perspectiva que articula el realismo estructural y la economía política internacional —con especial referencia a Susan Strange, Robert Gilpin y John Mearsheimer—, el artículo argumenta que Pekín enfrenta un dilema estratégico de primer orden: la internacionalización del RMB exige apertura financiera, flexibilización del control estatal y provisión de bienes públicos globales, condiciones que tensionan los pilares del modelo político-económico chino. En un sistema aún dominado por la inercia institucional y la dependencia de red del dólar, China no solo carece de incentivos plenos para reemplazarlo, sino que su propio ascenso —paradójicamente— refuerza, al menos en el corto y mediano plazo, la persistencia de un orden que limita su liderazgo monetario.

Palabras clave: desdolarización, renminbi, sistema monetario internacional, hegemonía financiera, paradoja del poder monetario, economía política internacional, China.

I. Introducción

El orden monetario internacional raramente muta por decreto. Su transformación es, casi siempre, el producto de fricciones acumuladas, crisis sistémicas y reajustes de poder que se sedimentan a lo largo de décadas. La hegemonía del dólar estadounidense —consolidada institucionalmente en Bretton Woods en 1944 y reafirmada, de facto, tras el colapso del patrón oro en 1971— ha resistido desafíos de distinta naturaleza: el marco alemán, el yen japonés, el euro, y, más recientemente, el renminbi chino. Cada uno de estos candidatos ha prometido, en algún momento, una redistribución del poder monetario global. Ninguno ha logrado, hasta ahora, erosionar de manera sustantiva la posición del dólar como divisa de reserva, unidad de denominación del comercio internacional y medio de liquidación financiera de última instancia.

El ascenso económico de China en las últimas cuatro décadas ha renovado este debate con una intensidad sin precedentes. Con una participación creciente en el comercio mundial, reservas de divisas por encima de los tres billones de dólares (Banco Mundial, 2024) y una influencia geopolítica en expansión —materializada en iniciativas como el Cinturón y la Ruta (Belt and Road Initiative) y la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) —, la República Popular China reúne condiciones objetivas para aspirar a un rol monetario más prominente. La geopolítica del conflicto en Ucrania y las sanciones financieras impuestas a Rusia desde 2022 han añadido urgencia al interrogante: ¿puede el renminbi convertirse en una alternativa creíble al dólar?

Este artículo responde a esa pregunta desde una perspectiva crítica y estructural. La tesis que se defiende es que, lejos de constituir un relevo inminente, la eventual sustitución del dólar revela una paradoja estructural: en el sistema internacional contemporáneo, el poder monetario no se conquista sin asumir las vulnerabilidades que lo sostienen. Desde una lectura que combina el realismo estructural (Waltz, Mearsheimer) con la economía política internacional (Strange, Gilpin, Cohen), el artículo sostiene que China enfrenta un dilema estratégico fundamental: internacionalizar el RMB exige abrir la cuenta de capital, flexibilizar el control estatal sobre el sistema financiero y proveer bienes públicos globales en la forma de liquidez, estabilidad y orden institucional. Cada una de estas condiciones tensiona los pilares del modelo político-económico que ha sustentado el crecimiento chino y, más aún, la legitimidad del Partido Comunista como rector del proceso de desarrollo.

El argumento se despliega en tres ejes analíticos. En primer lugar, se examina el marco teórico que permite conceptualizar el poder monetario como una categoría de análisis geopolítico. En segundo lugar, se analizan las condiciones estructurales del sistema monetario internacional que operan como barreras a la sustitución del dólar: la inercia institucional, la dependencia de red y la asimetría en la provisión de activos seguros. En tercer lugar, se explora el dilema chino en sus dimensiones financiera, política e internacional, con especial atención a las tensiones que genera la apertura financiera para el modelo de Estado desarrollista. Las conclusiones retoman la tesis central y proyectan escenarios estratégicos para el mediano y largo plazo.

II. El Poder Monetario como Categoría Geopolítica

La comprensión del poder monetario como dimensión autónoma del poder internacional requiere un andamiaje teórico que trascienda tanto el economicismo puro como el reduccionismo geopolítico. La economía política internacional (EPI), entendida como campo de estudio que articula las lógicas del poder estatal y del mercado global, ofrece las herramientas conceptuales más adecuadas para abordar esta problemática.

El punto de partida ineludible es la obra de Susan Strange (1971, 1987, 1988). En su concepto de poder estructural —entendido como la capacidad de definir las reglas del juego económico internacional—, Strange identificó cuatro dimensiones fundamentales: producción, finanzas, seguridad y conocimiento. De estas, la dimensión financiera ocupa un lugar privilegiado, pues quien controla el crédito internacional controla, en última instancia, las condiciones de acceso a los recursos globales. El dólar, en esta lectura, no es simplemente la moneda de un Estado-nación poderoso; es el soporte material de una estructura de poder que permite a los Estados Unidos extraer rentas sistémicas —lo que Valéry Giscard d’Estaing denominó el “privilegio exorbitante”— y financiar déficits fiscales y de cuenta corriente que serían insostenibles para cualquier otro actor (Strange, 1988).

Robert Gilpin (1987) complementa este enfoque desde la perspectiva de la estabilidad hegemónica. Para Gilpin, el orden económico liberal requiere de un hegemón dispuesto a proveer bienes públicos globales: apertura de mercados, estabilidad monetaria y seguridad colectiva. La hegemonía monetaria del dólar no es, en este sentido, un accidente histórico, sino el resultado de una elección estratégica sostenida por la potencia dominante. Sin embargo, Gilpin también advierte sobre los costos de la hegemonía: la provisión de bienes públicos globales erosiona progresivamente la base industrial y financiera del hegemón, generando las condiciones para su declive relativo.

Desde el realismo estructural, Kenneth Waltz (1979) y John Mearsheimer (2001) ofrecen una lectura complementaria. Para Waltz, la distribución de capacidades materiales en el sistema internacional determina los incentivos de los Estados; en un sistema bipolar o unipolar, la moneda del Estado dominante tenderá a funcionar como divisa internacional por defecto, dada la asimetría de poder subyacente. Mearsheimer, por su parte, subraya que los Estados maximizadores de poder tienen incentivos para controlar los instrumentos financieros internacionales, pues estos amplían su capacidad de coerción y sanción. El sistema SWIFT y las sanciones financieras aplicadas a Irán, Venezuela y Rusia ilustran esta dimensión coercitiva del poder monetario.

Benjamin J. Cohen (2004, 2015) introduce el concepto de “pirámide de divisas” para describir la jerarquía del sistema monetario internacional. En la cúspide se sitúa el dólar; en los estratos intermedios, monedas como el euro, la libra esterlina y el yen; en la base, las divisas de menor circulación internacional. Esta estructura jerárquica no es estática, pero su transformación requiere superar lo que Cohen denomina la “inercia de red”: las externalidades positivas que genera el uso generalizado de una moneda hacen que los agentes económicos —Estados, empresas, inversores— tengan incentivos para continuar utilizando la divisa dominante incluso cuando las condiciones de poder subyacentes han cambiado. Esta inercia explica por qué la libra esterlina mantuvo un rol relevante durante décadas después del declive hegemónico del Reino Unido.

Finalmente, Barry Eichengreen (2011) aporta una perspectiva histórica esencial. En su análisis del sistema monetario internacional, Eichengreen documenta que las transiciones hegemónicas monetarias son procesos de larga duración —típicamente de varias décadas— y que requieren, de manera casi invariable, la confluencia de tres factores: tamaño económico, profundidad y apertura del mercado financiero, y estabilidad institucional. La ausencia de cualquiera de estos factores —como ocurrió con el marco alemán y el yen japonés en los años ochenta y noventa— impide la consolidación de una divisa como reserva internacional de primer orden.

III. Desarrollo Analítico

3.1 La Arquitectura de la Dependencia: Por Qué el Dólar Persiste

La primacía del dólar en el sistema monetario internacional no descansa exclusivamente en el poder militar o económico de los Estados Unidos, aunque ambos factores contribuyen de manera significativa a sostenerla. Su persistencia responde, en mayor medida, a una lógica de dependencia de trayectoria (path dependence) que hace prohibitivamente costosa la transición hacia cualquier alternativa, independientemente de los deseos de los actores involucrados.

La denominación del comercio internacional de materias primas —petróleo, gas, minerales, cereales— en dólares constituye el primer eslabón de esta cadena de dependencia. Desde los acuerdos entre los Estados Unidos y Arabia Saudita en la década de 1970, que establecieron la denominación del petróleo en dólares a cambio de garantías de seguridad, el “petrodólar” ha funcionado como ancla estructural de la demanda global de la moneda estadounidense (Spiro, 1999). Los esfuerzos de China, Rusia e Irán por denominar sus transacciones energéticas en otras divisas han producido avances marginales —la participación del RMB en las transacciones globales de materias primas sigue siendo modesta—, pero no han alterado la lógica estructural del sistema.

El segundo eslabón es la profundidad y liquidez del mercado financiero estadounidense. Los activos denominados en dólares —en particular, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos— son percibidos globalmente como el activo de reserva más seguro y líquido disponible, un estatus que genera una demanda estructural que se retroalimenta a sí misma. En momentos de turbulencia financiera —como las crisis de 2008 o la pandemia de COVID-19 en 2020—, los inversores globales aumentan, paradójicamente, su demanda de dólares y bonos del Tesoro, incluso cuando el epicentro de la crisis se localiza en los propios Estados Unidos (Gourinchas y Rey, 2007). Este fenómeno, conocido como “vuelo hacia la calidad” (flight to quality), ilustra la asimetría entre el dólar y cualquier divisa candidata a reemplazarlo: ninguna otra moneda —incluyendo el euro o el RMB— ha logrado replicar esta función de refugio sistémico.

El tercer elemento es la infraestructura institucional que sostiene el sistema dólar: la red SWIFT de pagos interbancarios, el sistema de compensación de dólares que opera a través de la Reserva Federal, y los acuerdos de swap de divisas que la Fed mantiene con los principales bancos centrales del mundo. Esta infraestructura no solo facilita las transacciones denominadas en dólares, sino que también permite a los Estados Unidos ejercer una capacidad de coacción financiera sin precedentes. La exclusión de entidades rusas del sistema SWIFT en 2022, aunque parcial, demostró tanto el potencial como los límites de este instrumento (Farrell y Newman, 2019). La reacción de Moscú y Pekín —acelerando el desarrollo de sistemas alternativos de pago, como el SPFS ruso y el CIPS chino— ilustra la tensión entre la dependencia de red y los incentivos de los actores excluidos o potencialmente excluibles para diversificar sus arquitecturas financieras.

Cohen (2015) denomina a este conjunto de factores la “inercia de red” del sistema monetario internacional: el uso generalizado del dólar crea externalidades positivas que hacen que cualquier desviación individual resulte costosa, incluso para actores con incentivos ideológicos o geopolíticos para abandonarlo. La paradoja es precisa: cuanto más integrada está la economía china al sistema dólar —a través de sus reservas en bonos del Tesoro, su comercio denominado en dólares y sus cadenas de valor vinculadas al mercado estadounidense—, mayor es el costo de una ruptura abrupta y más difícil resulta para Pekín desafiar la arquitectura que, al mismo tiempo, percibe como un instrumento de vulnerabilidad estratégica.

3.2 El Dilema Chino: Internacionalización del RMB y sus Contradicciones Internas

La internacionalización del renminbi es, desde mediados de la primera década del siglo XXI, un objetivo declarado de la política económica de la República Popular China. Las medidas adoptadas en esta dirección incluyen el establecimiento de centros de liquidación offshore en Hong Kong, Singapur, Londres y Frankfurt; la creación de líneas de swap bilaterales con más de cuarenta bancos centrales; la admisión del RMB en la cesta de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional en 2016; y el lanzamiento del yuan digital (e-CNY) como plataforma para transacciones internacionales (FMI, 2023). Estos avances son reales, pero su alcance sigue siendo limitado: de acuerdo con el sistema SWIFT, la participación del RMB en los pagos internacionales globales rondaba el 4,7% en enero de 2024, frente a más del 47% del dólar (SWIFT, 2024).

La brecha entre las aspiraciones declaradas de Pekín y la realidad del sistema monetario internacional remite a un dilema estructural que ninguna medida técnica puede resolver por sí sola: la internacionalización de una divisa requiere, como condición necesaria —aunque no suficiente—, la apertura de la cuenta de capital. Una moneda que no puede fluir libremente entre jurisdicciones, que no puede ser convertida sin restricciones, y cuyo tipo de cambio es administrado por las autoridades estatales, no puede funcionar como reserva de valor creíble para los bancos centrales ni como instrumento de denominación preferido para los mercados financieros globales. El euro, la libra esterlina y el yen japonés son divisas internacionales precisamente porque sus sistemas financieros son abiertos, sus mercados de capitales son profundos y sus tipos de cambio son determinados —al menos en lo fundamental— por las fuerzas del mercado.

China ha optado, deliberada y consistentemente, por mantener controles sobre su cuenta de capital como instrumento de gestión macroeconómica y, fundamentalmente, de estabilidad política. La liberalización financiera implica riesgos que el Partido Comunista Chino (PCCh) no está dispuesto a asumir: la exposición a flujos de capital volátiles que pueden generar crisis cambiarias y bancarias —como ocurrió en el Sudeste Asiático en 1997—; la pérdida de control sobre el crédito doméstico, instrumento central de la política industrial china; y, sobre todo, la apertura de canales de fuga de capitales que podrían socavar la base financiera del Estado (Prasad, 2016). La crisis de confianza del verano de 2015, cuando la devaluación del RMB y la caída de las bolsas chinas desencadenaron salidas de capital por más de 600.000 millones de dólares en pocos meses, ilustra de manera elocuente los riesgos de una liberalización parcial y mal gestionada (Banco Popular de China, 2016).

El dilema se articula, entonces, de la siguiente manera: para que el RMB se convierta en divisa de reserva internacional, China debe abrir su cuenta de capital; pero abrir su cuenta de capital implica renunciar a instrumentos de control que son constitutivos del modelo político-económico del PCCh. Esta tensión no es meramente técnica —no se resuelve con una mejor regulación financiera o una mayor sofisticación de los mercados de capitales—, sino que expresa una contradicción de fondo entre dos objetivos estratégicos: el poder monetario internacional y la estabilidad política interna. En los términos de Strange (1988), China aspira a ejercer el poder estructural financiero sin asumir las condiciones que lo hacen posible. Y es precisamente allí donde reside la paradoja central que este artículo propone.

A este dilema interno se suma una dimensión externa igualmente relevante: la provisión de bienes públicos globales. La hegemonía del dólar no descansa únicamente en el poder coercitivo de los Estados Unidos, sino también —y quizás de manera más duradera— en la disposición estadounidense a actuar como prestamista de última instancia en dólares en momentos de crisis financiera global. Las líneas de swap de la Reserva Federal, activadas masivamente en 2008 y 2020, evitaron la contracción abrupta de la liquidez en dólares fuera de los Estados Unidos y sostuvieron el sistema financiero global. China, en contraste, ha sido reticente a asumir obligaciones equivalentes a nivel sistémico, prefiriendo una lógica de provisión selectiva y bilateral de recursos financieros —a través del AIIB, el Fondo de la Ruta de la Seda y los préstamos bilaterales del Banco de Desarrollo de China— que no genera la confianza sistémica asociada a un hegemón monetario (Gallagher et al., 2020).

3.3 El Ascenso Chino y la Paradoja del Refuerzo Sistémico

Una de las tesis más contraintuitivas —pero analíticamente más fértiles— que permite derivarse del marco teórico expuesto es que el ascenso económico de China, lejos de erosionar el sistema dólar, tiende a reforzarlo, al menos en el corto y mediano plazo. Esta paradoja del refuerzo sistémico merece un análisis detenido, pues constituye el núcleo argumental más relevante para la proyección estratégica del orden monetario internacional.

El mecanismo central de este refuerzo es la integración financiera de China al sistema dólar. Las reservas de divisas chinas —estimadas en 3,2 billones de dólares en 2024, de los cuales una proporción significativa está invertida en bonos del Tesoro de los Estados Unidos (Reserva Federal de Nueva York, 2024)— constituyen, simultáneamente, un instrumento de acumulación de poder y una fuente de vulnerabilidad estratégica. Pekín financia, en parte, el déficit fiscal estadounidense a través de sus compras de deuda soberana, lo que crea una interdependencia financiera que actores en ambos lados del Pacífico perciben como problemática pero que ninguno está en condiciones de desmantelar unilateralmente sin incurrir en costos prohibitivos. La paradoja, como señala Prasad (2016), es que China se ha convertido en el mayor acreedor del hegemón al que aspira a desplazar, lo que otorga a los Estados Unidos una palanca de poder suave que complementa su capacidad coercitiva.

La integración de China en las cadenas de valor globales amplifica esta dependencia. El modelo exportador chino —basado en la manufactura de bajo costo para mercados desarrollados, especialmente el estadounidense— requiere un dólar fuerte que sostenga la demanda de importaciones en los Estados Unidos y un tipo de cambio del RMB suficientemente competitivo para mantener los márgenes de exportación. Una apreciación significativa del RMB o una reducción de la demanda estadounidense afectaría directamente el modelo de crecimiento chino, generando presiones sobre el empleo y la estabilidad social interna. En este sentido, la política cambiaria de China no puede disociarse de su dependencia estructural del mercado estadounidense, lo que limita, de facto, su capacidad de impulsar una internacionalización agresiva del RMB que pudiera alterar esta ecuación.

El proyecto BRICS+ y la iniciativa de una moneda comercial alternativa, discutida en la cumbre de Johannesburgo en 2023, ilustran los límites de las coaliciones anti-dólar. A pesar de la retórica de desdolarización, ninguno de los miembros del bloque —incluida China— ha avanzado de manera concreta hacia la creación de una divisa alternativa creíble. Las razones son múltiples: las divergencias entre las economías miembro en términos de estructura financiera, transparencia institucional y objetivos de política exterior; la ausencia de un mercado de bonos profundo y líquido denominado en la hipotética nueva moneda; y, sobre todo, la falta de voluntad política de China para asumir las obligaciones de liderazgo monetario que implicaría patrocinar un sistema alternativo robusto (Eichengreen, 2011). La propuesta de comercio en monedas locales, que ha avanzado en el marco de acuerdos bilaterales entre China y países como Brasil, Argentina y Arabia Saudita, representa una diversificación marginal y no una sustitución sistémica.

El proyecto del yuan digital (e-CNY) merece una consideración específica en este contexto. Presentado frecuentemente en los medios como un potencial instrumento de desdolarización, el e-CNY está diseñado, en su fase actual, para usos domésticos y transacciones transfronterizas seleccionadas, no como plataforma de reserva global. Su adopción internacional enfrenta las mismas barreras estructurales que el RMB convencional —restricciones de convertibilidad, ausencia de profundidad financiera, desconfianza sobre la privacidad de datos en un entorno de vigilancia estatal—, además de desafíos regulatorios en jurisdicciones con marcos legales sobre moneda digital en desarrollo (Carstens, 2022). Más que una amenaza al dólar, el e-CNY puede interpretarse como un instrumento de política interior —control del sistema de pagos doméstico, reducción de la dependencia de plataformas privadas como WeChat Pay y Alipay— con ambiciones internacionales todavía incipientes.

La geopolítica de las sanciones ofrece un ángulo adicional para comprender la paradoja del refuerzo sistémico. La exclusión de Rusia del sistema SWIFT en 2022 ha actuado como catalizador de los esfuerzos chinos por desarrollar infraestructuras financieras alternativas, pero también ha evidenciado cuán lejos está China de poder ofrecer una arquitectura comparable en cobertura, velocidad y confiabilidad. El sistema CIPS —China Interbank Payment System— procesaba, a finales de 2023, transacciones por valor aproximado de 12,5 billones de yuanes diarios, una fracción mínima del volumen gestionado por el sistema dólar (CIPS, 2024). La voluntad de China de utilizar estas infraestructuras como instrumento de influencia geopolítica —excluyendo a actores no alineados con sus intereses— plantea, además, interrogantes sobre la credibilidad de un eventual sistema monetario chino como bien público global, en contraste con la imagen —aunque criticable en sus condicionamientos— de neutralidad sistémica que ha sostenido al dólar.

IV. La Paradoja Confirmada y sus Proyecciones Estratégicas

El recorrido analítico trazado en las páginas precedentes permite responder de manera directa y fundamentada a la tesis central propuesta en la introducción. La eventual sustitución del dólar como divisa hegemónica del sistema monetario internacional no constituye un proceso inminente ni un imperativo estructural derivado del ascenso chino. Por el contrario, ese ascenso revela —y al mismo tiempo refuerza— una paradoja estructural de primer orden: el poder monetario internacional no se conquista sin asumir las vulnerabilidades sistémicas que lo sustentan, y China no está dispuesta —ni en condiciones— de hacerlo en los términos que el sistema exige.

La paradoja opera en tres niveles interrelacionados. En el nivel financiero, la internacionalización del RMB requiere una apertura de la cuenta de capital que el PCCh percibe como incompatible con el mantenimiento del control macroeconómico y la estabilidad política interna. En el nivel institucional, la función de reserva global exige la provisión de bienes públicos —liquidez sistémica, estabilidad financiera, mercados abiertos y predecibles— que implican costos de liderazgo que China no ha demostrado voluntad de asumir en forma plena. En el nivel estructural, la dependencia de red del dólar —sostenida por la inercia institucional, la profundidad de los mercados financieros estadounidenses y las externalidades del uso generalizado— hace que cualquier transición sea gradual, parcial y costosa, incluso para actores con motivaciones geopolíticas para acelerarla.

Las proyecciones estratégicas que se derivan de este análisis son las siguientes. En el corto plazo —horizonte de cinco a diez años—, el dólar mantendrá su primacía sistémica, aunque con una leve erosión de su participación en las reservas globales en favor de una cesta más diversificada de monedas. El RMB ganará terreno en transacciones bilaterales dentro del espacio de influencia chino —Asia Central, partes de África y América Latina—, pero no logrará construir la profundidad financiera ni la confianza institucional necesarias para una adopción global masiva. El CIPS y el e-CNY serán instrumentos de influencia regional, no alternativas sistémicas al dólar.

En el mediano plazo —horizonte de diez a veinticinco años—, el escenario más probable es el de una “multipolaridad monetaria difusa”: un sistema en el que el dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante, pero en el que el euro, el RMB y posiblemente nuevas formas de dinero digital público o privado amplían su presencia en nichos específicos de la economía internacional. Esta multipolaridad no eliminará la asimetría estructural que define el sistema actual, pero podría reducir el alcance de la coacción financiera unilateral por parte de los Estados Unidos, con consecuencias significativas para la gobernanza económica global. La reforma del FMI, el fortalecimiento de los DEG como activo de reserva supranacional y la creación de arquitecturas financieras regionales más robustas serían elementos constitutivos de este escenario.

En el largo plazo, la pregunta relevante no es si China reemplazará al dólar, sino bajo qué condiciones el sistema monetario internacional experimentará una transición hegemónica. La historia enseña que estas transiciones requieren no solo poder material, sino también voluntad de liderazgo y capacidad de generar confianza sistémica. Si China opta por profundizar su modelo de capitalismo de Estado, mantener los controles de capital y expandir su influencia a través de mecanismos bilaterales y selectivos, la transición hegemónica monetaria seguirá siendo una aspiración estratégica, no una realidad inminente. Si, por el contrario, una nueva generación de liderazgo chino optara por una liberalización financiera gradual y una participación más activa en la gobernanza económica multilateral, las condiciones para la internacionalización del RMB mejorarían sustancialmente, aunque los costos políticos internos de esa elección seguirían siendo formidables.

La paradoja del poder monetario chino es, en última instancia, la paradoja de todo poder en transición: quien aspira a reemplazar al hegemón debe convertirse, en el proceso, en algo distinto de lo que es. Y esa transformación —cuando implica renunciar a los instrumentos que hicieron posible el ascenso— es siempre el desafío más difícil de la política exterior. Strange (1988) lo advirtió con claridad hace más de tres décadas: el poder estructural no se hereda, se construye; y su construcción tiene costos que no todos los aspirantes están dispuestos a pagar.

Resumen

La tensión fronteriza entre Pakistán y el Emirato Islámico de Afganistán constituye uno de los dilemas de seguridad más complejos del sistema internacional contemporáneo. Este artículo sostiene que, lejos de ser un conflicto periférico, dicha tensión refleja la dinámica clásica del dilema de seguridad descrita por el realismo defensivo: las estrategias de contrainsurgencia de Islamabad frente al Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP) terminan reforzando la desconfianza y la ambigüedad estratégica de Kabul, en un contexto de soberanía fragmentada que invalida los supuestos tradicionales del Estado westfaliano. Analizando el período 2021–2026, el artículo examina tres ejes analíticos interrelacionados: la lógica del dilema de seguridad en contextos no estatales, la paradoja estratégica de Islamabad, y el papel de la Línea Durand como espacio de competencia híbrida. Se concluye que la ausencia de mecanismos efectivos de gobernanza fronteriza transforma este conflicto en una dinámica persistente de inestabilidad regional con ramificaciones para el equilibrio de poder en Asia del Sur.

Palabras clave: dilema de seguridad, Línea Durand, TTP, realismo defensivo, soberanía fragmentada, Afganistán, Pakistán, conflicto híbrido, Asia del Sur.

I. Introducción

El 9 de octubre de 2025, Pakistán lanzó ataques aéreos sobre Kabul, la capital de Afganistán, en el primer bombardeo de la historia pakistaní sobre suelo afgano urbano. El objetivo declarado era el liderazgo del Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP, por sus siglas en inglés), organización insurgente que opera desde territorio afgano y que, según Islamabad, es abiertamente tolerada —cuando no auxiliada— por el gobierno talibán. La respuesta no tardó en llegar: en horas, fuerzas del Emirato Islámico respondieron con operaciones terrestres a lo largo de la Línea Durand, y el Ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, declaró públicamente que los dos países se encontraban en “guerra abierta” (Al Jazeera, 2026). Ese ciclo de acción y represalia encapsula, con claridad casi pedagógica, la lógica del dilema de seguridad.

La tesis que orienta el presente artículo es la siguiente: lejos de ser un conflicto periférico o coyuntural, la tensión en la frontera entre Pakistán y el Emirato Talibán refleja un dilema de seguridad clásico en el que las estrategias de contrainsurgencia de Islamabad frente al TTP terminan reforzando la desconfianza y la ambigüedad estratégica de Kabul, evidenciando los límites del realismo defensivo en contextos de soberanía fragmentada. En un entorno internacional marcado por la retracción del compromiso occidental y la reconfiguración del orden regional, la ausencia de mecanismos efectivos de gobernanza fronteriza transforma la Línea Durand en un espacio de competencia híbrida más que de cooperación. El conflicto no solo es coyuntural: anticipa una dinámica persistente de inestabilidad en la que actores estatales y no estatales reconfiguran el equilibrio de poder en Asia del Sur.

El artículo se estructura en cuatro partes. Primero, se establece el marco teórico con las herramientas conceptuales del realismo defensivo, la teoría del dilema de seguridad y los enfoques sobre soberanía fragmentada y conflicto híbrido. Segundo, se examina la lógica interna del dilema a través de la relación triangular entre Islamabad, Kabul y el TTP. Tercero, se analiza la Línea Durand como construcción geopolítica y como espacio de disputa contemporánea. Cuarto, se evalúa el papel de los actores regionales e internacionales —China, India, Rusia, Qatar— en la reconfiguración del equilibrio de poder. Las conclusiones ofrecen una proyección estratégica y responden directamente a la tesis planteada.

II. Dilemas de Seguridad, Realismo Defensivo y Soberanía Fragmentada

El punto de partida teórico es el concepto de dilema de seguridad, acuñado por John Herz (1950) y desarrollado posteriormente por Robert Jervis (1978). En su formulación clásica, el dilema describe una situación en la que las acciones que un Estado toma para aumentar su propia seguridad —incremento del gasto militar, construcción de alianzas, operaciones preventivas— son interpretadas por otros Estados como amenazas, generando respuestas que, en conjunto, disminuyen la seguridad de todos los actores involucrados. Herz (1950) vinculó este fenómeno a la naturaleza anárquica del sistema internacional: en ausencia de una autoridad supranacional vinculante, la inseguridad se reproduce estructuralmente. La novedad del caso pakistaní-afgano radica en que este mecanismo opera entre un Estado convencional y un actor de soberanía disputada, lo que tensiona los supuestos del marco original.

El realismo defensivo, en la versión sistematizada por Kenneth Waltz (1979) y refinada por Stephen Walt (1987), ofrece una segunda capa explicativa. Para Waltz, los Estados buscan primordialmente la supervivencia y tienden a equilibrar el poder antes que maximizarlo; la arquitectura del sistema —la distribución de capacidades— condiciona el comportamiento de los actores con independencia de sus intenciones. Walt añade la variable de la percepción de amenaza: los Estados se alinean no simplemente contra el poder bruto sino contra combinaciones de capacidad, intención geográfica y comportamiento agresivo percibido. Aplicado al caso bajo análisis, el marco waltziano explica por qué Islamabad percibe el santuario afgano del TTP como una amenaza existencial que justifica acciones militares unilaterales, mientras que Kabul las relee como proyecciones de poder hegemónico que comprometen su supervivencia como entidad política.

Sin embargo, tanto Waltz como Walt asumen actores estatales con soberanía consolidada. Este supuesto es problemático cuando se analiza el Emirato Talibán. Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde (1998), en su propuesta del marco de securitización —desarrollado desde la Escuela de Copenhague—, amplían la agenda de seguridad más allá de lo militar para incluir dimensiones societal, política, económica y medioambiental. Para los autores, la seguridad es una construcción intersubjetiva: un actor securitiza un referente cuando logra presentarlo como una amenaza existencial que justifica medidas extraordinarias. En el caso afgano-pakistaní, tanto Islamabad como Kabul han procedido a securitizar al otro: Pakistán enmarca el TTP como amenaza existencial de origen afgano; el Emirato, a su vez, presenta los ataques aéreos pakistaníes como agresión imperialista que compromete la integridad territorial de Afganistán. Esta securitización mutua bloquea los canales de diplomacia ordinaria.

Robert O. Keohane y Joseph Nye (1977), en su obra sobre interdependencia compleja, señalaron que en un mundo de múltiples canales de interacción —estatales, transgubernamentales y transnacionales—, la fuerza militar pierde eficacia relativa y la interdependencia económica puede actuar como freno al conflicto. Esta perspectiva es relevante aquí en sentido contrario: la desconexión comercial entre Pakistán y Afganistán —el comercio bilateral cayó a menos de mil millones de dólares en 2025 frente a un potencial estimado superior a cinco mil millones (Wikipedia, Afganistán–Pakistán Relations, 2026)— elimina precisamente los incentivos de la interdependencia compleja, dejando el campo libre a la lógica puramente coercitiva.

Finalmente, el concepto de conflicto híbrido, desarrollado por académicos como Frank Hoffman (2007) y aplicado al espacio post-soviético y asiático por múltiples analistas de seguridad, resulta indispensable para comprender la naturaleza del enfrentamiento en la Línea Durand. El conflicto híbrido combina instrumentos convencionales, irregulares y no militares —presión económica, información, movimientos de población, proxy warfare— en un continuum sin umbral claro de guerra formal. El patrón de escaramuzas, ataques aéreos, deportaciones masivas, cierres de fronteras y presión comercial que caracteriza la relación pakistaní-afgana desde 2021 es, en esencia, conflicto híbrido con episodios de escalada convencional.

III. La Lógica Triangular: Islamabad, Kabul y el TTP

3.1 El TTP como catalizador del dilema

El Tehrik-i-Taliban Pakistán fue fundado en 2007 como una coalición de grupos insurgentes del noroeste pakistaní que comparte con el Emirato Talibán identidad étnica pastún, ideología deobandi y experiencia bélica conjunta, pero diverge radicalmente en su objetivo estratégico central: mientras el Emirato busca consolidar su control estatal sobre Afganistán —lo que requiere cierto grado de relación funcional con Pakistán—, el TTP aspira a derrocar al Estado pakistaní y establecer un régimen islámico en la zona fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa (Británica, 2026). Esta divergencia de objetivos no elimina, sin embargo, los vínculos operacionales: ambas organizaciones comparten redes tribales, rutas de suministro y, en múltiples momentos documentados, han ofrecido refugio recíproco a combatientes perseguidos.

La paradoja estratégica de Islamabad nace precisamente de este esquema. Pakistán fue el principal patrocinador externo del Emirato Talibán durante los veinte años de presencia estadounidense en Afganistán: proveyó santuarios, financiación, apoyo logístico e influencia diplomática en nombre del objetivo de obtener “profundidad estratégica” frente a India y limitar la influencia de Nueva Delhi en Kabul (Foreign Policy, 2024). Cuando en agosto de 2021 el Emirato recuperó el control de Afganistán, Islamabad lo celebró como una victoria estratégica propia. Sin embargo, como señala el análisis de War on the Rocks (2025), esa expectativa probó ser errónea: el Emirato enmarcó el TTP como un asunto de seguridad interna de Pakistán, negó cualquier nexo operacional con la organización y rechazó sistemáticamente las demandas de Islamabad de actuar contra los campamentos del TTP en territorio afgano.

Entre 2022 y 2026 el patrón se repitió con consistencia preocupante: el TTP ejecutaba ataques letales en Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán —se estima que la organización llevó a cabo aproximadamente 600 ataques contra fuerzas pakistaníes solo en 2025 (Eurasia Review, 2026) —; Islamabad presionaba diplomáticamente a Kabul; Kabul negaba responsabilidad; Islamabad lanzaba ataques aéreos transfronterizos; el Emirato respondía con operaciones terrestres a lo largo de la Durand. Según datos citados por el Consejo de Seguridad de la ONU, el TTP mantenía hasta 5.500 combatientes en territorio afgano en 2022, cifra que analistas posteriores consideran probablemente mayor (Foreign Policy, 2024). En 2025, más de 1.200 personas fueron asesinadas en Pakistán como resultado de la violencia vinculada a grupos extremistas, más del doble que en 2021 (CFR, 2026).

3.2 La lógica de la contrainsurgencia y sus efectos no deseados

Frente a esta situación, Islamabad adoptó lo que War on the Rocks (2025) denomina una estrategia de “coerción híbrida”: una combinación de señalización militar, presión económica y diplomacia coercitiva diseñada para modificar el cálculo de Kabul sin precipitar una guerra abierta. Los ataques aéreos de diciembre de 2024 en las provincias de Khost y Paktika —la segunda operación de este tipo en ese año—, y las posteriores ofensivas de octubre de 2025 y febrero de 2026, respondían a esta lógica: enviar un mensaje inequívoco de que Islamabad estaba dispuesto a actuar unilateralmente dentro de territorio afgano si Kabul no actuaba contra el TTP (Eurasia Review, 2026).

Sin embargo, el efecto producido fue el opuesto al buscado. Cada ataque pakistaní en suelo afgano reforzó la narrativa del Emirato de que Pakistán representa una amenaza existencial, consolidó la popularidad doméstica del gobierno talibán —que se presentó como defensor de la soberanía afgana contra la agresión exterior— y proporcionó al TTP un argumento de reclutamiento adicional. El ciclo dilema-respuesta-amplificación del dilema es aquí empíricamente verificable: el 26 de febrero de 2026, fuerzas del Emirato lanzaron una ofensiva transfronteriza de gran escala contra puestos pakistaníes, precipitando la declaración de “guerra abierta” por parte de Islamabad (Al Jazeera, 2026; CFR, 2026). La lógica descrita por Jervis (1978) —en la que las acciones defensivas son interpretadas por el otro actor como ofensivas— se materializó con precisión casi clínica.

La dimensión económica del conflicto híbrido acentúa este patrón. Las deportaciones masivas de refugiados afganos —más de un millón solo en 2025 (CFR, 2026) — y los cierres repetidos de cruces fronterizos clave como Torkham y Chaman redujeron el comercio bilateral en más de un 56% en algunos sectores durante los períodos de cierre (Eurasia Review, 2026). Afganistán, país mediterráneo dependiente del tránsito pakistaní para más del 60% de su comercio farmacéutico y una fracción sustancial de sus importaciones generales, reaccionó diversificando sus rutas hacia el puerto iraní de Chabahar. Esta reorientación comercial erosionó aún más el principal instrumento de presión no militar de Islamabad, cerrando el espacio para incentivos de la interdependencia que Keohane y Nye (1977) identificaron como moderadores del conflicto.

IV. La Línea Durand: Geografía del Conflicto y Soberanía Fragmentada

4.1 La herencia colonial y su peso contemporáneo

La Línea Durand —2.611 kilómetros trazados en 1893 entre el gobierno colonial británico y el emirato afgano de Abdur Rahman Khan— es quizás el legado geopolítico colonial más explosivo de Asia del Sur. Desde su trazado, ningún gobierno afgano, ni monárquico ni republicano ni talibán, ha reconocido formalmente la línea como frontera internacional definitiva. En enero de 2024, el entonces canciller del Emirato, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, reiteró esta posición con claridad: “Nunca hemos reconocido la Durand y nunca la reconoceremos; hoy la mitad de Afganistán está separada al otro lado de la línea Durand. La Durand es la línea que los ingleses trazaron sobre el corazón de los afganos” (Foreign Policy, 2024). Esta negativa no es retórica: tiene consecuencias estructurales directas sobre las posibilidades de cualquier gobernanza fronteriza efectiva.

El problema central es que la línea Durand divide artificialmente el espacio étnico, lingüístico y tribal pastún. Más de 30 millones de pastunes habitan ambos lados de la frontera (Eurasia Review, 2026), y sus redes tribales, económicas y familiares cruzan permanentemente una delimitación que los Estados tratan de impermeabilizar. Esta configuración geográfico-demográfica convierte la frontera en un objeto de disputa ontológica: para Pakistán, la Durand es una frontera internacional reconocida; para el Emirato Talibán, es una herida colonial que divide a su nación histórica. Mientras subsista esta brecha de reconocimiento, ningún mecanismo formal de gobernanza fronteriza —como los que Buzan et al. (1998) considerarían esenciales para la desescalada— puede ser instituido de forma duradera.

Afganistán Security Watch documentó al menos 45 escaramuzas a lo largo de la frontera en los tres años previos a octubre de 2025, con más de 100 muertos, afectando principalmente las provincias de Khost, Paktia, Paktika, Nimroz y Nangarhar (Wikipedia, 2025). La frecuencia y distribución de estos incidentes no es aleatoria: se concentra en los corredores de movimiento del TTP, en zonas de construcción de infraestructura fronteriza pakistaní y en pasos donde ambas partes disputan el control operacional del territorio. La disputa sobre estructuras físicas —como el incidente del 29 de septiembre de 2025, cuando fuerzas talibanas intentaron construir una instalación cerca de la frontera y tropas pakistaníes lo impidieron desencadenando un enfrentamiento armado (Wikipedia, 2025) — ilustra cómo incluso gestos administrativos menores pueden escalar cuando no existe ningún mecanismo de comunicación institucionalizada.

4.2 La frontera como espacio de competencia híbrida

El análisis del patrón de conflictividad entre 2021 y 2026 permite caracterizar la Línea Durand no como una frontera en disputa convencional, sino como lo que Hoffman (2007) llamaría un “espacio de conflicto híbrido”: un teatro donde se superponen operaciones militares convencionales, insurgencia armada, crimen organizado, movimientos migratorios forzados y presión económica, sin que ninguno de estos instrumentos sea suficiente por sí solo para determinar el resultado. HSToday (2026) documenta cómo el TTP, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y células vinculadas al Estado Islámico en Khorasan (ISKP) operan simultáneamente en este espacio, cada uno con agendas parcialmente superpuestas pero organizativamente diferenciadas.

La presencia de actores no estatales con mayor autonomía y capacidad que en décadas anteriores transforma radicalmente la ecuación del dilema de seguridad. En el esquema clásico de Herz (1950), el dilema opera entre dos Estados que se observan mutuamente y malinterpretan intenciones defensivas como ofensivas. En la frontera afgano-pakistaní, el actor que genera la inseguridad —el TTP— no es el mismo actor cuyas intenciones son malinterpretadas —el Emirato Talibán—. Esta asimetría triádica crea lo que podría denominarse un “dilema de seguridad de segundo orden”: Islamabad no puede distinguir operativamente entre la incapacidad del Emirato para controlar el TTP y su voluntad de tolerarlo como instrumento de presión. El Emirato, a su vez, no puede satisfacer las demandas pakistaníes sin arriesgar la cohesión interna de su propia coalición, profundamente entrelazada con redes tribales que el TTP también moviliza.

La clausura de la frontera en octubre de 2025 —sellada tras los enfrentamientos de ese mes y mantenida con breves interrupciones hasta 2026— tuvo consecuencias humanitarias documentadas. Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), al menos 75 civiles fueron asesinados y 193 resultaron heridos entre el inicio de la escalada del 26 de febrero de 2026 y el 13 de marzo de ese año —cifras preliminares que la propia organización reconoció como subestimadas (CFR, 2026) —. Miles de familias fueron desplazadas de distritos fronterizos en Khost y Paktia. La crisis humanitaria resultante amplifica el ciclo del dilema: generando nuevos agravios que organizaciones como el TTP y el ISKP explotan para reclutar.

V. El Sistema Regional: Potencias Externas y la Reconfiguración del Equilibrio

5.1 La retracción occidental y el vacío estratégico

El análisis de la dinámica pakistaní-afgana no puede disociarse del contexto geopolítico más amplio definido por la retirada estadounidense de Afganistán en agosto de 2021. La presencia militar norteamericana durante veinte años había funcionado, entre otras cosas, como un moderador de las tensiones bilaterales: mantenía una presión constante sobre el Emirato para limitar los santuarios del TTP, y ofrecía a Islamabad instrumentos de influencia —asistencia militar, inteligencia compartida, reconocimiento diplomático— que hacían innecesaria la coerción directa. Con la retirada, ese marco colapsó. Islamabad perdió su principal palanca de presión indirecta sobre Kabul y se encontró frente a un Emirato que, paradójicamente, debía parte de su supervivencia a la ayuda pakistaní pero no tenía incentivos estructurales para subordinarse a las demandas de seguridad de Islamabad.

El vacío dejado por Washington no fue llenado de forma organizada por ninguna potencia alternativa. China, el actor con mayor capacidad e interés en la estabilización regional dado su proyecto de Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) y su vulnerabilidad ante el ISKP en Xinjiang, optó por una política de bajo perfil: mediación diplomática discreta antes que compromiso militar o económico transformador. Cuando en marzo de 2026 el canciller del Emirato se reunió con el embajador chino en Kabul para discutir la escalada bélica (CFR, 2026), Beijing actuó como facilitador, no como árbitro con capacidad de imponer costos a ninguna de las partes.

5.2 India, Rusia, Qatar y la multipolaridad emergente

India representa la variable más desconcertante para Islamabad en el cálculo regional. Nueva Delhi había mantenido durante décadas relaciones tensas con el Emirato, cuyo ascenso al poder en 2021 fue inicialmente percibido como un triunfo del eje pakistaní-talibán. Sin embargo, la deterioración de las relaciones Kabul-Islamabad abrió oportunidades geopolíticas para India: reabrió su embajada en Kabul en 2022, y en octubre de 2025 el Primer Ministro Narendra Modi recibió en Nueva Delhi a una delegación diplomática del Emirato Talibán (CFR, 2026) —precisamente el mismo día en que estalló la primera ronda de ataques aéreos pakistaníes sobre Kabul. Pakistán interpretó este giro como evidencia de que Afganistán operaba como proxy indio; la narrativa fue desestimada por analistas occidentales, pero ilustra cómo la multipolaridad emergente amplifica las percepciones de amenaza en un entorno ya hipertenso.

Rusia y Qatar adoptaron posiciones de mediación activa: Qatar, que ya había albergado la Oficina Política del Emirato durante las negociaciones con Estados Unidos, facilitó junto a Turquía el acuerdo de alto al fuego de octubre de 2025 (Al Jazeera, 2026). Arabia Saudita y Rusia también ofrecieron buenos oficios en las semanas siguientes al estallido de la crisis de febrero de 2026. Ninguna de estas mediaciones logró abordar las causas estructurales del conflicto. Como señala el CFR (2026), el alto al fuego de octubre de 2025 fue “frágil”: las pláticas de Estambul que lo siguieron colapsaron porque ninguna de las partes acordó los términos de fondo —Islamabad exigió acción efectiva contra el TTP; Kabul reclamó el fin de las deportaciones y el reconocimiento de sus posiciones sobre la frontera.

Lo que emerge de este panorama es una estructura regional multipolar sin hegemonía efectiva. Ninguna potencia —ni China, ni India, ni Rusia, ni los actores del Golfo— tiene la capacidad o la voluntad de imponer una solución estable. Esta ausencia de una potencia estabilizadora corresponde al escenario que Mearsheimer (2001) describía como el más proclive a la conflictividad: multipolaridad desequilibrada con múltiples actores revisionistas de menor escala. La frontera afgano-pakistaní se convierte así en un microcosmos de la inestabilidad sistémica global: demasiado importante para ser ignorada, demasiado compleja para ser resuelta con los instrumentos diplomáticos convencionales disponibles.

VI. Conclusiones: Proyección Estratégica y los Límites del Orden

El análisis desarrollado a lo largo de estas páginas permite responder a la tesis planteada con evidencia empírica verificable. La tensión entre Pakistán y el Emirato Talibán es, efectivamente, un dilema de seguridad clásico con características que lo hacen especialmente resistente a la resolución. Las estrategias de contrainsurgencia de Islamabad —ataques aéreos transfronterizos, presión económica, deportaciones masivas— no han desmantelado al TTP; por el contrario, han reforzado la narrativa del Emirato de que Pakistán representa una amenaza existencial, legitimando la pasividad del gobierno de Kabul frente a las demandas de acción contra el TTP. El ciclo que Jervis (1978) describió teóricamente se verifica empíricamente en cada escalada documentada entre 2022 y 2026.

Los límites del realismo defensivo en este contexto son múltiples. Primero, el modelo asume que los actores son Estados con soberanía consolidada y capacidad de control territorial; el Emirato Talibán no cumple esta condición respecto de los grupos armados que operan en su territorio, incluyendo el TTP. Segundo, el modelo supone que la señalización militar puede modificar el cálculo del adversario si es suficientemente costosa; los ataques pakistaníes de 2024 y 2025 sugieren que, en este caso, la coerción genera escalada más que concesiones. Tercero, el marco waltziano ignora las dimensiones identitarias y normativas que la Escuela de Copenhague (Buzan et al., 1998) identifica como componentes irreducibles del conflicto: la cuestión de la Línea Durand no es solo territorial sino ontológica, vinculada a la identidad nacional pastún que ningún cálculo costo-beneficio puede resolver.

La proyección estratégica que se desprende de este análisis no es optimista. En el corto plazo —horizonte de doce a veinticuatro meses—, el conflicto seguirá oscilando entre episodios de escalada militar y frágiles acuerdos de alto al fuego sin mecanismos de verificación efectivos. El TTP mantendrá su capacidad operacional mientras Afganistán permanezca como santuario funcional. En el mediano plazo, los principales riesgos son dos: la posibilidad de una escalada que supere los umbrales de control de ambas partes —especialmente si Islamabad percibe que su seguridad interna se deteriora de forma irreversible— y la consolidación de la Línea Durand como zona de conflicto crónico con ramificaciones humanitarias graves para poblaciones civiles pastunes en ambos lados.

Para los actores regionales, el conflicto afgano-pakistaní plantea dilemas de política exterior que ninguno ha resuelto satisfactoriamente. China debe equilibrar su asociación estratégica con Pakistán —ancla del CPEC— con su necesidad de relaciones funcionales con Kabul para proteger sus intereses en Xinjiang y Asia Central. India puede verse tentada a profundizar sus relaciones con el Emirato como contrapeso a Pakistán, pero deberá gestionar los riesgos de contribuir a la desestabilización regional. Las potencias mediadoras del Golfo —Qatar, Arabia Saudita— tienen capacidad de facilitar la comunicación pero carecen de los instrumentos estructurales para transformar los incentivos de los actores principales.

La ausencia de gobernanza fronteriza efectiva es la variable más determinante para la persistencia del conflicto. Sin un mecanismo bilateral institucionalizado —con mecanismos de verificación, comunicación de crisis y gestión de incidentes—, cada escaramuza en la Durand tiene el potencial de escalar hasta el nivel interestatal. La creación de dicho mecanismo requeriría, como condición previa, que ambas partes acepten la legitimidad de la contraparte como interlocutora válida: Islamabad debería reconocer al Emirato como gobierno de facto con responsabilidades soberanas; el Emirato debería reconocer que la presencia del TTP en su territorio tiene consecuencias que no puede ignorar indefinidamente sin arriesgar el reconocimiento internacional del que depende su supervivencia económica.

En suma, el conflicto entre Pakistán y el Emirato Talibán no es un episodio pasajero sino una dinámica estructural que anticipa la forma que adoptará la inestabilidad en Asia del Sur en la era post-unipolar. Es, en el sentido más preciso del término, un laboratorio del sistema internacional del siglo XXI: multipolar, asimétrico, con actores no estatales que condicionan la conducta estatal, con fronteras heredadas del colonialismo cuya legitimidad es disputada, y con mecanismos de gobernanza global insuficientes para absorber las tensiones generadas. La tesis con la que se abrió este artículo no solo se verifica: se amplifica. La Línea Durand es, hoy, mucho más que una línea en el mapa.

RESUMEN

Las tierras raras —grupo de 17 elementos químicos con propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas— han emergido como uno de los vectores de poder más determinantes del siglo XXI. Más allá de su valor industrial, su concentración geográfica en China (que controla más del 69% de la producción mundial y más del 90% del refinado global en 2024) y la asimetría en el procesamiento reconfiguran la lógica de la competencia entre grandes potencias. Este artículo propone que las tierras raras operan como instrumento de poder relacional, desplazando la rivalidad desde el control territorial hacia el dominio de cadenas de valor estratégicas. Articulando un marco teórico híbrido que integra el neorrealismo de Waltz y Mearsheimer con la interdependencia compleja de Keohane y Nye, y apoyándose en el concepto de seguridad multisectorial de Buzan, se argumenta que la disputa por estos minerales anticipa conflictos económicos más sofisticados y una pugna prolongada por la arquitectura tecnológica y energética global.

Palabras clave: tierras raras, geopolítica, poder relacional, cadenas de valor, interdependencia compleja, neorrealismo, China, orden internacional.

I. El mineral que reescribe el mapa del poder

Existe una paradoja en el corazón de la economía política contemporánea: los materiales que sostienen la revolución tecnológica del siglo XXI —los que hacen posibles los motores de los vehículos eléctricos, los sistemas de guía de misiles, las turbinas eólicas y los semiconductores más avanzados— son en apariencia invisibles para el gran público, pero son absolutamente centrales para los estrategas de las grandes potencias. Se trata de las denominadas tierras raras (en inglés, rare earth elements, REE): un conjunto de 17 elementos químicos —los 15 lantánidos más el escandio y el itrio— que comparten propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas de difícil sustitución y cuya extracción, procesamiento e integración en cadenas de valor industriales se han convertido en un nuevo eje de rivalidad geopolítica.

El término “tierras raras” fue acuñado en el siglo XIX cuando los primeros minerales de este tipo fueron descubiertos en Ytterby, Suecia. No son, en rigor, raros en términos de abundancia terrestre; lo que los hace estratégicos es la dificultad de encontrarlos en concentraciones suficientemente altas para su explotación rentable, junto con la extrema contaminación y complejidad técnica que implica su procesamiento. Esta combinación de factores explica por qué su cadena de valor global se encuentra tan concentrada geográfica e institucionalmente.

La tesis central de este artículo es la siguiente: lejos de constituir un simple insumo industrial, las tierras raras están reconfigurando la lógica del poder en el sistema internacional al desplazar la competencia desde el control territorial hacia el dominio de cadenas de valor estratégicas, en línea con un neorrealismo adaptado a la interdependencia compleja. En la coyuntura actual, su concentración geográfica y su procesamiento altamente asimétrico están consolidando nuevas formas de dependencia estructural que tensionan el equilibrio entre cooperación y rivalidad entre grandes potencias. Más que un recurso, las tierras raras operan como instrumento de poder relacional, capaz de redefinir jerarquías globales en un escenario de transición hacia un orden menos liberal y más fragmentado.

Para demostrar esta tesis, el artículo se estructura en cuatro secciones principales. Primero, se establece el marco teórico, convocando a los autores de referencia de las relaciones internacionales que permiten analizar esta dinámica. Segundo, se examina la anatomía de la concentración: quién produce, quién refina y quién patenta. Tercero, se analiza el tablero de la rivalidad geopolítica a través de los movimientos de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Cuarto, se proyectan las tendencias de largo plazo en la pugna por la arquitectura tecnológica y energética del siglo XXI. Las conclusiones retoman la tesis y ofrecen una proyección estratégica.

II. Entre el poder estructural y la interdependencia

El análisis de las tierras raras como vector de poder internacional requiere un marco conceptual que trascienda tanto el determinismo geográfico clásico como las visiones estrictamente economicistas. La complejidad del fenómeno invita a articular tres tradiciones teóricas de las relaciones internacionales (RRII) que, leídas en conjunto, ofrecen una perspectiva más rica y precisa.

2.1 El neorrealismo estructural: Waltz y la distribución de capacidades

El punto de partida teórico obligado es Kenneth Waltz y su obra Theory of International Politics (1979), fundacional del neorrealismo o realismo estructural. Para Waltz, el comportamiento de los Estados no puede explicarse únicamente por sus

características internas, sino por la estructura del sistema internacional —definida por el principio de anarquía y la distribución relativa de capacidades entre las unidades. En este marco, la posesión de recursos estratégicos constituye un componente clave del poder relativo: el Estado que controla insumos que otros necesitan dispone de una ventaja estructural que le permite influir sobre el comportamiento de sus competidores sin necesidad de recurrir a la fuerza militar directa.

Aplicada a las tierras raras, la lógica waltziana sugiere que la asimetría en la capacidad de producción y refinado no es simplemente un hecho económico, sino un dato del sistema que condiciona las opciones estratégicas de todos los actores. La posición de China como proveedor cuasi-monopólico del procesamiento global le otorga una ventaja de poder estructural difícil de contrarrestar en el corto plazo.

2.2 El realismo ofensivo: Mearsheimer y la maximización del poder

John Mearsheimer, en The Tragedy of Great Power Politics (2001), desarrolla el realismo ofensivo, una variante que sostiene que los Estados no se conforman con mantener su posición relativa, sino que buscan activamente maximizar su poder en un sistema anárquico donde la supervivencia nunca está garantizada. Para Mearsheimer, la única forma de asegurar la seguridad es alcanzar una posición de hegemonía regional, lo que convierte la competencia entre grandes potencias en una constante estructural del sistema internacional.

La conducta china en el mercado de las tierras raras puede leerse eficazmente a través de esta lente: el dominio no solo de la extracción, sino de las patentes de refinado y de la fabricación de imanes permanentes constituye un intento deliberado de construir una ventaja de poder acumulativa que sea difícil de revertir. La expansión de las restricciones a la exportación a partir de 2023-2025 es consistente con una estrategia ofensiva que busca convertir una ventaja industrial en un instrumento de influencia geopolítica duradera.

2.3 Keohane y Nye: interdependencia compleja y vulnerabilidad asimétrica

Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, en Power and Interdependence (1977), desafiaron la ortodoxia neorrealista proponiendo el concepto de interdependencia compleja: una condición del sistema internacional en la que múltiples canales conectan a las sociedades —interestatales, transgubernamentales y

transnacionales—, la jerarquía entre temas es ambigua, y la fuerza militar no es siempre el instrumento más eficaz. En este marco, Keohane y Nye distinguen entre sensibilidad (el grado de respuesta ante perturbaciones externas) y vulnerabilidad (la disponibilidad y costo de las alternativas). La distinción es crucial: un Estado puede ser sensible a restricciones en el suministro de tierras raras, pero si tiene alternativas tecnológicas o nuevos proveedores, su vulnerabilidad es menor.

La situación actual de Occidente respecto a China en materiales críticos ilustra con precisión la trampa de la vulnerabilidad: Estados Unidos importaba en 2024 aproximadamente el 70% de sus tierras raras desde China, y esta cifra ascendía al 92% para los elementos pesados utilizados en defensa y electrónica de precisión. Construir cadenas alternativas, según analistas citados por fuentes como el Servicio Geológico de Estados Unidos y el CSIS, podría llevar entre 10 y 15 años. Esa brecha temporal es, en sí misma, un activo de poder para Beijing.

2.4 Buzan y la seguridad multisectorial

Barry Buzan, en People, States and Fear (1991) y en su posterior trabajo con Ole Wæver, amplió el concepto de seguridad más allá de la dimensión militar para incluir sectores económico, societario, medioambiental y político. La noción de “seguridad ampliada” resulta indispensable para comprender por qué las tierras raras han pasado a ser tratadas por los gobiernos como asuntos de seguridad nacional y no meramente como bienes de mercado. La “securitización” de un recurso —su conversión en tema de seguridad mediante actos de habla y políticas de Estado— transforma las reglas del juego: justifica restricciones al libre comercio, inversiones públicas no rentables a corto plazo, y la formación de alianzas estratégicas inusuales.

2.5 Fareed Zakaria y la erosión del orden liberal

El marco se completa con la perspectiva de Fareed Zakaria, quien en The Post-American World (2008) y, más recientemente, en Age of Revolutions (2024) describe una transición sistémica en la que el orden liberal construido tras 1945 y consolidado con el fin de la Guerra Fría enfrenta una erosión creciente. La globalización económica, lejos de producir convergencia política, ha fortalecido a potencias que utilizan instrumentos de mercado para fines de poder estatal. En este escenario de «post-unipolaridad», los recursos estratégicos como las tierras raras no son solo activos económicos: son instrumentos de lo que podría denominarse geoeconomía compulsiva, una forma de ejercer presión sin declarar conflicto abierto.

En síntesis, el marco teórico adoptado en este artículo es deliberadamente ecléctico: toma del neorrealismo la atención a la distribución de capacidades y la estructura anárquica del sistema; del realismo ofensivo, la lógica de maximización de poder; de la interdependencia compleja, las distinciones de sensibilidad y vulnerabilidad; de Buzan, la securitización de recursos; y de Zakaria, la perspectiva sobre la transición del orden internacional. Juntos, estos enfoques permiten capturar la complejidad de un fenómeno que no puede reducirse ni al economicismo puro ni al militarismo tradicional.

III. Desarrollo Analítico

3.1 La anatomía de la concentración: quién produce, quién refina, quién patenta

El primer nivel de análisis es empírico: ¿Cuál es la arquitectura real de la cadena de valor de las tierras raras? Comprender esta estructura es condición necesaria para evaluar el alcance del poder que se ejerce a través de ella.

En materia de producción bruta, los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para 2024 son contundentes: la producción mundial alcanzó aproximadamente 390.000 toneladas de óxidos equivalentes, de las cuales China aportó 270.000 toneladas, equivalentes al 69,2% del total global. Le siguieron Estados Unidos con 45.000 toneladas (11,5%), Myanmar con 31.000 (7,9%), Australia con 13.000 (3,3%) y Tailandia con un volumen similar. Brasil, India, Rusia y otros países suman el resto de la producción.

Pero la verdadera palanca de poder no reside en la mina, sino en el refinado: el proceso de convertir el mineral extraído en óxidos puros, metales y, finalmente, imanes permanentes de neodimio-hierro-boro (NdFeB), que son el insumo crítico para los motores eléctricos y los sistemas de armas guiados. En este eslabón, la concentración es aún más extrema: más del 90% del refinado mundial y de la producción de imanes permanentes se realiza en China o bajo control chino, con tecnologías propietarias. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), China representó en 2023 el 99% del procesamiento global de tierras raras pesadas —el disprosio, el terbio, el samario—, elementos especialmente críticos para aplicaciones de defensa y electrónica de alta precisión.

A esta ventaja en producción y procesamiento se añade un tercer plano de dominación estructural: las patentes. Entre 1950 y 2018, China registró más de 25.000 patentes relacionadas con tierras raras, frente a aproximadamente 10.000 de Estados Unidos. Este dato, documentado por diversas fuentes especializadas, implica que incluso si un tercer país lograra abrir una mina y construir una refinería, probablemente necesitaría licencias de tecnología china para operar de manera eficiente. La consecuencia práctica es que el dominio se ha vuelto autorreferencial: controlar el proceso significa controlar el conocimiento que da valor al proceso.

Empresas estatales como China Northern Rare Earth Group y Southern Rare Earth Group dominan la cadena de valor completa, respaldadas por una política industrial de largo aliento que combina subsidios, regulación ambiental selectiva y control de cuotas de exportación. Esta arquitectura institucional convierte a las tierras raras chinas en algo más que un recurso extractivo: son el núcleo de una estrategia de poder industrial que el Partido Comunista Chino ha cultivado durante décadas con una coherencia estratégica que contrasta con la fragmentación de respuestas occidentales.

El hallazgo reciente, reportado por la agencia estatal Xinhua en marzo de 2026, de 9,7 millones de toneladas adicionales de óxidos de tierras raras en la mina de Maoniuping (provincia de Sichuan) —que elevan las reservas totales del yacimiento a 10,4 millones de toneladas— consolida aún más la posición dominante de China, que según estos datos controlaría el 53,9% de las reservas mundiales confirmadas. Brasil (21 millones de toneladas) y Australia (6,3 millones) son los segundos y terceros tenedores de reservas, pero carecen de capacidad de procesamiento autónoma comparable.

3.2 El tablero de la rivalidad: China, Estados Unidos y la Unión Europea

El segundo nivel de análisis es estratégico: ¿Cómo se mueven los actores en este tablero? La rivalidad por las tierras raras no es una guerra convencional, sino una forma de competencia económica con consecuencias geopolíticas que se manifiesta a través de políticas industriales, controles de exportación, acuerdos de suministro y diplomacia de recursos.

China ha dado señales crecientes de disposición a utilizar su dominio en tierras raras como instrumento de presión geopolítica, con una racionalidad que se ajusta al modelo del realismo ofensivo de Mearsheimer. A partir de octubre de 2025, Beijing impuso un nuevo y amplio régimen de controles a la exportación que exige autorización gubernamental específica para cualquier envío de tierras raras —o de tecnologías de refinado y fabricación de imanes que utilicen procesos desarrollados en China— hacia empresas extranjeras que operen en defensa, electrónica avanzada o semiconductores. En abril de 2025, endureció los controles sobre el disprosio, el terbio y el samario. Los efectos en precios fueron inmediatos: el germanio aumentó su precio un 117% hasta el último trimestre de 2024 y el galio un 77%. El sistema de licencias convierte cada exportación en un examen geopolítico: ¿Quién compra?, ¿para qué lo usa?, ¿en qué país se integrará el producto final?

La respuesta de Estados Unidos ha sido progresiva pero estructuralmente insuficiente en el corto plazo. En 2024, la producción estadounidense alcanzó 45.000 toneladas de tierras raras —apenas una sexta parte de la producción china—, pero la capacidad de refinado nacional es mínima. Las dos principales empresas de extracción fuera de China, MP Materials y Lynas, han enfrentado dificultades para ampliar su capacidad de refinado a pesar de las cuantiosas inversiones del gobierno federal, según un informe de New Security Beat de 2024. La administración Trump impulsó en 2025 una estrategia de cadena “mine-to-magnet” —del mineral al imán— con contratos de suministro a largo plazo, y firmó una orden ejecutiva para explotar el fondo oceánico en busca de minerales críticos, iniciativa que enfrenta serias objeciones medioambientales. La búsqueda de acuerdos mineros en Ucrania y en África Central forma parte del mismo imperativo estratégico, aunque los analistas señalan consistentemente que construir una cadena alternativa operativa tomaría entre 10 y 15 años.

La iniciativa de acordar con Ucrania el acceso a sus yacimientos minerales —un territorio con reservas estimadas pero con infraestructura devastada por la guerra— ilustra lo que algunos analistas han denominado el “rebote magnético” de Washington ante el dominio chino: la urgencia estratégica lleva a explorar fuentes de suministro subóptimas antes que a abordar el problema estructural del refinado.

La Unión Europea, por su parte, aprobó en 2024 el Reglamento de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act, CRMA), que establece objetivos vinculantes para 2030: extraer el 10% de sus necesidades propias, procesar el 40% y reciclar el 25% de las materias primas críticas. Iniciativas de “minería urbana” —recuperación de tierras raras a partir de aparatos electrónicos reciclados, inspiradas en el modelo japonés— y programas de investigación para desarrollar imanes sin tierras raras forman parte de la respuesta europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió en 2023 ante el Parlamento Europeo la necesidad de no repetir con China la dependencia energética que se tuvo con Rusia. Sin embargo, la tensión entre los compromisos de seguridad de suministro y los intereses comerciales con Beijing —Europa importa bienes chinos que incorporan tierras raras procesadas y evita sanciones directas que pondrían en riesgo ese acceso— evidencia la trampa de la interdependencia de vulnerabilidad que describieron Keohane y Nye.

El patrón geopolítico emergente confirma la intuición de Waltz: la distribución asimétrica de capacidades en la cadena de valor de las tierras raras produce presiones sistémicas sobre todos los actores para reorganizar sus relaciones de suministro. La diferencia con el mundo de la Guerra Fría es que la rivalidad no se expresa principalmente en términos militares, sino a través de políticas industriales, licencias de exportación, acuerdos bilaterales y contención tecnológica. Es una nueva forma de bipolarismo —o de polarización— en la que el dominio de procesos industriales reemplaza al control de territorios como fuente primaria de poder estructural.

3.3 La dimensión de largo plazo: arquitectura tecnológica y energética del siglo XXI

El tercer nivel de análisis es prospectivo: ¿Qué nos dice la disputa por las tierras raras sobre el orden internacional que está emergiendo? Esta pregunta conecta directamente la coyuntura con las tendencias estructurales de largo plazo.

La demanda de tierras raras está impulsada por tres vectores que no muestran señales de reversión. El primero es la transición energética: los imanes de neodimio-praseodimio son imprescindibles para los motores de vehículos eléctricos y para los generadores de turbinas eólicas. El segundo es la digitalización y la inteligencia artificial: chips, sensores, pantallas LED y láseres requieren elementos como el cerio (Ce), el europeo y el terbio. El tercero es la modernización militar: sistemas de guía de misiles, motores de aeronaves, radares y sistemas de comunicación avanzados dependen de tierras raras pesadas. En 2024, el mercado global de tierras raras fue estimado entre 792 millones y 2.800 millones de dólares —las diferencias reflejan distintas metodologías de medición—, con proyecciones de crecimiento anual de entre el 5,8% y el 12,8% hasta 2035.

En este contexto, el control de la cadena de valor de las tierras raras equivale, en palabras de Gracelin Baskaran del CSIS, a haber convertido estos minerales en el “nuevo petróleo estratégico”. La analogía es instructiva aunque imperfecta: a diferencia del petróleo, cuya fungibilidad permite que diferentes fuentes sean sustituibles con relativa facilidad, la especificidad técnica de las tierras raras y la concentración de su procesamiento hacen que la dependencia sea más difícil de resolver mediante la simple diversificación de proveedores. No basta con tener la mina; hay que tener también la refinería, el laboratorio y la patente.

Esta realidad tiene implicaciones profundas para el orden internacional. Desde la perspectiva de Zakaria, vivimos una “era de revoluciones” en la que la convergencia de la globalización tecnológica, el cambio del poder económico hacia Asia y la erosión de las instituciones multilaterales produce un sistema más fragmentado y menos predecible. La pugna por las tierras raras es un síntoma de esta transición: refleja el esfuerzo de las grandes potencias por asegurar su autonomía estratégica en un mundo donde la interdependencia económica ya no garantiza cooperación política, sino que puede convertirse en vulnerabilidad.

La securitización de los minerales críticos —su tratamiento como asuntos de seguridad nacional en el sentido de Buzan— tiene consecuencias concretas para la arquitectura del comercio internacional. El libre mercado de materiales estratégicos cede terreno a un modelo más político, donde los países productores priorizan su soberanía tecnológica sobre la eficiencia de mercado. El régimen multilateral de comercio, ya debilitado por las guerras de aranceles y las tensiones tecnológicas entre China y Occidente, enfrenta una presión adicional: la lógica de la cadena de valor estratégica tiende a producir bloques de suministro diferenciados, organizados por criterios de alineación política más que de eficiencia económica.

La carrera por la inteligencia artificial añade una dimensión adicional de urgencia. La demanda de chips avanzados —que requieren tierras raras en su proceso de fabricación— se ha multiplicado exponencialmente con el auge de los modelos de lenguaje grande y los centros de datos de IA. Empresas como Nvidia, cuyo valor bursátil ha superado los cinco billones de dólares, dependen de insumos que pasan, directa o indirectamente, por cadenas de valor con componentes chinos. La arquitectura tecnológica del futuro —quién lidera en IA, en energía limpia, en sistemas de defensa de próxima generación— estará en parte determinada por quién controla el acceso a los materiales que hacen posibles estas tecnologías.

Los países del Sur Global, especialmente aquellos con reservas identificadas pero sin capacidad de procesamiento, se encuentran ante una oportunidad histórica pero también ante el riesgo de reproducir los patrones de dependencia de la era colonial: exportar materia prima y depender de la tecnología y el capital foráneo para agregar valor. Argentina, por ejemplo, posee yacimientos identificados con potencial en provincias como Salta, Jujuy y San Juan, con estimaciones que superan las 3,3 millones de toneladas, según el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Sin inversiones específicas en capacidad de procesamiento y en marcos normativos adecuados, estas reservas difícilmente se convertirán en poder estratégico.

IV. Conclusiones: La tesis confirmada y la proyección estratégica

El análisis desarrollado en este artículo permite responder de manera directa a la tesis propuesta: las tierras raras no son un mero insumo industrial. Son, en la coyuntura actual, uno de los instrumentos más sofisticados de poder relacional disponibles en el sistema internacional. Su concentración geográfica y la asimetría en el procesamiento —con China controlando más del 90% del refinado global, el 71% de las patentes relevantes y virtualmente el 100% del procesamiento de tierras raras pesadas— han producido una forma de dependencia estructural que afecta incluso a las potencias que más activamente buscan diversificar sus fuentes de suministro.

La lógica neorrealista de Waltz se confirma: la distribución asimétrica de capacidades genera presiones sistémicas que condicionan el comportamiento de todos los actores, independientemente de sus preferencias ideológicas o institucionales. El realismo ofensivo de Mearsheimer añade una dimensión crucial: China no ha llegado a esta posición por accidente, sino como resultado de una estrategia deliberada de maximización del poder a través del dominio de cadenas de valor que, a diferencia del poder militar, es difícilmente contrarrestable en el corto plazo mediante contrabalanceo convencional.

La interdependencia compleja de Keohane y Nye ofrece, sin embargo, el matiz indispensable: la dependencia no es unilateral. China necesita los mercados y la tecnología de Occidente tanto como Occidente necesita los materiales chinos. La manipulación de la interdependencia asimétrica es un arma de doble filo: endurecerla demasiado puede acelerar la diversificación occidental, reducir a largo plazo la demanda china de productos de valor añadido, e incluso provocar respuestas que erosionen el propio acceso chino a tecnologías que aún importa. Esta tensión entre la lógica del poder estructural y la lógica de los costos de la confrontación define el espacio de maniobra de todas las partes.

La securitización de Buzan y la perspectiva de Zakaria sobre la erosión del orden liberal completan el cuadro: estamos ante un sistema internacional en transición, donde las reglas del juego del libre comercio y el multilateralismo se aplican de manera selectiva y crecientemente condicionada por consideraciones de seguridad de suministro. Las tierras raras son un caso de laboratorio de esta tendencia general: ilustran cómo la interdependencia económica puede convertirse en vulnerabilidad estratégica cuando la distribución del poder subyacente es suficientemente asimétrica.

En perspectiva estratégica, caben cuatro proyecciones fundamentales. Primera: la construcción de cadenas de valor alternativas en Occidente es una necesidad estructural, pero llevará al menos una década y requerirá inversiones públicas sostenidas que desafían la lógica del mercado. Segunda: la disputa por las tierras raras acelerará la fragmentación del sistema comercial global en bloques tecnológicos diferenciados, organizados en torno a criterios de confianza geopolítica más que de eficiencia económica. Tercera: los países del Sur Global con reservas de minerales críticos se convertirán en objeto de intensa competencia diplomática y financiera entre las grandes potencias, lo que puede representar tanto una oportunidad para su desarrollo como el riesgo de reproducir dependencias históricas. Cuarta: la carrera por la inteligencia artificial y la transición energética elevarán la demanda de tierras raras a niveles sin precedentes, lo que hará la disputa más intensa, no menos.

En última instancia, las tierras raras son el espejo de un orden internacional en transformación. Quien controle la cadena de valor de estos materiales no solo controlará una ventaja económica; tendrá en sus manos una parte significativa de la arquitectura tecnológica y energética del siglo XXI. La geometría del poder global ya ha cambiado. Lo que está por verse es si los actores que aún no lo comprenden plenamente tendrán tiempo suficiente para adaptarse.

RESUMEN

El estrecho de Taiwán se ha convertido en el epicentro del sistema internacional contemporáneo, donde convergen la ambición revisionista de la República Popular China, la política de ambigüedad estratégica de Estados Unidos y los límites operativos de la disuasión moderna. Este artículo analiza la lógica de Realpolitik que subyace a la presión militar de Pekín sobre Taiwán, argumentando que dicha presión no responde únicamente a un imperativo de reunificación territorial, sino a una estrategia deliberada de erosión del statu quo sin detonación de conflicto abierto. A través de un marco teórico que integra las contribuciones de Morgenthau, Schelling, Mearsheimer, Waltz y Buzan, el artículo examina tres dimensiones analíticas: la lógica estratégica de la Realpolitik china, la crisis funcional de la ambigüedad estratégica estadounidense y las implicaciones para la credibilidad de la disuasión occidental. Se concluye que la ambigüedad estratégica, lejos de preservar la estabilidad, ha devenido en una fuente estructural de riesgo por error de cálculo, y que Taiwán representa hoy el test más crítico para el orden internacional liberal.

Palabras clave: Taiwán, Realpolitik, disuasión, ambigüedad estratégica, China, Estados Unidos, Asia-Pacífico, zona gris, Estrecho de Taiwán.

I. Introducción

El 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán registró uno de los episodios de actividad militar china más intensos en años recientes: más de cien aeronaves de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL) operando simultáneamente alrededor de la isla, noventa de las cuales cruzaron la línea media del estrecho —una frontera informal que durante décadas había servido como barrera de facto para la estabilidad regional—. Ese mismo día, trece buques de guerra y catorce embarcaciones de la Guardia Costera y la Administración de Seguridad Marítima chinas completaron el cerco. Al día siguiente, el EPL lanzó veintisiete cohetes desde la provincia de Fujian, diez de los cuales impactaron en aguas a menos de veinticuatro millas náuticas del territorio taiwanés (DeMarco, 2026). Este episodio, extraordinario en su escala, no es una anomalía: es la expresión más reciente de una lógica estratégica sistemática que Pekín ha perfeccionado durante la última década.

El caso de Taiwán ha trascendido hace tiempo los límites de una disputa territorial bilateral. La isla se ha transformado en el nodo donde colisionan las tres grandes fuerzas que definirán el orden internacional del siglo XXI: la ambición revisionista de China, la política de contención-compromiso de Estados Unidos y la solidez —o fragilidad— de la arquitectura disuasiva occidental. Comprender esta convergencia exige ir más allá de las narrativas simplificadoras que reducen la cuestión a una pugna entre nacionalismo chino y democracia taiwanesa. La tesis que guía el presente artículo es más específica y más inquietante: la presión militar creciente de Pekín sobre Taiwán no obedece únicamente a un imperativo de reunificación territorial, sino a una lógica de Realpolitik —término que designa la política exterior fundada en el poder y el interés nacional, con independencia de consideraciones morales o legales— orientada a redefinir el equilibrio de poder en Asia-Pacífico y a erosionar el statu quo sin desencadenar, al menos por ahora, un conflicto abierto.

En este contexto, la ambigüedad estratégica estadounidense —la política deliberada de no especificar si Washington defenderá militarmente a Taiwán en caso de ataque chino— ha dejado de ser el instrumento estabilizador que sus defensores concibieron en 1979. Lejos de disuadir tanto a Pekín como a Taipéi de acciones imprudentes, la ambigüedad se ha convertido en una fuente estructural de riesgo: cuanto más difuminada está la línea roja, mayor es la probabilidad de un error de cálculo que escale hacia el conflicto. Taiwán, en suma, no solo representa una disputa de soberanía sino el test más crítico para la credibilidad de la disuasión occidental y para el futuro del orden internacional basado en reglas.

El artículo está organizado en cuatro secciones. La primera establece el marco teórico, integrando los aportes de los principales teóricos de las relaciones internacionales sobre poder, disuasión y cambio sistémico. Las tres secciones de desarrollo analítico examinan, respectivamente: la lógica de la Realpolitik china y su estrategia de zona gris; la crisis funcional de la ambigüedad estratégica estadounidense; y las implicaciones para la arquitectura de seguridad regional. Las conclusiones responden directamente a la tesis central y proyectan los escenarios estratégicos más plausibles.

II. Poder, Disuasión y Orden Internacional

El análisis de la crisis en el estrecho de Taiwán requiere un andamiaje conceptual capaz de articular tres dimensiones que con frecuencia se estudian de manera aislada: la dinámica del poder interestatal, la lógica de la disuasión y los procesos de cambio en el orden internacional. Para ello, el presente artículo integra las contribuciones de cinco autores canónicos cuyas teorías, leídas en conjunto, iluminan aspectos distintos —y complementarios— de la situación actual.

2.1 Morgenthau y la Primacía del Poder Nacional

Hans J. Morgenthau, en su obra fundacional Politics Among Nations (1948), estableció que los Estados actúan movidos por la búsqueda del poder como fin en sí mismo o como medio para garantizar la supervivencia y la influencia. Su concepto de interés nacional definido en términos de poder (interest defined as power) ofrece la clave interpretativa para comprender la conducta de Pekín: la presión sobre Taiwán no es un arrebato emocional de nacionalismo, sino una política calculada orientada a expandir la esfera de influencia china en Asia-Pacífico. Para Morgenthau, la estabilidad internacional depende del equilibrio de poder; cuando un actor percibe que puede modificar ese equilibrio a su favor sin costos prohibitivos, tiene incentivos estructurales para intentarlo. Es precisamente este cálculo el que China parece estar ejecutando en el estrecho.

2.2 Mearsheimer y el Revisionismo Estructural

John J. Mearsheimer, en The Tragedy of Great Power Politics (2001), sostiene que las grandes potencias son revisionistas por naturaleza: en un sistema internacional anárquico —es decir, sin una autoridad central que garantice la seguridad—, todo Estado con capacidades crecientes intentará maximizar su poder relativo hasta alcanzar la hegemonía regional. La ascensión de China no sería, desde esta perspectiva, una anomalía sino la repetición de un patrón histórico. Mearsheimer predijo, con décadas de anticipación, que una China poderosa desafiaría la presencia estadounidense en Asia-Pacífico de la misma manera en que Estados Unidos expulsó a las potencias europeas del hemisferio occidental durante el siglo XIX. La estrategia china respecto a Taiwán —incrementar gradualmente los costos de intervención para Estados Unidos sin cruzar el umbral del conflicto abierto— es coherente con la lógica del realismo ofensivo que describe Mearsheimer.

2.3 Schelling y la Coerción Graduada

Thomas Schelling, en Arms and Influence (1966), distinguió entre la fuerza bruta (force) y la coacción (coercion), argumentando que las potencias sofisticadas prefieren amenazar con el daño antes que infligirlo directamente. Su concepto de compellence —la coacción que busca obligar al adversario a cambiar de conducta, en contraposición a la disuasión que busca impedirle actuar— describe con precisión la estrategia china contemporánea. Pekín no está preparándose simplemente para invadir Taiwán; está ejecutando una campaña de presión graduada —ejercicios militares cada vez más intensos, incursiones en la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa, operaciones de zona gris— diseñada para paralizar la voluntad de resistencia de Taipéi y erosionar la credibilidad del compromiso estadounidense. Schelling advirtió que la credibilidad de la disuasión depende no solo de la capacidad militar sino de la voluntad demostrada de usarla: es precisamente esta voluntad la que la ambigüedad estratégica pone en duda.

2.4 Waltz y el Equilibrio Sistémico

Kenneth Waltz, en Theory of International Politics (1979), argumentó que la estructura del sistema internacional —el número y la distribución de poder entre las grandes potencias— determinan las conductas de los Estados con mayor fuerza que sus atributos internos. Desde su perspectiva neorrealista, el desafío chino a Taiwán es en parte una consecuencia predecible de la transición hacia un sistema multipolar: a medida que el poder relativo de Estados Unidos declina y el de China crece, el equilibrio de poder que durante décadas garantizó la seguridad de Taiwán se erosiona estructuralmente. Waltz también fue pionero en señalar que la proliferación nuclear no siempre desestabiliza, pues puede generar equilibrios de terror que inhiben la guerra convencional; sin embargo, en el caso taiwanés, la asimetría nuclear entre China —que posee el arma— y Taiwán —que no la posee— añade una dimensión adicional de vulnerabilidad a la parte más débil.

2.5 Buzan y la Seguridad Regional

Barry Buzan, en People, States and Fear (1991) y en su teoría de los complejos regionales de seguridad desarrollada con Ole Wæver, ofreció una herramienta analítica fundamental para comprender Taiwán más allá de la díada China-Estados Unidos. Para Buzan, la seguridad en cualquier región está determinada por las interdependencias entre actores vecinos: las percepciones de amenaza y las respuestas que generan forman complejos entrelazados. En Asia-Pacífico, la presión china sobre Taiwán no puede analizarse en aislamiento: involucra a Japón —cuyo primer ministro ha declarado explícitamente que un conflicto en el estrecho no sería un asunto bilateral—, a Corea del Sur, a Australia y a las Filipinas, donde los enfrentamientos con embarcaciones chinas en el Mar de China Meridional han escalado con preocupante regularidad durante 2024 y 2025 (Fox News, 2026). La perspectiva de Buzan revela que cualquier acción militar en el estrecho activaría una cascada de dilemas de seguridad a escala regional que los modelos puramente diádicos no capturan.

La síntesis de estos cinco marcos teóricos permite articular la tesis central del artículo: la presión de China sobre Taiwán es estructuralmente racional desde la lógica del realismo ofensivo, se ejecuta mediante la coerción graduada descrita por Schelling, está impulsada por la transición de poder sistémica que anticipa Waltz, es sostenida por la lógica de interés nacional que describe Morgenthau y genera externalidades en un complejo regional de seguridad que Buzan fue el primero en cartografiar.

III. La Lógica de la Realpolitik China: Erosión sin Conflagración

La comprensión de la estrategia de Pekín respecto a Taiwán exige descartar dos lecturas igualmente distorsionantes: la que la reduce a un capricho ideológico de Xi Jinping y la que la presenta como un plan de invasión inminente con fecha fija. La evidencia empírica disponible sugiere una lógica más sofisticada: China está ejecutando una campaña de largo plazo orientada a redefinir el statu quo de manera incremental, maximizando la presión coercitiva mientras minimiza el riesgo de una respuesta armada directa de Estados Unidos.

El patrón de ejercicios militares de los últimos años documenta esta lógica con claridad. Tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán en agosto de 2022, el EPL rodeó la isla con buques y aeronaves, simuló por primera vez un bloqueo completo y realizó lanzamientos de misiles balísticos en los mares circundantes —ejercicios más extensos que los de la Tercera Crisis del Estrecho de Taiwán en 1996 (Proceedings, 2025). Esta escalada respondía al patrón de las subsecuentes: los ejercicios Joint Sword de abril de 2023 fueron desencadenados por la reunión de la presidenta Tsai Ing-wen con el presidente de la Cámara Kevin McCarthy; los ejercicios Joint Sword A de mayo de 2024 y Joint Sword B de octubre de 2024 coincidieron respectivamente con la toma de posesión del presidente Lai Ching-te y su discurso del Día Nacional (FPRI, 2025). En diciembre de 2024, por primera vez, los tres comandos militares orientados al mar del EPL —Norte, Este y Sur— participaron conjuntamente en operaciones en las aguas orientales de China, un hito en las capacidades de operaciones conjuntas multidominio chinas (FPRI, 2025).

La característica más reveladora de esta evolución no es la escala de los ejercicios sino su contenido. A diferencia de los driles de las décadas anteriores, que se concentraban en ensayar desembarcos anfibios, los ejercicios recientes enfatizan el cerco, las maniobras de bloqueo, las demostraciones de misiles sin impacto y la coordinación entre fuerzas navales, aéreas, de cohetes y de guardia costera. La inclusión prominente de embarcaciones de aplicación de la ley —guardia costera y administración marítima— no es accidental: señala un desplazamiento conceptual desde la preparación para la conquista militar hacia el ensayo de una estrategia de cuarentena o bloqueo con cobertura de aplicación de la ley (DeMarco, 2026). Esta distinción es jurídica y políticamente crucial: un bloqueo ejecutado por guardacostas ocupa un espacio más ambiguo en el derecho internacional que una operación naval de guerra, lo que complica la respuesta de potencias externas y genera tiempo para la paralización política.

En paralelo con la escalada cinética, China ha intensificado sus operaciones en el dominio de la zona gris —un espacio de actividad estatal deliberadamente diseñado para quedar por debajo del umbral que detonaría una respuesta militar formal del adversario. Según datos de Taiwan Insight (2025), solo durante 2025 se registraron más de 1.200 incursiones de aeronaves del EPL en la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa. En febrero de 2025, el Consejo de Relaciones Exteriores documentó 362 aeronaves del EPL violando la ADIZ taiwanesa en un solo mes —el número más alto desde octubre de 2024 (CFR, 2025). A estas operaciones aéreas y navales se suman acciones de sabotaje de infraestructura: en febrero de 2025, las autoridades taiwanesas detuvieron a la tripulación del carguero Hong Tai por seccionar deliberadamente un cable de telecomunicaciones submarino que conecta la isla principal de Taiwán con las islas Penghu, en una operación que la guardia costera taiwanesa no descartó como parte de una operación de zona gris dirigida por Pekín (CFR, 2025).

La racionalidad subyacente a esta estrategia multidimensional es explicable desde la tradición del pensamiento estratégico chino clásico. Como recuerda la Foundation for Defense of Democracies (2024), la estrategia del Partido Comunista Chino de lograr objetivos políticos sin combate directo no es nueva: hunde sus raíces en Sun Tzu y en la doctrina de la victoria sin batalla. La globalización ha multiplicado los vectores de coacción disponibles para China: vínculos económicos, dependencias tecnológicas, operaciones de información y desinformación, todo ello orquestado para debilitar la cohesión interna de Taiwán y erosionar la voluntad de sus potenciales defensores externos antes de que deba librarse —si alguna vez debe librarse— una batalla convencional. Que Taiwán sea el principal destino de exportaciones chinas, con un superávit comercial de 81.700 millones de dólares en 2024, añade una dimensión de vulnerabilidad económica que Pekín conoce y puede explotar (Asthana Writes, 2025).

La dimensión ideológica tampoco puede descartarse. Xi Jinping ha elevado la reunificación a componente central de su visión de ‘gran rejuvenecimiento de la nación china’, declarando en el XIX Congreso del Partido en 2017 que la unificación es parte del ‘Sueño Chino’ y repitiendo en su discurso de Año Nuevo del 31 de diciembre de 2024 que ‘nadie puede detener la tendencia histórica de la reunificación de la patria’ (FPRI, 2025). Para el Partido Comunista Chino, ningún líder puede abandonar el objetivo de reunificación sin pagar un costo político existencial —una restricción estructural que acota el espacio de negociación y que Xi ha centralizado aún más bajo su control personal (Tandfonline, 2023). Sin embargo, la ideología y la estrategia no se contradicen: los plazos del Partido son suficientemente flexibles como para privilegiar la coerción graduada sobre la aventura militar de alto riesgo mientras el balance de capacidades y voluntades sea favorable a la paciencia estratégica.

IV. La Crisis Funcional de la Ambigüedad Estratégica

La ambigüedad estratégica, en su formulación canónica, tiene una lógica de doble contención: al no comprometerse explícitamente a defender a Taiwán, Washington pretende disuadir a China de atacar (por el riesgo de una respuesta que podría materializarse) y disuadir a Taiwán de declarar la independencia (pues no puede contar con apoyo automático). Esta arquitectura de incertidumbre calculada fue codificada en la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que compromete a Estados Unidos a mantener la capacidad de resistir el uso de la fuerza contra Taiwán pero no le obliga a intervenir militarmente (CFR, 2026).

Durante décadas, este equilibrio funcionó razonablemente bien. La pregunta que concentra hoy la atención académica y política es si continúa funcionando en las condiciones estratégicas del siglo XXI. La investigación empírica de T.Y. Wang (2025), publicada en un estudio revisado por pares que analiza datos de encuestas en Taiwán recopilados durante veinte años, documenta que los ciudadanos taiwaneses mantienen una confianza elevada en que Estados Unidos acudiría en su defensa en caso de conflicto armado —confianza que, paradójicamente, podría reforzar el apoyo a políticas percibidas como provocadoras por Pekín si Washington optara por la claridad estratégica. El estudio concluye que la ambigüedad estratégica sigue siendo crucial para la paz y la estabilidad a través del estrecho (Wang, 2025). Sin embargo, esta conclusión debe contrastarse con la evolución del entorno operacional.

El entorno operacional ha cambiado de manera fundamental desde 1979 en al menos tres dimensiones. Primera: la modernización militar del EPL ha alterado el balance de capacidades de manera estructural. El informe anual del Pentágono sobre capacidades militares chinas, publicado a finales de 2025, reiteró que los análisis de defensa estadounidenses ven al EPL desarrollando capacidades que podrían permitirle combatir y ganar una guerra por Taiwán hacia 2027 —un horizonte temporal que ha conformado crecientemente la planificación de Estados Unidos y sus aliados (Fox News, 2026). El arsenal antimisil chino, que incluye los misiles antibuque YJ-8, YJ-12, DF-21 y DF-26 —este último con alcance de 2.500 millas, capaz de alcanzar instalaciones militares estadounidenses en Guam y Japón— amenaza la capacidad de la Marina estadounidense de operar con impunidad en el Pacífico occidental (Journal of Indo-Pacific Affairs, 2025). Segunda: la naturaleza de la coerción china ha trascendido los escenarios de invasión convencional para incluir bloqueos, operaciones de zona gris y guerra económica, frente a los cuales el mecanismo disuasivo clásico —la promesa de respuesta militar directa— resulta parcialmente inaplicable.

Tercera, y quizás más importante: la ambigüedad estratégica tiene un problema de credibilidad que se agrava con el tiempo. Como señala el análisis de War on the Rocks (DeMarco, 2026), la estrategia china apunta a lograr resultados políticos mediante la parálisis: agotando los procesos de toma de decisiones, fracturando alianzas y reformulando las percepciones de riesgo e inevitabilidad. El objetivo no es necesariamente la ocupación militar de Taiwán sino su acomodación coercitiva bajo presión económica creciente y ante la visible realización de que el apoyo externo es tardío, disputado o condicional. En este escenario, la derrota de Taiwán no sería una ocupación sino una capitulación inducida por la percepción de abandono —un resultado ante el cual la ambigüedad estratégica ofrece escasa protección.

Las declaraciones del presidente Biden, quien afirmó en al menos tres ocasiones entre 2021 y 2024 que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán en caso de ataque chino —declaraciones que la Casa Blanca desmintió sistemáticamente sin cambio formal de política—, ilustran la tensión irresuelta entre la lógica política de la claridad y la doctrina establecida de la ambigüedad (CFR, 2026). El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 añadió una capa adicional de incertidumbre: aunque su administración no se ha apartado formalmente de los pilares de la política tradicional hacia Taiwán, el penchant transaccional de Trump en política exterior ha generado inquietud en Taipéi ante la posibilidad de que Washington intercambie garantías de seguridad por concesiones comerciales con Pekín —inquietud que la Crisis Group (2026) documenta como un factor de creciente inestabilidad en el estrecho—. El encuentro Trump-Xi en Corea del Sur en octubre de 2025 y la tregua comercial resultante han añadido una variable de ambigüedad adicional respecto al alcance real de los compromisos estadounidenses.

Desde el punto de vista de la teoría de la disuasión, el problema estructural de la ambigüedad en el contexto actual puede formularse con precisión: la credibilidad de la disuasión requiere que el adversario perciba tanto la capacidad como la voluntad de respuesta. La capacidad militar estadounidense, aunque erosionada en términos relativos por la modernización del EPL, sigue siendo formidable. Es la voluntad demostrada la que la ambigüedad sistemáticamente socava. Cada declaración presidencial desdichada, cada episodio de zona gris respondido con pasividad y cada señal de fractura aliada reduce el costo esperado que China percibe de sus acciones coercitivas, acercando el equilibrio al punto donde el error de cálculo —la estimación incorrecta de que una acción no generará respuesta— se convierte en una probabilidad no trivial. Como sintetizó Schelling hace seis décadas: la disuasión no falla porque el poder militar sea insuficiente, sino porque la voluntad de usarlo no es creíble.

V. Implicaciones para la Arquitectura de Seguridad Regional y el Orden Internacional

Las tensiones en el estrecho de Taiwán no son un asunto bilateral circunscrito a China y a la isla: son el vértice visible de una reconfiguración más profunda del orden de seguridad en Asia-Pacífico y, por extensión, del sistema internacional. Tres dimensiones analíticas permiten capturar esta amplitud: el efecto demostración de la política china sobre el conjunto del sistema internacional; las implicaciones para la cohesión de las alianzas occidentales; y las dinámicas internas que condicionan la capacidad de respuesta de los actores implicados.

En cuanto al efecto demostración, la forma en que se resuelva —o no se resuelva— la presión china sobre Taiwán enviará señales potentes a actores revisionistas en todo el mundo sobre los costos y beneficios de desafiar el orden internacional basado en reglas. Si Pekín logra cambiar el statu quo taiwanés mediante coerción graduada sin activar una respuesta significativa de Occidente, habrá demostrado que la estrategia de erosión es viable frente a la disuasión extendida estadounidense. Este efecto demostración no se limita a Asia: repercutiría sobre la percepción de credibilidad de los compromisos de defensa estadounidenses en Europa del Este, Oriente Próximo y el propio Indo-Pacífico. El MIT Security Studies Program (2025) ha señalado que la credibilidad de la política de Una China de Washington y del apoyo de Pekín a la reunificación pacífica se erosionan mutuamente, creando una dinámica en la que ambas partes hacen cálculos cada vez más riesgosos sobre las intenciones del otro.

La cohesión aliada es el segundo vector de vulnerabilidad. Japón ha dado pasos significativos hacia una mayor implicación en la seguridad del estrecho: su primer ministro reconoció explícitamente que un conflicto en Taiwán no permanecería como un asunto bilateral, declaración que provocó una airada reacción de Pekín que acusó a Tokio de abandonar su contención de posguerra y alinearse con los esfuerzos estadounidenses de contención (Fox News, 2026). Australia ha reforzado la cooperación de seguridad en el Indo-Pacífico, y el tratado de defensa mutua estadounidense con Filipinas ha cobrado nueva relevancia ante los enfrentamientos repetidos entre embarcaciones chinas y filipinas en el Mar de China Meridional durante 2024 y 2025 (Fox News, 2026). Sin embargo, la cohesión aliada tiene límites. La pregunta de si cada aliado estaría dispuesto a comprometerse en un conflicto de alta intensidad sobre Taiwán —con sus enormes costos económicos y el riesgo de escalada nuclear— sigue abierta. Yoder (2025) documenta que, si bien hay consenso académico en que China cree actualmente que Estados Unidos intervendría ante una invasión unilateral, la respuesta estadounidense a la zona gris y su voluntad de sostener el combate hasta la victoria son considerablemente menos claras.

La dimensión interna taiwanesa añade una tercera variable de complejidad. Desde que el presidente Lai Ching-te asumió el poder en mayo de 2024, Taiwán padece un bloqueo político institucional: el ejecutivo, controlado por el Partido Democrático Progresista (PDP) favorable a la soberanía, enfrenta una legislatura dominada por el Kuomintang (KMT) y el Partido del Pueblo de Taiwán (TPP), ambos más inclinados al compromiso con el continente. Esta parálisis ha retrasado la aprobación legislativa para aumentar el gasto en defensa y las reformas de seguridad nacional, estancando incluso el presupuesto gubernamental para 2026 (Crisis Group, 2026). Pekín observa este cuadro de debilidad institucional y lo considera una ventana de oportunidad: si la parálisis interna taiwanesa impide que la isla construya capacidades defensivas creíbles, la ventana temporal favorable para China se amplía. El dilema de seguridad se vuelve así doblemente asimétrico: China moderniza sus fuerzas a ritmo acelerado mientras Taiwán lucha con la cohesión política necesaria para financiar su propia defensa.

La arquitectura económica global también está en juego. Taiwán produce aproximadamente el 90% de los semiconductores más avanzados del mundo a través de la empresa TSMC, y su posición en la cadena de suministro global de tecnología es prácticamente insustituible en el horizonte de corto y mediano plazo. Cualquier interrupción de la producción semiconductor taiwanesa —ya sea por bloqueo, conflicto o coerción— generaría una perturbación económica global de proporciones difíciles de cuantificar. Esta dependencia tecnológica es, paradójicamente, tanto un escudo para Taiwán como una potencial fuente de presión: las economías avanzadas que dependen de los chips taiwaneses tienen incentivos adicionales para preservar la estabilidad del estrecho, pero también vulnerabilidades que Pekín puede explotar si decide utilizar la amenaza de interrupción como instrumento coercitivo.

VI. Conclusiones: El Test de la Credibilidad

La tesis central de este artículo puede ahora responderse con respaldo empírico y teórico: Taiwán es efectivamente el punto de convergencia donde colisionan la ambición revisionista de China, la ambigüedad estratégica de Estados Unidos y los límites reales de la disuasión contemporánea. La presión militar de Pekín responde a una lógica de Realpolitik consistente, no a impulsos ideológicos episódicos. China está ejecutando una estrategia de parálisis y erosión que no requiere —y de hecho prefiere evitar— el conflicto abierto, mientras redefine las reglas del juego a su favor mediante acciones acumulativas que individualmente quedan por debajo del umbral de respuesta armada pero que colectivamente transforman el statu quo.

La ambigüedad estratégica, concebida como instrumento estabilizador en 1979, opera hoy en un entorno estratégico cualitativamente diferente. El balance de capacidades militares se ha desplazado; la naturaleza de la coerción china ha trascendido los escenarios de invasión convencional; la credibilidad de la voluntad de respuesta estadounidense está sistémicamente degradada por décadas de señales contradictorias; y las dinámicas internas tanto en Washington como en Taipéi añaden variables de incertidumbre que Pekín puede explotar. La advertencia de Schelling sigue siendo la más pertinente: cuando la voluntad de usar la fuerza no es creíble, la disuasión no falla de forma súbita sino que se deshilacha gradualmente hasta el punto donde el error de cálculo se convierte en inevitable.

La proyección estratégica más plausible no es la guerra inminente sino la continuación y profundización de la estrategia china de presión graduada: más ejercicios más extensos e intensivos, mayor normalización de las incursiones en la ADIZ, incremento de las operaciones de zona gris en infraestructura submarina y comunicaciones, y explotación de la parálisis política interna taiwanesa. El horizonte 2027 —citado recurrentemente en los documentos del Pentágono como fecha en que el EPL podría contar con capacidades para ganar una guerra sobre Taiwán— no es necesariamente una fecha de invasión sino una cota de capacidades que ampliaría significativamente el menú de opciones coercitivas disponibles para Pekín.

Para que la disuasión recupere su funcionalidad, se requieren ajustes en al menos tres planos. En el plano de las capacidades, Estados Unidos y sus aliados deben contrarrestar la amenaza de misiles antibuque del EPL con inversiones sostenidas en capacidades de negación de área y en resiliencia de las bases avanzadas. En el plano de la credibilidad, el debate sobre la conveniencia de transitar hacia la claridad estratégica —un compromiso explícito de defensa de Taiwán— merece una deliberación política seria, asumiendo con honestidad sus riesgos: la claridad estratégica podría fortalecer la disuasión pero también podría alimentar expectativas taiwanesas que incentiven provocaciones. En el plano de la cohesión aliada, la construcción de mecanismos de consulta y respuesta conjunta entre Estados Unidos, Japón, Australia y otros actores del Indo-Pacífico es indispensable para que la disuasión extendida sea creíble frente a una China que apuesta sistemáticamente por la fragmentación aliada.

Taiwán, en última instancia, es más que un punto de tensión regional. Es el test más riguroso que el orden internacional liberal ha enfrentado desde el fin de la Guerra Fría: un examen de si las reglas, las normas y los compromisos que estructuran la convivencia interestatal tienen peso real cuando son desafiadas por una gran potencia con paciencia estratégica, recursos suficientes y disposición a operar en los márgenes de la legalidad internacional. La respuesta que el sistema internacional dé —o no dé— a ese desafío determinará en gran medida la arquitectura del orden mundial en las próximas décadas.

Resumen

El presente artículo examina el rol de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos como nodos críticos del orden geopolítico internacional. Se sostiene que su control confiere a Turquía una forma de hegemonía funcional sobre la circulación entre el Mar Negro y el Mediterráneo, transformando el principio de libre navegación en instrumento de Realpolitik. El análisis integra perspectivas teóricas de la geopolítica clásica y contemporánea, el derecho internacional marítimo y la teoría de las relaciones internacionales, y se apoya en evidencia empírica derivada de la Guerra de Ucrania (desde 2022) y del proyecto Kanal Istanbul. Se concluye que, en un contexto de fragmentación del orden liberal, los estrechos turcos emergen como palancas de soberanía selectiva capaces de redefinir las reglas tácitas del poder en el siglo XXI.

Palabras clave: Bósforo, Dardanelos, Convención de Montreux, Turquía, geopolítica marítima, chokepoints, Realpolitik, Mar Negro.

1. Introducción

En la cartografía del poder internacional, existen geografías que pesan más que otras. No por sus dimensiones, sino por la densidad de intereses que concentran y la asimetría de consecuencias que su control genera. Los estrechos del Bósforo y los Dardanelos —dos angostos pasajes de agua que conectan el Mar Negro con el Mar de Mármara y este con el Mediterráneo— pertenecen a esa categoría excepcional. Con una longitud combinada inferior a los cien kilómetros, constituyen la única salida natural al mar abierto para Bulgaria, Georgia, Rumanía, Rusia, Ucrania y las propias costas septentrionales de Turquía (Wikipedia, s.f.-a). Esta condición de monopolio geográfico los transforma, de manera inevitable, en instrumentos políticos.

La tesis que orienta este artículo es que los estrechos del poder no son meros corredores marítimos, sino nodos críticos donde la geografía se convierte en estrategia: su control permite a Turquía ejercer una forma de hegemonía funcional sobre la circulación entre el Mar Negro y el sistema internacional, transformando el principio de libre navegación en un instrumento de Realpolitik. En un contexto de creciente fragmentación del orden global, estos chokepoints —término anglosajón que designa los puntos de estrangulamiento del comercio y el tráfico naval— emergen como palancas decisivas de soberanía selectiva, capaces de condicionar tanto el equilibrio militar regional como la fluidez del comercio global, redefiniendo así las reglas tácitas del acceso, la influencia y el poder en el siglo XXI.

Para sustentar esta tesis, el artículo se organiza en cuatro partes. En primer lugar, se construye un marco teórico que convoca a siete autores clave del pensamiento geopolítico y de las relaciones internacionales. A continuación, el desarrollo analítico se articula en tres secciones temáticas: el régimen jurídico que formaliza el control turco (Convención de Montreux), la instrumentalización estratégica de dicho control en el conflicto ucraniano, y la proyección futura mediante el proyecto Kanal Istanbul. Las conclusiones ofrecen una respuesta directa a la tesis y trazan una proyección estratégica para la próxima década.

2. Geografía, Poder y Estrechos

El estudio de los estrechos como instrumentos de poder requiere articular perspectivas teóricas provenientes de la geopolítica clásica, el neorrealismo, la teoría de la interdependencia y el derecho internacional. A continuación, se presenta la contribución de siete autores fundamentales para el análisis.

2.1. Alfred Thayer Mahan y el poder marítimo

El almirante Alfred Thayer Mahan sentó, en su obra The Influence of Sea Power upon History (1890), los fundamentos del pensamiento geopolítico marítimo moderno. Para Mahan, el dominio de los mares era la condición sine qua non de la grandeza nacional: los chokepoints —que él denominaba posiciones estratégicas de control— eran tan decisivos como los campos de batalla terrestres. Su argumento central sostenía que quien controlara los puntos de paso obligado entre mares y océanos tendría una ventaja estructural irreversible sobre sus competidores (Mahan, 1890/2007). Aplicado al Bósforo y los Dardanelos, el razonamiento mahaniano es cristalino: la potencia que custodie estos estrechos puede denegar o conceder el acceso al Mar Negro, convirtiendo ese poder de cierre en un activo estratégico de primer orden.

2.2. Halford Mackinder y el pivote euroasiático

Halford Mackinder, en su célebre conferencia ante la Royal Geographical Society (1904), formuló la teoría del Heartland, según la cual el control del núcleo euroasiático era la clave del dominio mundial. En su esquema geopolítico, los estrechos turcos constituyen la bisagra entre el Heartland y el Rimland marítimo: son, en su lenguaje, una de las puertas que conectan el corazón continental con el sistema oceánico (Mackinder, 1904/2004). La relevancia contemporánea de Mackinder reside en que su marco sigue siendo útil para entender por qué Rusia ha codiciado históricamente el control o el libre acceso a los estrechos: sin ellos, la proyección naval rusa desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo y más allá queda bloqueada de manera efectiva.

2.3. Nicholas Spykman y el poder del Rimland

Nicholas Spykman invirtió el argumento de Mackinder en su obra The Geography of the Peace (1944), argumentando que no era el Heartland interior, sino el Rimland periférico —la franja costera que rodea Eurasia—, el espacio estratégico decisivo. En la lógica de Spykman, Turquía ocupa un nodo esencial del Rimland euroasiático, y sus estrechos son la articulación entre el Mar Negro y el Mediterráneo, entre el espacio postsoviético y el sistema atlántico-occidental (Spykman, 1944/2007). Esta perspectiva anticipa la centralidad que Turquía adquirió durante la Guerra Fría como flanco sur de la OTAN y su renovada relevancia en el siglo XXI.

2.4. Zbigniew Brzezinski y el Gran Tablero

Zbigniew Brzezinski, en El gran tablero mundial (1997), clasificó a Turquía como un pivote geopolítico: un Estado cuya importancia estratégica deriva menos de su poder propio que de su posición geográfica y de la capacidad de su inestabilidad —o estabilidad— para afectar a potencias mayores. Para Brzezinski, Turquía actuaba como el puente de Europa hacia Oriente Medio (Brzezinski, 1997, citado en Global Strategy Report, 2024). Décadas después, esa clasificación subestima el poder activo que Ankara ha desarrollado: el pivote ha devenido actor, y sus estrechos, instrumentos de negociación autónoma.

2.5. John Mearsheimer y el realismo ofensivo

El realismo ofensivo de John Mearsheimer sostiene que los Estados maximizan su poder relativo de manera continua, dado que el sistema internacional es inherentemente anárquico y ningún actor puede estar seguro de las intenciones ajenas (Mearsheimer, 2001). Bajo esta lente, el comportamiento de Turquía respecto a los estrechos es perfectamente racional: Ankara utiliza el control sobre el Bósforo y los Dardanelos para extraer concesiones, mantener equidistancia estratégica y acumular poder de negociación frente a la OTAN y Rusia simultáneamente. El realismo ofensivo predice, además, que cualquier revisión del régimen jurídico de los estrechos —como la que plantea el Canal de Estambul— será resistida por las potencias que se vean perjudicadas.

2.6. Robert Keohane e interdependencia asimétrica

Robert Keohane, junto con Joseph Nye, desarrolló en Power and Interdependence (1977) el concepto de interdependencia asimétrica: la potencia que dependa menos de una relación, y cuyos costes de ruptura sean menores, tendrá mayor poder de negociación. Esta noción es directamente aplicable a los estrechos turcos: Turquía no necesita que los buques pasen para sobrevivir económicamente, pero los países ribereños del Mar Negro sí necesitan que pasen para comerciar y proyectarse militarmente. Esta asimetría otorga a Ankara una ventaja estructural que puede activar discrecionalmente (Keohane & Nye, 1977/2012).

2.7. Alexander Wendt y el constructivismo

Por su parte, Alexander Wendt, en Social Theory of International Politics (1999), recuerda que las estructuras del sistema internacional no son materiales sino intersubjetivas: lo que importa no es solo quién controla los estrechos, sino qué significados le atribuyen los actores a ese control. La narrativa turca de ‘autonomía estratégica’ y ‘equilibrio entre bloques’ no es solo un cálculo racional: es la construcción de una identidad de potencia bisagra que legitima internamente y externamente el uso discrecional de los estrechos como instrumento político (Wendt, 1999). Esta dimensión ideacional complementa y complejiza los análisis puramente materiales.

3. Desarrollo Analítico

3.1. La Convención de Montreux: El Derecho como Arquitectura del Poder

El 20 de julio de 1936, en la localidad suiza de Montreux, diez naciones firmaron el tratado que definiría el régimen jurídico de los estrechos turcos hasta el presente. La Convención de Montreux sobre el Régimen de los Estrechos devolvió a Turquía la soberanía plena sobre el Bósforo y los Dardanelos —perdida tras la derrota en la Primera Guerra Mundial—, y estableció un marco normativo de singular complejidad que distingue entre tiempos de paz y de guerra, y entre buques mercantes y de guerra (Wikipedia, s.f.-b). Su vigencia, más de ocho décadas después, la convierte en uno de los tratados internacionales más longevos del mundo en activo materia marítima (Global Strategy, 2022).

El núcleo del régimen instaurado por Montreux descansa en tres pilares. El primero es la libertad de tránsito para la marina mercante: en tiempos de paz, los buques comerciales de cualquier bandera pueden transitar los estrechos libremente, de día y de noche, independientemente de su carga (La Estrella de Panamá, 2022). El segundo pilar son las restricciones al tránsito de buques de guerra, particularmente para las potencias no ribereñas del Mar Negro: sus naves militares deben tener un desplazamiento inferior a las 15.000 toneladas, no puede haber más de nueve de ellas simultáneamente en tránsito, y su tonelaje conjunto no puede superar las 30.000 toneladas (Wikipedia, s.f.-b). El tercer pilar es el poder de cierre: en situaciones de guerra o de amenaza inminente, Turquía puede cerrar los estrechos a los buques de guerra de las naciones beligerantes (Lex Maris News, 2022).

Esta arquitectura jurídica, sin embargo, no opera en el vacío. En 1982 se incorporó una enmienda que permite a Turquía el cierre de los estrechos a su entera discreción, tanto en tiempos de paz como durante conflictos bélicos (Wikipedia, s.f.-b). Adicionalmente, Turquía ha rechazado ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), lo que blinda a Montreux de cualquier presión de adaptación al derecho marítimo contemporáneo (Wikipedia, s.f.-b). Esta combinación —soberanía ampliada, texto restrictivo para terceros y rechazo al multilateralismo superveniente— configura lo que aquí denominamos una arquitectura del poder: un régimen jurídico que, formalmente, garantiza el libre paso, pero que en la práctica otorga a Turquía un poder discrecional de regulación excepcional.

La asimetría es reveladora. Mientras que el tráfico mercante —que transporta hidrocarburos del Mar Caspio y el Mar Negro hacia los mercados europeos, cereales desde los puertos ucranianos y rusos, y fertilizantes hacia África y Asia— goza teóricamente de libre tránsito, ese mismo tráfico es vulnerable a la tensión geopolítica circundante. La guerra en Ucrania demostró que la interrupción del comercio en el Mar Negro tiene efectos en cascada sobre precios de alimentos y energía a escala global (El Mercantil, 2024). La Convención de Montreux no creó neutralidad: creó dependencia asimétrica. Y esa dependencia es la base estructural sobre la que Turquía edifica su influencia.

3.2. La Guerra de Ucrania como Laboratorio Geopolítico

El 24 de febrero de 2022, la invasión rusa de Ucrania convirtió los estrechos turcos en el objeto más escrutado de la diplomacia internacional. En cuestión de días, el mundo descubrió que un tratado firmado en una pequeña localidad suiza en 1936 tenía consecuencias operativas directas sobre la guerra en el siglo XXI. El 27 de febrero de 2022, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavuşoğlu, anunció que Turquía implementaría la Convención de Montreux, generando confusión entre los actores: Kiev interpretó inicialmente que Ankara cerraba el estrecho a los buques rusos; Turquía matizó que simplemente estaba aplicando el artículo 19 del tratado, que prohíbe el paso de buques de guerra de naciones beligerantes, salvo que regresen a su puerto base (Global Strategy, 2022).

Esta ambigüedad calculada no fue accidental. Fue la manifestación más nítida de lo que los analistas denominan la política de equilibrio estratégico de Ankara: <la ambivalencia no es incoherencia, es una estrategia para maximizar su relevancia y mantener canales con todos los centros de poder> (IGADI, 2025). Turquía condenó formalmente la invasión, vendió drones Bayraktar a Ucrania, cerró los estrechos a refuerzos navales rusos procedentes del Mediterráneo, facilitó negociaciones de paz y canjes de prisioneros en suelo turco, y al mismo tiempo se negó a imponer sanciones a Moscú y protegió el tránsito de los buques rusos que regresaban a sus puertos del Mar Negro (IDHUS, 2025). Cada uno de estos movimientos fue ejecutado con referencia explícita a la Convención de Montreux: el tratado se convirtió en escudo jurídico y en instrumento de negociación simultáneamente.

El artículo 19 del convenio reviste especial importancia estratégica en este contexto. Dicho artículo, que Turquía invocó en el conflicto ucraniano, deniega el paso a los buques de guerra beligerantes, pero admite una excepción crucial: los navíos pueden transitar si regresan a su puerto de matrícula (Aquilino Cayuela, 2023). Esto significa que Rusia pudo repatriar sus buques anclados en el Mediterráneo, mientras que las flotas de la OTAN no pudieron reforzar su presencia en el Mar Negro. En la práctica, la aplicación del artículo 19 consolidó la superioridad relativa de Rusia en el teatro marítimo del Mar Negro durante las fases iniciales del conflicto.

Desde una perspectiva comercial, las consecuencias también fueron sistémicas. El Mar Negro concentra el tráfico de petróleo, trigo y fertilizantes que abastecen a múltiples regiones del planeta. Rusia produce el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, y su principal puerto de exportación, Novorossiysk —situado en el Mar Negro—, procesó 92,7 millones de barriles de crudo solo en 2023 (El Mercantil, 2024). Cualquier perturbación de ese flujo se transmite a los mercados de alimentos y energía con una velocidad que las cadenas de suministro modernas no pueden amortiguar fácilmente. La invasión rusa interrumpió gravemente el flujo de cereales, petróleo y otros productos básicos a través del Mar Negro, poniendo en evidencia la influencia geopolítica que el control de los estrechos confiere a Turquía (Infobae, 2026).

Esta situación confirma la hipótesis central de este artículo: Turquía no solo custodia un corredor de paso; administra un punto de estrangulamiento del orden económico internacional. Y lo hace con una destreza que combina el derecho internacional con el cálculo de Realpolitik. Ankara no cierra los estrechos de manera arbitraria —ello violaría Montreux y dañaría su reputación diplomática—; pero regula, matiza e interpreta el tratado de manera que maximiza su autonomía y su poder de negociación. Se trata, en suma, de soberanía selectiva: la capacidad de elegir cuándo la norma sirve al interés nacional y cuándo conviene aplicarla con mayor o menor literalidad.

3.3. Kanal Istanbul: La Geografía Rediseñada como Instrumento Estratégico

Si la Convención de Montreux constituye la arquitectura jurídica del poder turco sobre los estrechos, el proyecto Kanal Istanbul representa su potencial reconfiguración geográfica. Anunciado por primera vez en 2011 por Recep Tayyip Erdoğan, entonces primer ministro, el ‘proyecto loco’ —como el propio Erdoğan lo denominó en diversas ocasiones— consiste en la construcción de un canal artificial de 45 kilómetros de longitud, paralelo al Bósforo, que conectaría el Mar Negro con el Mar de Mármara (France 24, 2021). Con 25 metros de profundidad y entre 250 y 1.000 metros de ancho según los tramos, el canal convertiría a la parte europea de Estambul, técnicamente, en una isla (Yahoo Noticias, 2021).

La dimensión geopolítica del proyecto es tan significativa como sus cuestionamientos técnicos y ambientales. El punto de inflexión es la relación del canal con la Convención de Montreux: dado que el Bósforo es el único canal natural que vincula el Mar Negro con el Mar de Mármara, el tratado de 1936 le es aplicable de manera inequívoca. Sin embargo, Kanal Istanbul es una vía artificial, y el propio Erdoğan declaró en múltiples oportunidades que la Convención de Montreux no tendría vigencia en la nueva vía navegable (Global Voices, 2021). En términos prácticos, eso significaría que Turquía podría permitir el ingreso de cualquier embarcación militar al Mar Negro, incluyendo las de bandera estadounidense, sin las restricciones de tonelaje y notificación que impone Montreux.

Esta perspectiva desató reacciones inmediatas. Las alarmas se encendieron en Rusia al considerar que el canal supondría un nuevo acceso de navegación para los adversarios de la OTAN al Mar Negro, un espacio estratégico de especial sensibilidad desde la anexión de Crimea en 2014 (La Nación, 2021). Un grupo de almirantes turcos retirados publicó una declaración advirtiendo de los peligros de un posible retiro de la Convención de Montreux (Global Voices, 2021). Pero más allá de la reacción rusa, el proyecto expone la naturaleza del cálculo estratégico turco: Ankara no necesita construir el canal para obtener beneficios de su mera existencia como amenaza plausible. La posibilidad de sortear Montreux mediante una vía artificial incrementa el poder de negociación turco frente a todas las partes interesadas.

El gobierno turco reconoció en julio de 2025 que no tenía planes inmediatos para llevar adelante la construcción del controvertido canal (Hispanatolia, 2025). Esta declaración no elimina el proyecto del horizonte estratégico, pero sí revela la naturaleza del instrumento: Kanal Istanbul ha funcionado como una opción estratégica latente, cuya mera enunciación altera los cálculos de Rusia, la OTAN y los países ribereños del Mar Negro. En el tablero geopolítico, la amenaza creíble de un movimiento puede ser tan poderosa como el movimiento mismo.

La controversia ambiental tampoco es irrelevante desde una perspectiva geopolítica. Los expertos advierten que la conexión artificial podría impactar la salinidad de ambos mares y destruir ecosistemas críticos (Global Voices, 2021). Si la construcción avanzara, Turquía enfrentaría resistencia interna y presión internacional que reduciría sus márgenes de maniobra. La decisión de pausar el proyecto, por tanto, también puede leerse como pragmatismo estratégico: preservar la opción sin asumir los costes.

4. Conclusiones: Soberanía Selectiva en el Siglo XXI

Los estrechos del Bósforo y los Dardanelos no son simplemente angostas vías de agua: son la materialización física de una asimetría estructural en el sistema internacional contemporáneo. A lo largo de este artículo se ha argumentado que su control otorga a Turquía una forma de hegemonía funcional que no requiere superioridad militar absoluta ni dominio económico regional: basta con la capacidad de regular el acceso para que la geografía se convierta en instrumento de poder.

La respuesta a la tesis central es afirmativa y matizada. El principio de libre navegación, consagrado en la Convención de Montreux como garantía universal, ha sido transformado en un instrumento de Realpolitik mediante un mecanismo sofisticado: Ankara no niega el libre paso de manera sistemática, sino que administra las ambigüedades, excepciones y facultades discrecionales del tratado para maximizar su posición negociadora frente a las grandes potencias. Esta soberanía selectiva —la capacidad de elegir cuándo y cómo aplicar la norma en función del interés nacional— constituye la innovación estratégica más relevante que Turquía ha desplegado en el presente siglo.

La evidencia empírica de la Guerra de Ucrania confirma esta hipótesis con precisión notable. Turquía aplicó el artículo 19 de Montreux de tal manera que impidió el refuerzo naval occidental en el Mar Negro, permitió el retorno de los buques rusos a sus puertos base, facilitó negociaciones de paz en su territorio y extrajo reconocimiento diplomático de todas las partes —sin pagar el coste de ninguna sanción ni de ninguna beligerancia directa. Esta política de equilibrio, señalada por autores como Dalay (2022) y analizada desde el realismo ofensivo de Mearsheimer (2001), no es una contradicción de sus compromisos con la OTAN: es su racionalización estratégica más avanzada.

Desde una proyección estratégica hacia la próxima década, tres tendencias merecen atención especial. En primer lugar, la creciente fragmentación del orden multilateral liberal —ilustrada por el debilitamiento de la CONVEMAR, las tensiones dentro de la OTAN y la reconfiguración de las rutas energéticas globales— ampliará el margen de maniobra de actores como Turquía que poseen recursos geográficos singulares. La incapacidad de ‘Ormuz no es el único punto débil del comercio mundial’ para ser reemplazado fácilmente (Infobae, 2026) se aplica igualmente a los estrechos turcos: no existe una ruta alternativa viable para los países del Mar Negro.

En segundo lugar, la posibilidad de que el proyecto Kanal Istanbul sea retomado en un contexto internacional diferente mantiene una incertidumbre estructural sobre el futuro del régimen de Montreux. Si Turquía lograra construir una vía artificial eximida del tratado, la asimetría de poder que hoy ejerce se multiplicaría: Ankara podría seleccionar qué flujos navales se someten al régimen convencional y cuáles no, convirtiendo la geopolítica de los estrechos en un mercado de acceso donde Turquía es el único vendedor.

En tercer lugar, el auge de la doctrina Mavi Vatan —’Patria Azul’— como horizonte de expansionismo marítimo turco sugiere que Ankara concibe sus estrechos no solo como un punto de control pasivo, sino como la base de proyección de una potencia naval mediterránea y del Mar Negro con ambiciones regionales de mayor alcance (Global Strategy Report, 2024). En este escenario, los estrechos del poder dejan de ser un simple instrumento de regulación para convertirse en el núcleo de una gran estrategia turca en construcción.

Concluimos, por tanto, que en el siglo XXI la geografía no ha perdido relevancia: la ha concentrado. Los chokepoints —Ormuz, Malaca, el Canal de Suez, Bab el-Mandeb, el Bósforo y los Dardanelos— son los puntos donde el mapa sigue determinando el destino. Y en esa cartografía del poder, ningún actor ha sabido convertir su posición geográfica en ventaja estratégica con mayor pericia que Turquía.

Los estrechos del poder no son reliquias de la geopolítica del siglo XX: son el laboratorio donde se definen las reglas del orden del siglo XXI.

RESUMEN

La crisis de seguridad marítima en el Golfo de Adén y el Mar Rojo, desencadenada por los ataques de las fuerzas hutíes a partir de noviembre de 2023, representa uno de los episodios más significativos de perturbación del comercio global del siglo XXI. Desde una perspectiva teórica que integra el neorrealismo estructural (Waltz, Mearsheimer) y la teoría de la interdependencia compleja (Keohane y Nye), el presente artículo argumenta que dicha crisis no constituye un evento aislado, sino la manifestación contemporánea de un dilema estructural del sistema internacional: la incapacidad creciente de las grandes potencias para garantizar bienes públicos globales en un contexto de competencia estratégica. La evidencia empírica —incluyendo una caída del 61% en los ingresos del Canal de Suez en 2024, la desviación de más de 2.000 buques hacia el Cabo de Buena Esperanza, y la fragmentación de las respuestas multilaterales— ilustra tanto la erosión del orden liberal basado en reglas como la vulnerabilidad sistémica de las cadenas de suministro globales ante actores no estatales dotados de capacidades asimétricas.

Palabras clave: Golfo de Adén, seguridad marítima, hutíes, neorrealismo, interdependencia compleja, bienes públicos global, Canal de Suez, cadenas de suministro.

I. El Mar como Espejo del Orden Internacional

Desde la antigüedad, el control de las rutas marítimas ha constituido uno de los pilares sobre los que se erige el poder de las naciones. El Golfo de Adén —esa franja de agua que conecta el Mar Rojo con el Océano Índico, flanqueada al norte por la Península Arábiga y al sur por el Cuerno de África— no es la excepción a esta lógica histórica. Sin embargo, la irrupción de la crisis de seguridad marítima que se desató en noviembre de 2023, cuando las fuerzas hutíes del Yemen comenzaron su campaña sistemática de ataques contra el tráfico comercial internacional, reveló más que una amenaza regional: expuso las fracturas estructurales de un orden internacional que, tras décadas de relativa estabilidad hegemónica, enfrenta su reto más serio en materia de gobernanza de los espacios marítimos globales.

El 19 de noviembre de 2023, las fuerzas de Ansar Allah —conocidas internacionalmente como los hutíes— abordaron el buque portacoches Galaxy Leader en el Mar Rojo, marcando el inicio de una campaña bélica marítima sin precedentes en la historia reciente. En el transcurso de los siguientes meses, más de 190 ataques habían sido registrados a octubre de 2024, y cerca de 500 para comienzos de 2025 (Grokipedia, 2025). El impacto fue inmediato y devastador: los ingresos anuales del Canal de Suez cayeron de un récord histórico de 10.250 millones de dólares en 2023 a apenas 3.991 millones en 2024, una contracción del 61% (Autoridad del Canal de Suez, citada en Arab News, 2025). Más de 2.000 buques desviaron sus rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza para marzo de 2024, añadiendo entre 10 y 14 días de tránsito adicional a cada viaje y costos de combustible de hasta un millón de dólares por travesía (Wikipedia, Crisis del Mar Rojo, 2025).

La tesis central de este artículo sostiene que la crisis en el Golfo de Adén no constituye un episodio aislado de inseguridad marítima, sino la manifestación contemporánea de un dilema estructural del sistema internacional: la incapacidad de las potencias para garantizar bienes públicos globales en un contexto de competencia estratégica creciente. Desde una lectura neorrealista, la reactivación de amenazas al tránsito marítimo revela una erosión del orden liberal basado en reglas; mientras que, en clave de interdependencia compleja (Keohane y Nye), expone la vulnerabilidad crítica de las cadenas globales frente a actores estatales y no estatales. En el corto plazo, la crisis tensiona la seguridad energética y comercial; en perspectiva, anticipa una reconfiguración del control marítimo donde la fragmentación del poder sustituye la estabilidad hegemónica.

El argumento se desarrolla en cuatro movimientos. Primero, se establece el marco teórico, integrando las contribuciones de Waltz, Mearsheimer, Keohane, Nye, Gilpin, Buzan, Modelski, Grotius y el concepto de bienes públicos globales de Kaul et al. Segundo, se analiza la anatomía de la amenaza hutí y sus dimensiones geopolíticas. Tercero, se examina la fractura de la respuesta multilateral como síntoma de la erosión hegemónica. Cuarto, se evalúan las implicaciones para la seguridad energética y las cadenas de suministro globales. El artículo cierra con conclusiones que proyectan el escenario estratégico emergente.

II. Hegemonía, Bienes Públicos y la Fragilidad del Orden Marítimo

El análisis de la crisis del Golfo de Adén requiere un andamiaje conceptual capaz de dar cuenta simultáneamente de las dinámicas de poder entre grandes potencias, la vulnerabilidad de los sistemas económicos globalizados, y el papel de actores no estatales en la perturbación del orden internacional. Para ello, este artículo recurre a una síntesis teórica que articula el neorrealismo estructural, la teoría de la estabilidad hegemónica, la interdependencia compleja y el marco de los bienes públicos globales.

2.1. Neorrealismo Estructural: Anarquía y Dilemas de Seguridad Marítima

El neorrealismo estructural, formulado en su versión canónica por Kenneth Waltz en Theory of International Politics (1979), parte de la premisa de que el sistema internacional es esencialmente anárquico: no existe una autoridad supranacional con capacidad coercitiva para imponer el orden. En este contexto, los Estados —y los actores que actúan en su nombre o con su apoyo— compiten permanentemente por poder y seguridad. La provisión de bienes colectivos, incluida la libertad de navegación en los mares internacionales, es estructuralmente inestable porque ninguna entidad está obligada a costearla y porque cada potencia tiene incentivos para free-riding, es decir, para beneficiarse de la provisión de otros sin asumir los costos correspondientes.

John Mearsheimer, en The Tragedy of Great Power Politics (2001), radicaliza esta lógica al postular que las grandes potencias maximizan su posición relativa de manera ofensiva. Bajo esta óptica, la fragmentación de la respuesta occidental ante los ataques hutíes no responde únicamente a diferencias tácticas, sino a cálculos estratégicos divergentes sobre cuánto costo político y militar vale la pena asumir en una región cuyo control beneficia de forma desigual a las distintas potencias. China, notablemente, mantuvo sus buques transitando por la ruta del Mar Rojo al ser exceptuada de los ataques hutíes, obteniendo una ventaja competitiva sin contribuir a la seguridad del corredor (Grokipedia, 2025).

2.2. Teoría de la Estabilidad Hegemónica y el Bien Público Marítimo

Robert Gilpin, en War and Change in World Politics (1981), y Charles Kindleberger, en su análisis de la Gran Depresión, desarrollaron la teoría de la estabilidad hegemónica (Hegemonic Stability Theory), según la cual el orden internacional —incluido el libre comercio y la libertad de navegación— requiere de un hegemón dispuesto a absorber los costos de su provisión. El dominio naval estadounidense del siglo XX fue precisamente el garante de la libertad de navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, convirtiendo estos corredores en bienes públicos globales de facto. La crisis actual revela que este modelo está bajo una presión sin precedentes.

Inge Kaul, Isabelle Grunberg y Marc Stern, en Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century (1999), definen los bienes públicos globales como aquellos cuyo consumo es no excluible y no rival a escala transnacional. La libertad de navegación en aguas internacionales encaja perfectamente en esta categoría: su provisión beneficia a todos los actores del comercio mundial, y la exclusión de un beneficiario es prácticamente imposible sin el control total del corredor. Lo que la crisis del Golfo de Adén demuestra es que cuando el hegemón —en este caso, Estados Unidos— carece de la voluntad o la capacidad de proveer unilateralmente este bien público, el sistema entra en una fase de subprovisión crónica con consecuencias sistémicas.

2.3. Interdependencia Compleja: Vulnerabilidad Asimétrica y Actores No Estatales

Robert Keohane y Joseph Nye, en Power and Interdependence (1977), introdujeron el concepto de interdependencia compleja para describir un tipo de relación entre Estados caracterizada por múltiples canales de interacción —incluyendo actores transnacionales y transgubernamentales—, por la ausencia de jerarquía clara entre temas en la agenda internacional, y por el uso limitado de la fuerza militar como instrumento de política exterior. Esta teoría resulta especialmente pertinente para entender la crisis del Golfo de Adén porque captura con precisión la paradoja central del escenario: las economías más poderosas del mundo se encuentran estructuralmente vulnerables ante un actor no estatal —los hutíes— que opera con recursos comparativamente mínimos pero que genera costos sistémicos desproporcionados.

El concepto de sensibilidad —la velocidad y el costo con que los cambios en un sector se transmiten a otros actores— y el de vulnerabilidad —la incapacidad de un actor para ajustarse sin incurrir en costos significativos— son herramientas analíticas centrales en este artículo. Las cadenas de suministro globales, construidas sobre el supuesto de estabilidad de las rutas marítimas, exhiben niveles de sensibilidad y vulnerabilidad extraordinariamente altos ante perturbaciones en los puntos de estrangulamiento (chokepoints) como el Estrecho de Bab el-Mandeb. Este dato estructural no es accidental: es el resultado de décadas de optimización logística bajo el paradigma del just-in-time, que maximiza la eficiencia en condiciones de normalidad pero amplifica la fragilidad sistémica ante choques externos.

2.4. La Dimensión del Sistema-Mundo y las Rutas Marítimas

George Modelski, en Long Cycles in World Politics (1987), y Immanuel Wallerstein, en su análisis del sistema-mundo capitalista, señalaron la centralidad de las rutas marítimas en la estructuración del poder global. El control de los corredores oceánicos no es meramente militar: es el núcleo de la proyección económica de las potencias centrales sobre la periferia. Desde esta perspectiva, la incapacidad de garantizar la seguridad del Golfo de Adén no representa solo un fallo táctico; es un síntoma de la reconfiguración estructural de las jerarquías del sistema internacional.

Barry Buzan, en People, States and Fear (1991) y en su posterior trabajo sobre la Teoría de los Complejos de Seguridad Regional, ofrece una categoría adicional de análisis: la securitización, entendida como el proceso mediante el cual un actor político convierte un asunto en una amenaza existencial que justifica medidas de emergencia más allá de las normas ordinarias. Los hutíes han empleado magistralmente esta lógica, securitizando la cuestión palestina para construir una narrativa de resistencia que les otorga legitimidad regional y deslegitima cualquier respuesta militar occidental ante sus propias audiencias internas. Esto explica, en parte, la ausencia de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos de las coaliciones navales occidentales, a pesar de que sus intereses económicos se encuentran directamente afectados.

Finalmente, el sustrato jurídico del debate remite a Hugo Grotius y su concepto de Mare Liberum (1609), que estableció el principio de la libertad de los mares como fundamento del derecho internacional marítimo moderno, posteriormente codificado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982). La crisis del Golfo de Adén pone de manifiesto la brecha entre el derecho declarado y la capacidad coercitiva real para hacerlo cumplir, revelando la naturaleza profundamente política —y no meramente jurídica— de la gobernanza marítima internacional.

III. Desarrollo Analítico

3.1. Anatomía de la Amenaza: Los Hutíes como Actores de Negación de Acceso Marítimo

Para comprender la dimensión estratégica de la crisis del Golfo de Adén, es indispensable analizar la naturaleza del actor que la desencadena. El movimiento Ansar Allah —los hutíes— no es un actor improvisado. Surgido de las guerras de Saada de los años 2000 en el norte del Yemen, este grupo alcanzó el control de la capital Sanaa en septiembre de 2014 y desde entonces gobierna de facto el territorio que incluye la costa yemení del Mar Rojo y el Estrecho de Bab el-Mandeb, el cuello de botella que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén (Wikipedia, Crisis del Mar Rojo, 2025). Este posicionamiento geográfico es el activo estratégico fundamental del movimiento: controla físicamente uno de los cinco puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del planeta.

Los hutíes iniciaron su campaña marítima de forma gradual, organizada en fases progresivas de escalada que el Washington Institute (2024) documentó con precisión. La primera fase, iniciada en octubre de 2023, se centró en misiles contra Israel y ataques a buques vinculados a puertos israelíes en el Mar Rojo. La segunda fase, en diciembre de 2023, amplió los objetivos a todos los buques que se dirigieran a puertos israelíes. La tercera fase, en enero de 2024, incorporó los buques con vínculos con Estados Unidos y el Reino Unido. La cuarta fase, anunciada en mayo de 2024, declaró objetivo cualquier embarcación comercial que el grupo considerara con destino israelí, independientemente de su bandera. Este patrón revela una estrategia deliberada de escalada controlada, diseñada para maximizar la presión política sobre Israel y sus aliados mientras se mantiene cierta capacidad de negociación.

El arsenal hutí resulta particularmente revelador de la lógica de la guerra asimétrica en el siglo XXI. Los hutíes desplegaron misiles balísticos antibuque, drones de largo alcance —basados en el modelo iraní Shahed-136—, misiles de crucero antibuque y vehículos de superficie no tripulados (USV), todo ello suministrado o inspirado tecnológicamente por Irán (Grokipedia, 2025). El Center for Maritime Strategy (2024) señaló el dato más perturbador desde el punto de vista estratégico: la disparidad de costos entre el atacante y el defensor. Un dron hutí de ataque puede costar entre 10.000 y 20.000 dólares, mientras que un misil SM-2 o SM-6 desplegado por los destructores estadounidenses para interceptarlo supera los dos millones de dólares por unidad. Para enero de 2025, el Vicealmirante Brendan McLane informó que la US Navy había neutralizado 380 proyectiles hutíes utilizando 120 misiles SM-2, 80 SM-6, 20 misiles evolucionados de corto alcance y 160 rondas de artillería (Wikipedia, Operación Prosperity Guardian, 2025). Esta asimetría de costos es estructuralmente insostenible para el poder hegemónico.

El impacto cuantificable sobre el tráfico marítimo fue extraordinario. Para marzo de 2024, más de 2.000 buques habían desviado sus rutas fuera del Mar Rojo, evitando el corredor del Golfo de Adén (Wikipedia, Crisis del Mar Rojo, 2025). La agencia de clasificación marítima Lloyd’s List Intelligence documentó que el número de tránsitos por el Canal de Suez cayó de aproximadamente 2.068 en noviembre de 2023 a cerca de 877 en octubre de 2024 (Washington Institute, 2024). El flujo diario de tráfico comercial en el Estrecho de Bab el-Mandeb descendió de aproximadamente 4,0 millones de toneladas métricas a finales de 2023 a un mínimo de 1,7 millones de toneladas a comienzos de 2024, una contracción del 57,5% (Atlas Institute, 2025). El flujo de petróleo crudo a través del estrecho pasó de 8,8 millones de barriles diarios —el promedio registrado por la Administración de Información Energética de EE. UU. antes de la crisis— a apenas 4 millones de barriles por día en agosto de 2024 (Frontiers in Political Science, 2025).

Un dato revelador de la dimensión geopolítica del conflicto es la excepción china. Las investigaciones documentaron que los buques chinos —y en menor medida rusos— continuaron utilizando la ruta del Mar Rojo con relativa impunidad, al ser exceptuados implícitamente de la campaña hutí (Grokipedia, 2025). Este patrón de selectividad no es accidental: refleja la estructura de alianzas estratégicas que subyacen al conflicto. Irán, patrocinador de los hutíes, tiene relaciones de cooperación estratégica con China y Rusia, dos actores que a su vez bloquearon o diluyeron las iniciativas multilaterales en el Consejo de Seguridad de la ONU. La Resolución 2722 del Consejo de Seguridad, adoptada en enero de 2024 para condenar los ataques hutíes, fue adoptada con la abstención de Rusia y China (Wikipedia, Crisis del Mar Rojo, 2025), quienes propusieron enmiendas que habrían reconocido la causa palestina como el factor desencadenante y eliminado el respaldo a la Operación Prosperity Guardian.

3.2. La Fractura Multilateral: Cuando el Orden Liberal No Puede Gobernarse a Sí Mismo

Si la naturaleza del actor hutí revela las nuevas modalidades de la guerra asimétrica en el siglo XXI, la respuesta internacional a sus ataques expone con igual claridad las fracturas del multilateralismo liberal. La comunidad internacional desplegó dos respuestas paralelas —y en cierta medida competidoras— que ilustran tanto la voluntad de acción como las limitaciones estructurales del orden internacional contemporáneo.

La primera respuesta fue la Operación Prosperity Guardian (OPG), anunciada por el Secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin el 18 de diciembre de 2023. La coalición reunió inicialmente a más de 20 países, aunque diez de ellos participaron de forma anónima (Wikipedia, OPG, 2025). El mandato de la operación era claro: garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo, el Estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén mediante escoltas navales y la intercepción activa de proyectiles. Sin embargo, desde el primer momento, la operación exhibió las tensiones políticas que atraviesan las alianzas occidentales: Francia declaró que sus buques permanecerían bajo mando nacional; Italia hizo lo propio con su fragata Virginio Fasan; España vetó explícitamente su participación bajo bandera de la OPG (Breaking Defense, 2024). Más revelador aún fue que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos —cuyas economías dependen directamente de la estabilidad del corredor— se abstuvieron de participar públicamente en cualquiera de las coaliciones, temerosos del costo político doméstico que implicaría ser vistos como aliados de Israel durante la guerra de Gaza (Breaking Defense, 2024).

La segunda respuesta fue la Operación Aspides de la Unión Europea, lanzada el 19 de febrero de 2024 bajo el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa. El nombre —Aspides, que significa “escudos” en griego— delimitaba deliberadamente su mandato como puramente defensivo, en contraste con el enfoque más ofensivo de la coalición liderada por EE. UU. (Wikipedia, Operación Aspides, 2025). La existencia paralela de ambas operaciones en el mismo teatro marítimo generó fricciones: el 27 de febrero de 2024, la fragata alemana Hessen interceptó y derribó lo que resultó ser un dron MQ-9B de la US Navy, en un incidente que ilustró los riesgos de la descoordinación entre operaciones aliadas (Breaking Defense, 2024).

Esta fragmentación de la respuesta occidental no es meramente organizacional; tiene profundas raíces geopolíticas. Varios miembros europeos de la UE se negaron a integrar la OPG, en parte para diferenciarse de la política de Estados Unidos en Gaza y construir una identidad estratégica autónoma para la PCSD (AGSI, 2024). El Vicealmirante George Wikoff, jefe de los esfuerzos navales estadounidenses en el Medio Oriente, declaró el 7 de agosto de 2024 que el enfoque combinado de strikes defensivos y escoltas navales “había fallado en disuadir a los hutíes y detener los ataques contra el tráfico marítimo” (Wikipedia, OPG, 2025). Esta admisión oficial es de una importancia geopolítica excepcional: la mayor potencia naval de la historia reconoció su incapacidad para restaurar un bien público global frente a un actor no estatal.

La teoría de la estabilidad hegemónica de Gilpin predijo precisamente este tipo de fallo. Cuando el hegemón pierde la voluntad o la capacidad de proveer bienes públicos globales, el sistema no genera automáticamente un mecanismo colectivo sustituto; más bien, entra en una fase de subprovisión y conflicto distributivo sobre quién debe asumir los costos. La Operación Aspides y la Operación Prosperity Guardian pueden leerse como dos aproximaciones a este problema: la primera, una apuesta europea por construir una identidad estratégica autónoma, aunque con recursos y mandato insuficientes; la segunda, un intento estadounidense de mantener el liderazgo hegemónico que chocó con los límites de la legitimidad política interna e internacional.

La paradoja más aguda del multilateralismo en esta crisis es que el mecanismo de la ONU, diseñado precisamente para gestionar situaciones como esta, funcionó de forma parcial. La Resolución 2722 del Consejo de Seguridad, que condenó los ataques hutíes y respaldó la libertad de navegación, fue un paso formal importante, pero careció de mecanismos de implementación coercitivos y fue bloqueada en sus potenciales consecuencias más duras por los vetos implícitos de Rusia y China (Wikipedia, Crisis del Mar Rojo, 2025). Esta dinámica, característica de la gobernanza internacional contemporánea en un mundo multipolar emergente, confirma el diagnóstico neorrealista: el derecho internacional marítimo, desde Hugo Grotius hasta la UNCLOS, depende en última instancia de la voluntad y la capacidad de los actores con suficiente poder para hacerlo valer.

3.3. Implicaciones Económicas y Energéticas: La Vulnerabilidad de las Cadenas Globales

La tercera dimensión analítica de la crisis del Golfo de Adén concierne a sus consecuencias sobre el sistema económico global, y particularmente sobre las cadenas de suministro y la seguridad energética. Los datos disponibles revelan una perturbación de magnitud histórica que, lejos de ser un episodio coyuntural, puede estar reconfigurando estructuralmente los patrones del comercio marítimo mundial.

El impacto más inmediato y cuantificable fue sobre el Canal de Suez y, por extensión, sobre la economía egipcia. Según datos oficiales de la Autoridad del Canal de Suez, los ingresos de la vía fluvial cayeron de un récord histórico de 10.250 millones de dólares en 2023 a apenas 3.991 millones en 2024, una reducción del 61% (Arab News, 2025). El número de buques que transitaron el canal se redujo a la mitad: de más de 26.000 en 2023 a solo 13.213 en 2024 (Euronews, 2025).

Para Egipto, un país que depende del Canal como una de sus principales fuentes de divisas, esto representó una pérdida económica directa de aproximadamente 7.000 millones de dólares (The Arab Weekly, 2024), con efectos multiplicadores sobre el empleo, la balanza de pagos y la capacidad del gobierno para financiar su deuda externa.

Para las empresas de transporte marítimo, la crisis implicó costos adicionales extraordinarios. Cada buque que optó por la ruta del Cabo de Buena Esperanza añadió entre 10 y 14 días de viaje y aproximadamente un millón de dólares en costos adicionales de combustible por travesía (Wikipedia, Crisis del Mar Rojo, 2025). Las tarifas de flete de contenedores entre Shanghai y Rotterdam se multiplicaron por siete entre noviembre de 2023 y julio de 2024; para enero-octubre de 2025, continuaban siendo un 80% más elevadas que los niveles previos a la crisis (Coface, 2025). Maersk, el mayor operador de contenedores del mundo —con aproximadamente el 14,8% de la cuota de mercado global— reportó pérdidas de 153 millones de dólares en su división Océano durante el cuarto trimestre de 2025, su primera pérdida trimestral en años (gCaptain, 2026).

Las industrias manufactureras con cadenas de suministro integradas entre Asia y Europa sufrieron disrupciones operativas severas. Los fabricantes de automóviles y electrónica alemanes reportaron retrasos de entre 10 y 20 días por envío desde China, generando paradas de producción y desabastecimiento de inventarios durante el primer trimestre de 2024 (Grokipedia, 2025). La lógica del just-in-time —el paradigma organizativo que eliminó los inventarios de seguridad para maximizar la eficiencia— demostró ser profundamente incompatible con escenarios de perturbación prolongada de las rutas marítimas.

En el plano energético, las consecuencias fueron igualmente significativas. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., antes de la crisis, el Estrecho de Bab el-Mandeb registraba el tránsito de 8,8 millones de barriles de petróleo diarios, representando el 8,7% de la demanda mundial. Para agosto de 2024, este flujo había caído a 4 millones de barriles por día, apenas el 3,9% de la demanda global (Frontiers in Political Science, 2025). Aunque la disminución del tráfico de petróleo fue parcialmente compensada por el desvío hacia el Cabo de Buena Esperanza, el incremento de los tiempos y costos de transporte generó presiones inflacionarias sobre los precios energéticos en Europa y Asia.

Un fenómeno adicional, que suele recibir menos atención analítica, fue la resurgencia de la piratería somalí como externalidad de la crisis hutí. Según el análisis de ACLED y la Oficina Marítima Internacional, los ataques de piratas somalíes se intensificaron desde enero de 2024, con más incidentes en tres meses que en todo el año 2023 (Frontiers in Political Science, 2025). La saturación de recursos navales destinados a contener a los hutíes, combinada con el desplazamiento de las rutas comerciales hacia zonas de menor cobertura de seguridad, creó un vacío de control marítimo que actores oportunistas no tardaron en aprovechar. Este fenómeno es teóricamente relevante porque ilustra la interconexión entre distintos niveles y tipos de amenazas en los sistemas de seguridad marítima: la crisis hutí no fue un evento aislado, sino el catalizador de un conjunto de perturbaciones en cascada.

Es importante señalar, sin embargo, que el comercio global entre Asia y Europa demostró una resiliencia mayor de lo esperado. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) proyectó que los volúmenes de contenedores entre las dos regiones crecieron a un ritmo similar al del comercio global en 2024, a pesar de la crisis (Coface, 2025). Esta resiliencia fue posible gracias a la absorción de capacidad adicional por parte de las navieras —que anticiparon pedidos de nuevos buques en los años previos a la crisis— y a la aceleración de las entregas en las rutas que circunvalaban África. No obstante, esta adaptación tuvo costos ambientales y económicos significativos: mayor emisión de CO₂ por tonelada transportada, incremento de la presión sobre los puertos del norte de Europa, y consolidación de nuevas presiones competitivas entre operadores.

IV. Conclusiones:

El Orden Marítimo en la Encrucijada Estratégica

El análisis presentado en este artículo permite formular una respuesta directa y empíricamente sustentada a la tesis central planteada en la introducción. La crisis del Golfo de Adén no es un episodio aislado de inseguridad marítima, ni tampoco una crisis meramente regional. Es, en sentido estructural, un test de estrés del orden internacional liberal: un momento en que las contradicciones acumuladas durante décadas —entre la pretensión universalista del derecho internacional y la realidad política multipolar; entre la eficiencia de las cadenas de suministro globalizadas y su fragilidad intrínseca; entre la hegemonía naval estadounidense y las nuevas capacidades asimétricas de actores no estatales— se han vuelto simultáneamente visibles.

Desde la perspectiva neorrealista, la crisis confirma el argumento de Waltz sobre la centralidad de la anarquía estructural: en ausencia de una autoridad coercitiva global, la provisión de bienes públicos como la libertad de navegación depende de la disposición del hegemón a asumir sus costos. La admisión oficial del Vicealmirante Wikoff de que las operaciones navales no habían logrado disuadir a los hutíes es, en términos sistémicos, una señal de la erosión del poder disciplinario que Estados Unidos ha ejercido durante décadas sobre los mares globales. Esta erosión no implica el fin de la hegemonía estadounidense, pero sí marca una inflexión significativa en su capacidad operativa.

Desde la perspectiva de la interdependencia compleja de Keohane y Nye, la crisis demuestra que la sensibilidad y la vulnerabilidad del sistema económico global son asimétricas: los actores más integrados en las cadenas de valor —las economías avanzadas de Europa y Asia Oriental— son también los más expuestos a las perturbaciones en los chokepoints marítimos. La crisis revela, además, que la multiplicidad de canales de interacción entre actores estatales y no estatales hace enormemente difícil la coordinación de respuestas colectivas, especialmente cuando los objetivos políticos de los miembros de la coalición divergen.

En el plano de la proyección estratégica, la crisis del Golfo de Adén anticipa al menos tres tendencias de largo plazo que merecen atención analítica. Primera, la posible reconfiguración de las rutas del comercio marítimo global: si los episodios de inseguridad en el corredor del Mar Rojo se vuelven recurrentes, los operadores logísticos y los Estados tendrán incentivos para invertir en infraestructuras alternativas, desde la ruta circum-África hasta el Corredor Transcaspiano o la Ruta del Ártico. Segunda, la aceleración de la diversificación de las cadenas de suministro como respuesta estratégica a la vulnerabilidad demostrada: las empresas con exposición a los corredores marítimos de alto riesgo tienen ahora evidencia empírica para justificar inversiones en redundancia logística, aunque a un costo que se trasladará necesariamente a los consumidores finales. Tercera, la profundización del debate sobre la gobernanza marítima internacional: la Convención UNCLOS y los mecanismos de seguridad colectiva de la ONU han demostrado ser insuficientes para responder con eficacia a amenazas asimétricas de actores no estatales apoyados por potencias regionales. Esto abre un espacio para la reforma institucional o, en su defecto, para la proliferación de arreglos ad hoc que fragmenten aún más el orden marítimo global.

El episodio del Golfo de Adén tiene también implicaciones para la teoría de la disuasión. Los hutíes demostraron que es posible, con medios limitados y bajo el patrocinio de un Estado regional (Irán), imponer costos sistémicos de enormes proporciones a las potencias navales más poderosas del mundo. Esta lección no pasará desapercibida entre otros actores estatales y no estatales que aspiren a instrumentalizar los chokepoints marítimos como palancas de poder. La proliferación de capacidades de negación de acceso marítimo —drones antibuque, misiles de crucero de largo alcance, minas inteligentes— a costos cada vez más asequibles, combinada con la fragmentación política de las coaliciones defensivas occidentales, sugiere que la crisis del Golfo de Adén puede ser el prototipo de un nuevo patrón de conflicto marítimo en las décadas venideras.

La paradoja final es que el mundo se hizo más consciente de la importancia de los mares precisamente en el momento en que su gobernanza se reveló más precaria. El Golfo de Adén es el espejo en que el sistema internacional contemporáneo observa, con incomodidad, los límites de su propio orden.

El presente informe sintetiza los conceptos fundamentales y las tesis centrales de la obra Orientalismo de Edward W. Said. El texto sostiene que el “Oriente” no es una realidad geográfica inerte, sino una invención intelectual de Occidente diseñada para dominarlo, reestructurarlo y tener autoridad sobre él. A través de un análisis interdisciplinario que abarca la literatura, la filología y la política, el autor demuestra que el conocimiento generado por Occidente sobre el mundo árabe-islámico es inseparable del poder imperial.

Los hallazgos críticos indican que:

• El Orientalismo es un discurso de poder: Utiliza la distinción ontológica entre “Nosotros” (Occidente) y “Ellos” (Oriente) para establecer una hegemonía cultural.

• El conocimiento es político: No existe una erudición “pura” en el ámbito de las humanidades cuando se trata de pueblos colonizados; el experto orientalista actúa como un agente de la soberanía occidental.

• La representación sustituye a la realidad: Occidente ha creado una serie de estereotipos (irracionalidad, sensualidad, despotismo) que se imponen sobre la realidad empírica de los pueblos orientales.

• El modelo español es una excepción: A diferencia de la visión anglo-francesa, la cultura española posee una relación de simbiosis e intimidad con el Islam que ofrece una alternativa al “choque de civilizaciones”.

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I. Definición y Dimensiones del Orientalismo

El documento identifica tres acepciones interconectadas que definen el fenómeno del orientalismo:

1. Acepción Académica: Se refiere a cualquier persona que enseñe, escriba o investigue sobre Oriente (antropólogos, sociólogos, historiadores o filólogos). A pesar de la evolución terminológica, las doctrinas y tesis académicas sobre “lo oriental” persisten.

2. Estilo de Pensamiento: Se basa en una distinción ontológica y epistemológica entre Oriente y Occidente. Escritores, poetas y filósofos aceptan esta diferencia básica como punto de partida para descripciones sociales e informes políticos.

3. Institución Colectiva de Dominación: Surgida a finales del siglo XVIII, define un estilo occidental para dominar, reestructurar y ejercer autoridad sobre Oriente mediante declaraciones, descripciones, enseñanzas y burocracias coloniales.

El Orientalismo como Discurso

Utilizando la noción de Michel Foucault, el texto define el orientalismo como un discurso sistemático que permitió a la cultura europea manipular y dirigir Oriente desde los puntos de vista político, sociológico, militar y científico. Sin el análisis de este discurso, es imposible comprender la disciplina que impone límites al pensamiento y la acción sobre esa región.

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II. El Nexo entre Conocimiento y Poder

La tesis central establece que la relación entre Occidente y Oriente es una relación de poder y dominación complicada. El conocimiento generado no es un reflejo de Oriente, sino un signo de la fuerza de la cultura europea-atlántica.

La Superioridad de Posición Flexible

Occidente siempre mantiene la ventaja en la relación. El científico, erudito o soldado puede estar en Oriente o pensar sobre él con mínima resistencia. Esta hegemonía permite:

• Orientalizar lo oriental: Obligar a Oriente a ajustarse a los estereotipos europeos.

• Creación de “lo Otro”: Definir la identidad europea como superior al contrastarla con un Oriente considerado “forma inferior y rechazable de sí misma”.

• Consenso y Hegemonía: Las ideas de superioridad europea se reiteran hasta anular perspectivas independientes o escépticas.

“No pueden representarse a sí mismos, deben ser representados”. — Karl Marx (citado como epígrafe).

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III. Análisis del Sujeto Oriental en el Pensamiento Imperial

El documento examina cómo figuras clave del imperio británico, como Arthur James Balfour y Lord Cromer, articularon la visión orientalista a principios del siglo XX.

Característica

El Occidental (Superior)

El Oriental (Inferior)

Racionalidad

Lógico, empírico, preciso.

Irracional, carente de lógica.

Veracidad

Dice la verdad por naturaleza.

Mentiroso habitual, poco lúcido.

Gobierno

Capaz de autogobierno.

Requiere despotismo o tutela extranjera.

Actitud

Activo, emprendedor.

Letárgico, desconfiado, fatalista.

El Caso de Lord Cromer en Egipto

Para Cromer, el conocimiento de las “razas sometidas” era la clave para una administración eficaz. Sostenía que el oriental vive en un estado de minoría de edad perpetua (in statu pupillari), lo que justifica la ocupación extranjera como el “fundamento principal” de su civilización.

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IV. Geografía Imaginaria y Representación Teatral

El orientalismo funciona como un sistema de representación que convierte a Oriente en un escenario teatral frente a un público europeo.

• La Anatomía del Discurso: El orientalismo divide la realidad en partes manejables, utilizando un vocabulario que “nombra” y “fija” la realidad.

• Distorsión Literaria y Filológica: Desde Esquilo hasta Dante, Oriente ha sido representado como una amenaza derrotada o una fuente de excesos. En la Divina Comedia, Dante sitúa a Mahoma en el octavo círculo del Infierno como “sembrador de escándalo y cisma”, fijando una imagen de fraude doctrinal que perduró por siglos.

• La Bibliothéque Orientale (1697): Obra de Barthélemy d’Herbelot que ejemplifica cómo la erudición organiza Oriente alfabéticamente (de la A a la Z), confirmando los prejuicios del lector en lugar de desafiarlos.

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V. Proyectos Históricos de Dominación

El texto destaca hitos en la “conquista” intelectual y material de Oriente:

1. La Expedición de Napoleón a Egipto (1798): Representa el modelo perfecto de apropiación científica. Napoleón utilizó textos de viajeros como Volney para preparar su invasión, convirtiendo a Egipto en un laboratorio para el conocimiento occidental (Description de l’Égypte).

2. Sir William Jones y la Codificación: En la India, Jones buscó conocer Oriente mejor que cualquier europeo para poder gobernarlo. Su descubrimiento del sánscrito y su conexión con las lenguas europeas fue un esfuerzo por domesticar la inmensidad asiática bajo leyes y esquemas comparativos.

3. El Orientalismo Moderno: Tras la Segunda Guerra Mundial, el dominio pasó de manos británicas y francesas a Estados Unidos, que heredó el aparato de estereotipos y la “demonología” del misterioso Oriente para aplicarlos en su política exterior.

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VI. La Excepción de la Experiencia Española

Un punto crítico del prólogo a la edición española es la distinción entre el modelo anglo-francés y el español.

• Simbiosis vs. Confrontación: Mientras que para Francia y Gran Bretaña Oriente siempre estuvo “afuera”, en España el Islam formó parte sustancial de su cultura por siglos.

• Andalucía como Símbolo: La experiencia española ofrece un modelo alternativo al “choque de civilizaciones” de la academia norteamericana pos-11 de septiembre. Representa un espacio donde las culturas se solapan y se nutren mutuamente en lugar de confrontarse con beligerancia.

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VII. Conclusiones Metodológicas

El análisis concluye que toda investigación humanística está ligada a sus circunstancias históricas y políticas. El orientalismo no es una estructura de mentiras, sino un sistema sólido de ideas enseñado como ciencia, que ha actuado como un filtro aceptado por el cual Oriente penetra en la conciencia occidental.

Consideraciones Finales:

• El imperialismo político orienta todo un campo de estudios literarios y sociales.

• La cultura no es algo degradado por la política, sino un sistema hegemónico cuyas coacciones son “productivas” en la creación de discursos persistentes.

• Es imperativo realizar un “desaprehendimiento” del espíritu de dominación para estudiar otras culturas desde una perspectiva libertaria y no represiva.

I. INTRODUCCIÓN

En 431 a.C., el historiador ateniense Tucídides anotó una observación que resonaría a través de los siglos: fue el crecimiento del poder de Atenas —y el temor que ello inspiró en Esparta— lo que hizo inevitable la guerra del Peloponeso. Esta formulación, convertida por Graham Allison (2017) en el concepto contemporáneo de la «trampa de Tucídides», describe la dinámica estructural mediante la cual una potencia en ascenso y una potencia hegemónica establecida se aproximan casi inevitablemente al conflicto armado. En el siglo XXI, la rivalidad entre Estados Unidos y la República Popular China ha reactivado este debate con una urgencia que desborda los círculos académicos para instalarse en los gabinetes de gobierno y los estados mayores militares del mundo.

Sin embargo, reducir la competencia sino-estadounidense a una reedición del conflicto espartano-ateniense supone proyectar sobre el presente una lógica histórica que ignora variables estructurales radicalmente distintas: la disuasión nuclear mutuamente asegurada, la interdependencia económica de proporciones históricas, la densidad institucional de un orden multilateral construido después de 1945 y la naturaleza específicamente tecnológica y normativa de la disputa por la hegemonía global en el siglo XXI. La tesis que orienta este artículo sostiene que, aunque la transición de poder entre ambas potencias evoca la lógica histórica de la trampa de Tucídides, no está predeterminada hacia el conflicto: en un sistema internacional interdependiente, nuclearizado y densamente institucionalizado, ambas potencias operan bajo incentivos simultáneos de competencia estratégica y contención mutua. Desde una síntesis entre el realismo estructural y el institucionalismo liberal, la rivalidad sino-estadounidense se perfila más como una confrontación prolongada de poder —económico, tecnológico y normativo— que como una guerra abierta, al menos en el corto y mediano plazo. La clave no radica en evitar la competencia, sino en gestionar sus umbrales de escalada en un orden global en reconfiguración.

El argumento se desarrolla en cuatro movimientos analíticos. En primer lugar, se examina el marco teórico que articula las principales corrientes de pensamiento sobre transiciones hegemónicas y gestión de la rivalidad interestatal. En segundo lugar, se analizan las dimensiones estructurales de la competencia sino-estadounidense: la geopolítica, la económica-tecnológica y la normativa-institucional. Finalmente, las conclusiones ofrecen una proyección estratégica sobre los escenarios de mediano plazo y los mecanismos de gestión del riesgo de escalada. A lo largo del texto, el hilo conductor es la tensión entre la inevitabilidad estructural que predice el realismo ofensivo y los mecanismos de moderación que identifican el institucionalismo liberal y la teoría de la interdependencia compleja.

II. MARCO TEÓRICO: TRANSICIÓN HEGEMÓNICA Y GESTIÓN DE LA RIVALIDAD

El debate sobre la rivalidad sino-estadounidense se articula en torno a tres grandes tradiciones teóricas que ofrecen diagnósticos divergentes sobre la probabilidad del conflicto y los mecanismos para su prevención o gestión.

2.1 El realismo estructural y la inevitabilidad del conflicto

La tradición realista provee el fundamento teórico más pesimista respecto del futuro de la relación bilateral. Kenneth Waltz (1979), en su obra Theory of International Politics, establece que el comportamiento de los Estados no deriva de sus características internas sino de la estructura anárquica del sistema internacional: en ausencia de una autoridad central, las grandes potencias están compelidas a maximizar su poder relativo como garantía de supervivencia. Este imperativo estructural produce el dilema de seguridad —concepto acuñado por John Herz (1950) —, por el cual los esfuerzos defensivos de un Estado son percibidos como amenazas ofensivas por sus rivales, generando espirales de armamentismo y desconfianza.

John Mearsheimer (2001), en The Tragedy of Great Power Politics, radicaliza esta perspectiva con su teoría del realismo ofensivo. Para Mearsheimer, las grandes potencias no se conforman con garantizar su supervivencia; aspiran a maximizar su cuota de poder en el sistema hasta alcanzar la hegemonía regional. Desde esta perspectiva, el ascenso de China como potencia capaz de proyectar poder más allá de su vecindad inmediata representa una amenaza existencial para la hegemonía estadounidense en el Indo-Pacífico, y el conflicto —aunque no necesariamente armado— es estructuralmente inevitable. Mearsheimer (2014) ha sido explícito al afirmar que la lógica de la gran competencia de poderes conduce a China e India a convertirse en rivales, y que el sistema internacional no puede acomodar pacíficamente dos hegemonías regionales contiguas.

Graham Allison (2017), mediante su síntesis histórica de dieciséis casos de transición hegemónica en los últimos quinientos años, concluye que doce de ellos terminaron en guerra. Su análisis de Destined for War constituye la formulación más influyente de la trampa de Tucídides en el debate contemporáneo, aunque el propio Allison reconoce que la existencia de casos sin conflicto —como la transición del poder británico al estadounidense a principios del siglo XX— demuestra que la guerra no es inevitable, sino que requiere de gestión política activa y deliberada.

2.2 El institucionalismo liberal y la moderación de la rivalidad

Frente al determinismo estructural del realismo, la tradición liberal ofrece un marco analítico más optimista sobre la posibilidad de gestionar la competencia sin desembocar en el conflicto armado. Robert Keohane y Joseph Nye (1977), en Power and Interdependence, desarrollaron el concepto de interdependencia compleja para describir un mundo en el que los vínculos transnacionales —económicos, tecnológicos, sociales— crean costos recíprocos tan elevados para el conflicto que funcionan como mecanismos de disuasión de facto. En un mundo donde el comercio bilateral entre China y Estados Unidos supera los 575.000 millones de dólares anuales (United States Census Bureau, 2024), la racionalidad económica opera como un freno estructural a la escalada militar.

John Ikenberry (2011), en Liberal Leviathan, argumenta que el orden internacional liberal construido bajo la hegemonía estadounidense no es simplemente un instrumento de dominación: es un sistema de reglas, instituciones y normas que genera beneficios para todos sus participantes, incluidos los Estados que aspiran a reformarlo. Esta lógica de embeddedness —o inserción institucional— crea incentivos para que potencias en ascenso como China busquen modificar el orden desde adentro antes que destruirlo. La tesis de Ikenberry sugiere que la pregunta relevante no es si China desafiará el orden liberal, sino en qué términos y a través de qué mecanismos lo hará.

Joseph Nye (2015), a través de su concepto de poder inteligente (smart power), introduce una dimensión cualitativa a la competencia entre grandes potencias: la influencia no deriva exclusivamente de la capacidad militar o económica, sino de la legitimidad normativa, el atractivo cultural y la capacidad de definir los términos del debate internacional. Esta perspectiva resulta especialmente pertinente para entender la competencia tecnológica y normativa entre Washington y Pekín, que se desarrolla tanto en los mercados de semiconductores como en los foros de gobernanza digital de la ONU.

2.3 La teoría de la transición hegemónica y los límites de la analogía histórica

A. F. K. Organski (1958) formuló la teoría de la transición del poder (Power Transition Theory), que identifica el período de paridad de poder entre una potencia establecida y un desafiante como el momento de máximo riesgo de guerra. Sin embargo, a diferencia del realismo estructural, Organski subraya que el conflicto no es inevitable: depende del grado de satisfacción del Estado en ascenso con el orden internacional existente. Un desafiante que percibe el orden como legítimo y beneficioso tenderá a integrarse en él; uno que lo percibe como excluyente e injusto tenderá a desafiarlo. Esta distinción es crucial para evaluar las intenciones chinas: Beijing manifiesta simultáneamente su rechazo a la hegemonía unipolar y su interés en mantener los flujos comerciales y financieros que el orden liberal hace posibles.

Barry Buzan (2004), desde la perspectiva de la Escuela de Copenhague y su concepto de complejos de seguridad regional, añade una dimensión espacial que el debate sobre la trampa de Tucídides frecuentemente omite: la rivalidad sino-estadounidense no se desarrolla en un vacío geopolítico, sino en un sistema regional indo-pacífico densamente poblado de actores secundarios —Japón, Corea del Sur, India, Australia, los Estados del ASEAN— cuyas alineaciones y percepciones de amenaza condicionan el margen de maniobra de ambas superpotencias. La rivalidad bilateral, en este sentido, es simultáneamente un fenómeno sistémico y regional.

En conjunto, el marco teórico que sustenta este análisis propone una síntesis entre el realismo estructural —que identifica correctamente las fuentes de la competencia— y el institucionalismo liberal —que identifica correctamente los mecanismos de moderación—. La rivalidad sino-estadounidense es real y estructuralmente motivada, pero sus formas de expresión y sus umbrales de escalada están mediados por factores institucionales, económicos y nucleares que el determinismo tucidídeo original no contempla.

III. DESARROLLO ANALÍTICO

3.1 La dimensión geopolítico-militar: disuasión, competencia y límites del poder

El núcleo de la rivalidad sino-estadounidense en el plano militar reside en el Indo-Pacífico, una región que concentra más de la mitad del comercio marítimo mundial y que Washington considera esencial para mantener su posición de potencia global. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (The White House, 2022) identifica a China como «el único competidor con la intención y, cada vez más, la capacidad de remodelar el orden internacional». En respuesta, el Ejército Popular de Liberación (EPL) ha llevado a cabo la modernización más ambiciosa de sus capacidades militares desde la fundación de la República Popular, con énfasis en la guerra de negación de acceso y área (A2/AD, por sus siglas en inglés), la proyección naval y la superioridad en el dominio cibernético y espacial (Blasko, 2012).

Sin embargo, la estructura de disuasión nuclear bilateral introduce una constricción estructural de primer orden sobre la posibilidad del conflicto directo. Desde que China desarrolló capacidades de segunda represalia creíbles —es decir, la capacidad de sobrevivir un primer golpe nuclear y responder de manera devastadora—, la escalada desde una confrontación convencional hacia un intercambio nuclear implica riesgos de destrucción mutua asegurada (MAD, por sus siglas en inglés) que ningún actor racional puede ignorar. Thomas Schelling (1966), en Arms and Influence, demostró que la disuasión nuclear no opera simplemente como un mecanismo de prevención de la guerra: opera como un «techo de cristal» que limita la intensidad de la competencia estratégica, creando lo que denominó «riesgos compartidos de escalada» que funcionan como incentivos para la contención.

La disputa en torno al estrecho de Taiwán constituye el caso de prueba más crítico de esta tensión. Para Pekín, Taiwán es una cuestión de soberanía territorial innegociable y la reunificación es un objetivo estratégico declarado. Para Washington, la preservación del statu quo taiwanés es condición de su credibilidad como garante de seguridad en Asia. El Taiwan Relations Act de 1979 establece la obligación implícita de Estados Unidos de proveer a Taiwán de «armas de naturaleza defensiva», sin comprometerse jurídicamente a su defensa militar directa —una ambigüedad deliberada que ha funcionado durante décadas como mecanismo de disuasión de facto (Tucker, 2009). Sin embargo, la erosión progresiva de esta ambigüedad estratégica —evidenciada por las declaraciones del presidente Biden en 2021, 2022 y 2023 afirmando que Estados Unidos defenderá militarmente a Taiwán en caso de una invasión china (Reuters, 2023) — y el incremento de las operaciones militares del EPL alrededor de la isla, generan un riesgo calculado, una escalada no deseada producto de malentendidos o percepciones erróneas sobre las intenciones del adversario.

Ni el realismo estructural ni el institucionalismo liberal resuelven esta tensión de manera satisfactoria. El realismo predice que la lógica de la competencia hegemónica conducirá eventualmente al enfrentamiento; el liberalismo señala que los costos económicos y el riesgo nuclear operan como frenos. La evidencia empírica disponible sugiere que ambas lógicas operan simultáneamente: la competencia militar se intensifica, pero ambas potencias mantienen canales de comunicación y mecanismos de gestión de crisis —como el acuerdo de comunicaciones militares suscrito en noviembre de 2023 durante la cumbre Biden-Xi en San Francisco— que apuntan a la conciencia compartida del riesgo de escalada no controlada (The White House, 2023).

3.2 La dimensión económica y tecnológica: el campo de batalla del siglo XXI

Si el siglo XX definió la hegemonía en términos de poderío militar y proyección naval, el siglo XXI la redefine fundamentalmente en términos de liderazgo tecnológico y control de las infraestructuras digitales globales. La competencia entre Estados Unidos y China por el dominio de las tecnologías de propósito general —inteligencia artificial, computación cuántica, semiconductores avanzados, redes 5G y 6G, biotecnología— constituye el eje más dinámico de la rivalidad bilateral y el que presenta las implicaciones estratégicas más duraderas.

El enfrentamiento en torno a los semiconductores ilustra con precisión la lógica de esta confrontación. En octubre de 2022 y octubre de 2023, la administración Biden implementó controles de exportación de chips de alta gama y equipos de fabricación semiconductora hacia China, con el objetivo declarado de ralentizar el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial y supercomputación del EPL (Bureau of Industry and Security, 2023). Estas medidas representan la implementación más agresiva de la doctrina del «patio pequeño con cercas altas» (small yard, high fences): concentrar las restricciones en sectores tecnológicos de relevancia militar directa, manteniendo abierto el comercio en el resto de la cadena de valor. China respondió con restricciones a la exportación de galio y germanio —minerales críticos para la fabricación de chips— y ha acelerado masivamente sus inversiones en semiconductores domésticos a través del Fondo Nacional de Inversión en Circuitos Integrados.

Esta lógica de desacoplamiento tecnológico selectivo (decoupling) configura una estructura económica sin precedentes históricos: dos economías profundamente integradas que simultáneamente construyen redundancias estratégicas para reducir su vulnerabilidad recíproca. El comercio bilateral de bienes entre China y Estados Unidos alcanzó los 575.000 millones de dólares en 2023 (United States Census Bureau, 2024), situándose China como el tercer socio comercial de Estados Unidos, detrás de México y Canadá. Esta magnitud de intercambio hace que el desacoplamiento total sea no solo económicamente costoso, sino potencialmente desestabilizador para ambas economías y para la economía global. La interdependencia no es, por tanto, un obstáculo para la rivalidad: es su teatro de operaciones.

La competencia por las cadenas de suministro tecnológico tiene también una dimensión geopolítica que trasciende el plano bilateral. La iniciativa CHIP Act de Estados Unidos (2022) y la European Chips Act (2023) buscan reshoring —relocalización— de capacidades semiconductoras en territorio occidental, mientras la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) y la iniciativa de infraestructura digital china buscan anclar a los países del Sur Global en una arquitectura tecnológica compatible con los estándares de Pekín. Se trata, en esencia, de una competencia por definir los estándares tecnológicos globales y, con ellos, las normas de gobernanza de datos, privacidad, vigilancia y soberanía digital que estructurarán el orden internacional del siglo XXI (Drezner, 2019).

Esta competencia tecnológica presenta características que la diferencian cualitativamente de rivalidades hegemónicas anteriores. A diferencia de la carrera armamentística entre la URSS y Estados Unidos —que era fundamentalmente una competencia de capacidades militares con escasa dimensión económica para el mundo exterior—, la rivalidad tecnológica sino-estadounidense está profundamente imbricada en las cadenas globales de valor, afecta los intereses de terceros países y genera presiones para que los demás actores tomen partido en una bifurcación tecnológica global. Esta característica hace de la gestión de la rivalidad un problema de orden internacional, no meramente bilateral.

3.3 La dimensión normativa e institucional: la disputa por el orden global

Más allá de las capacidades materiales, la rivalidad sino-estadounidense es también una competencia por la legitimidad normativa y el control de las instituciones internacionales a través de las cuales se definen las reglas del juego del orden global. Esta dimensión —la que Joseph Nye denominaría la batalla por el poder blando y estructural— es quizás la menos visible pero la más estructuralmente significativa de largo plazo.

El orden liberal internacional construido bajo la hegemonía estadounidense desde 1945 descansa sobre un conjunto de principios normativos —libre comercio, democracia representativa, derechos humanos, soberanía popular— y sobre instituciones multilaterales —ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, OTAN— diseñadas para administrarlos. China ha participado activamente en este orden desde su adhesión a la OMC en 2001, beneficiándose de sus reglas comerciales para convertirse en la mayor potencia exportadora del mundo. Sin embargo, Pekín rechaza explícitamente los elementos normativos del orden liberal que condicionan la soberanía a estándares de gobernanza interna, presentando su modelo político —que combina capitalismo de Estado con partido único y soberanía tecnológica— como una alternativa legítima al modelo occidental (Zhao, 2023).

Esta tensión normativa se manifiesta en disputas concretas sobre el funcionamiento de las instituciones multilaterales. China ha cuestionado sistemáticamente las interpretaciones occidentales de las resoluciones del Consejo de Seguridad, ha bloqueado reformas a la OMC que considera perjudiciales para sus intereses y ha creado instituciones paralelas —el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS— que amplían el espacio de acción de las potencias no occidentales fuera del marco de las instituciones de Bretton Woods. La cuestión no es si China busca destruir el orden internacional liberal, sino en qué medida puede y aspira a reformarlo desde adentro o a crear arquitecturas alternativas desde afuera.

Ikenberry (2011) argumenta que el orden liberal es más resistente de lo que sus críticos suponen, porque sus reglas e instituciones generan rendimientos crecientes para todos sus participantes. Pero esta tesis presupone que los beneficios del orden son distribuidos de manera suficientemente equitativa como para generar legitimidad incluso entre los potenciales desafiantes. La evidencia de la última década sugiere que China percibe el orden actual como estructuralmente sesgado hacia los intereses estadounidenses —particularmente en los mecanismos de gobernanza del FMI y el Banco Mundial, donde la representación china sigue siendo desproporcionadamente baja respecto a su peso económico— y que esta percepción alimenta los incentivos para construir alternativas institucionales.

La competencia normativa tiene también una dimensión sur-sur que frecuentemente se subestima en los análisis centrados en la díada Washington-Pekín. China ha desplegado una narrativa de «multipolaridad» y «no injerencia en los asuntos internos» que resuena con los resentimientos poscoloniales de muchos Estados del Sur Global. Su capacidad para movilizar esta narrativa en los foros multilaterales —como quedó demostrado en las votaciones de la Asamblea General sobre la guerra en Ucrania, en las que numerosos países del Sur Global se abstuvieron de condenar la invasión rusa— constituye un activo normativo de primer orden que Estados Unidos y sus aliados han tardado en reconocer y contrarrestar (Stuenkel, 2016).

IV. CONCLUSIONES: ¿PUEDE ESCAPARSE LA TRAMPA?

La pregunta que titula este artículo no admite una respuesta binaria, porque la trampa de Tucídides no opera como un mecanismo determinista sino como una tendencia estructural que puede ser gestionada, atenuada o, en el mejor escenario, neutralizada mediante decisiones políticas deliberadas. El análisis desarrollado en las secciones precedentes permite articular una respuesta con varios planos de significado.

En primer lugar, la rivalidad entre Estados Unidos y China satisface los criterios estructurales de la trampa de Tucídides tal como la formaliza Allison: hay una potencia hegemónica establecida que percibe su posición amenazada y un ascendente poder desafiante que busca ampliar su esfera de influencia regional y global. El miedo y el orgullo —las variables psicológicas que Tucídides identificó como motores de la guerra del Peloponeso— están presentes en abundancia en la retórica y las decisiones estratégicas de ambas capitales. En este sentido, el argumento realista sobre la inevitabilidad de la fricción es correcto.

Sin embargo, en segundo lugar, las condiciones materiales e institucionales del sistema internacional del siglo XXI difieren radicalmente de las del mundo clásico y de los episodios históricos anteriores de transición hegemónica. La disuasión nuclear mutuamente asegurada establece un umbral de destrucción cuyo cruce implica la aniquilación de ambas potencias, haciendo de la guerra total una opción irracional incluso para actores con incentivos de maximización de poder. La interdependencia económica de proporciones históricas —cuya interrupción violenta causaría daños económicos de magnitud global— añade una capa adicional de desincentivos al conflicto abierto. La densidad institucional del orden multilateral ofrece canales para procesar disputas que en otros tiempos habrían exigido resolución violenta.

En tercer lugar, la rivalidad sino-estadounidense se perfila, en el corto y mediano plazo, como una competencia prolongada de poder —económico, tecnológico y normativo— antes que como una guerra convencional. Esta forma de rivalidad es en muchos sentidos más difícil de gestionar que el conflicto armado: no tiene un punto de clausura claro, genera presiones de escalada graduales y difusas, y afecta a terceros países que se ven obligados a elegir entre alineaciones incompatibles. El desacoplamiento tecnológico selectivo, la competencia por los estándares digitales globales y la disputa por la narrativa normativa en los foros multilaterales son los campos de batalla del siglo XXI, y su gestión requiere herramientas analíticas y diplomáticas que van más allá de la disuasión militar clásica.

La proyección estratégica que emerge de este análisis apunta hacia tres escenarios plausibles de mediano plazo. El primero —y más probable— es una competición gestionada: ambas potencias mantienen el ritmo de su rivalidad en los planos tecnológico y normativo, pero establecen mecanismos explícitos o tácitos de gestión de crisis en los planos militar y financiero que previenen la escalada catastrófica. El modelo no sería la Guerra Fría —que implicó la separación casi total de los sistemas económicos— sino una rivalidad sistémica con interdependencia selectiva. El segundo escenario —de riesgo moderado— es el de la escalada accidental: una crisis en el estrecho de Taiwán, en el Mar de China Meridional o en el ciberespacio, mal gestionada por una o ambas partes, que escala más allá de las intenciones originales de sus actores. La abundante literatura sobre crisis nucleares —de Schelling a Scott Sagan— sugiere que la escalada no deseada es siempre una posibilidad real en sistemas complejos con múltiples actores y percepciones asimétricas. El tercer escenario —de baja probabilidad pero consecuencias catastróficas— es el de la guerra directa sobre Taiwán, que comprometería no solo a las fuerzas de ambas potencias sino potencialmente a aliados como Japón y Australia, y cuyas consecuencias económicas globales serían comparables o superiores a las de la Segunda Guerra Mundial.

La clave, entonces, no radica en evitar la competencia —que es estructuralmente inevitable— sino en gestionar sus umbrales de escalada en un orden global en reconfiguración. Esto requiere, por parte de ambas potencias, la capacidad de distinguir entre la rivalidad sistémica —que es gestionable— y el conflicto existencial —que sería catastrófico para ambas—. Requiere también que terceros actores —la Unión Europea, India, Japón, los países del ASEAN— no se limiten a elegir bandos en una bipolarización que no refleja sus intereses estratégicos, sino que construyan espacios de autonomía estratégica que operen como amortiguadores del choque entre las dos superpotencias.

Tucídides tenía razón en identificar el miedo y la ambición como motores de la tragedia hegemónica. Pero el siglo XXI ha añadido al sistema internacional variables que el historiador ateniense no podía anticipar: la disuasión nuclear, la interdependencia global y el multilateralismo institucionalizado. Estas variables no eliminan la tragedia, pero sí la condicionan. La trampa de Tucídides puede no ser escapable en su totalidad, pero sí puede ser administrada con suficiente lucidez estratégica como para que sus consecuencias no resulten civilizacionalmente terminales. En esa administración —más que en la ilusión de una paz perpetua o en la resignación ante la inevitabilidad de la guerra— reside el desafío político central de nuestro tiempo.

REFERENCIAS

Allison, G. (2017). Destined for war: Can America and China escape Thucydides’s trap? Houghton Mifflin Harcourt.

Blasko, D. J. (2012). The Chinese Army today: Tradition and transformation for the 21st century (2nd ed.). Routledge.

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Buzan, B. (2004). The United States and the great powers: World politics in the twenty-first century. Polity Press.

Drezner, D. W. (2019). The system worked: How the world stopped another great depression. Oxford University Press.

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Ikenberry, G. J. (2011). Liberal Leviathan: The origins, crisis, and transformation of the American world order. Princeton University Press.

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). Power and interdependence: World politics in transition. Little, Brown.

Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W. W. Norton.

Mearsheimer, J. J. (2014). Why the Ukraine crisis is the West’s fault: The liberal delusions that provoked Putin. Foreign Affairs, 93(5), 77–89.

Nye, J. S. (2015). Is the American century over? Polity Press.

Organski, A. F. K. (1958). World politics. Alfred A. Knopf.

Reuters. (2023, September 17). Biden says US would defend Taiwan militarily if China attacks. Reuters. https://www.reuters.com/world/biden-says-us-would-defend-taiwan-militarily-if-china-attacks-2023-09-17/

Schelling, T. C. (1966). Arms and influence. Yale University Press.

Stuenkel, O. (2016). Post-Western world: How emerging powers are remaking global order. Polity Press.

The White House. (2022). National security strategy. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf

The White House. (2023, November 15). Readout of President Biden’s meeting with President Xi Jinping of the People’s Republic of China. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/11/15/readout-of-president-bidens-meeting-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/

Tucker, N. B. (2009). Strait talk: United States-Taiwan relations and the crisis with China. Harvard University Press.

United States Census Bureau. (2024). Trade in goods with China. https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html

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Zhao, S. (2023). China’s party-state, nationalism and foreign policy. Journal of Contemporary China, 32(140), 173–190.

El presente artículo examina la transformación del Ártico en un espacio de rivalidad estratégica entre la OTAN y Rusia, analizando cómo la expansión de la Alianza hacia el norte europeo y la respuesta militar rusa configuran un dilema de seguridad de nueva generación. A través de un marco teórico estructurado en torno a los conceptos de dilema de seguridad (Herz, 1950; Jervis, 1978; Buzan, 1991), el artículo examina tres dimensiones analíticas: la reconfiguración del balance de poder en el Ártico tras las adhesiones de Finlandia y Suecia a la OTAN, el cambio climático como catalizador geopolítico que transforma rutas marítimas y acceso a recursos, y el colapso progresivo de los mecanismos de gobernanza cooperativa, en particular el Consejo Ártico. Se argumenta que el riesgo central no reside en un conflicto abierto inmediato, sino en la consolidación de una espiral de desconfianza que, bajo condiciones de ambigüedad jurídica y presión geoeconómica, convierte al Ártico en uno de los principales focos de inestabilidad del siglo XXI.

Palabras clave: Ártico, dilema de seguridad, OTAN, Rusia, geopolítica, gobernanza ártica, Consejo Ártico, deshielo, Ruta del Mar del Norte.

I. Introducción

Durante décadas, el Ártico fue tratado como una periferia geográfica de interés marginal en la agenda internacional, reservada a investigadores científicos, comunidades indígenas y, ocasionalmente, a prospectores de hidrocarburos. La lógica de la Guerra Fría lo convirtió en un teatro de confrontación nuclear silenciosa, pero con el fin del conflicto bipolar, la región experimentó una transición hacia lo que varios analistas denominaron el ‘excepcionalísimo ártico’: un espacio donde la cooperación multilateral prosperaba incluso cuando las relaciones entre Moscú y Occidente se deterioraban en otras latitudes.

Ese paradigma ha colapsado. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la consecuente adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN en 2023 y 2024 respectivamente, y el proceso acelerado de deshielo impulsado por el cambio climático han transformado radicalmente el entorno estratégico del Ártico. Lo que antes era un foro de cooperación científica y ambiental se ha convertido en un espacio de competencia geopolítica donde convergen imperativos de seguridad, intereses económicos de envergadura histórica y vacíos normativos del derecho internacional.

La tesis central que guía este análisis sostiene que el Ártico ha dejado de ser una periferia geográfica para convertirse en un espacio nodal de competencia estratégica, donde la expansión de la OTAN y la respuesta de Rusia configuran un dilema de seguridad de nueva generación. Lejos de una dinámica lineal de acción–reacción, lo que emerge es una interacción estructural en la que ambos actores, al buscar reforzar su seguridad y acceso a recursos críticos, profundizan simultáneamente la percepción de amenaza del otro.

El mapa argumentativo del artículo se estructura en cuatro momentos analíticos. En primer lugar, se expone el marco teórico que sostiene el análisis, anclado en el concepto de dilema de seguridad y sus derivaciones contemporáneas en el pensamiento sobre la seguridad regional. En segundo lugar, se aborda la reconfiguración del balance de poder en el norte europeo-ártico tras las adhesiones de Finlandia y Suecia, y las respuestas militares de Moscú. En tercer lugar, se examina el deshielo como catalizador geopolítico que multiplica los incentivos de competencia sobre rutas marítimas y recursos. En cuarto lugar, se analiza la erosión de los mecanismos de gobernanza cooperativa y sus implicaciones para la estabilidad regional. Finalmente, las conclusiones ofrecen una proyección estratégica sobre las tendencias más probables en la región.

II. El dilema de seguridad y su aplicación al contexto ártico

El dilema de seguridad es uno de los conceptos cardinales de la teoría de las relaciones internacionales realista y neorrealista. En su formulación clásica, John Herz (1950) describió este fenómeno como la situación en la que los esfuerzos de un Estado por aumentar su propia seguridad generan inseguridad en los demás, precipitando una espiral de armamentismo y desconfianza que puede desembocar en conflicto sin que ninguno de los actores lo haya buscado deliberadamente. La paradoja fundamental del dilema radica en que medidas defensivas son percibidas como amenazas ofensivas por el adversario.

Robert Jervis (1978), en su influyente artículo ‘Cooperation Under the Security Dilemma’, refinó esta conceptualización al introducir dos variables críticas: la distinción entre capacidades ofensivas y defensivas, y la facilidad con que los estados pueden discernir entre ambas. Cuando las armas ofensivas son indistinguibles de las defensivas, y cuando el ataque parece ventajoso sobre la defensa, el dilema se agudiza de forma significativa. Aplicado al Ártico contemporáneo, esta distinción resulta especialmente pertinente: el despliegue de sistemas de defensa antimisil, la habilitación de bases militares polivalentes y las operaciones de vigilancia submarina son inherentemente ambiguos en su función estratégica, lo que alimenta percepciones de amenaza en ambos bandos.

Barry Buzan, en su obra ‘People, States and Fear’ (1991) y posteriormente en el desarrollo de la Teoría del Complejo de Seguridad Regional con Ole Wæver, ofreció una herramienta analítica adicional al señalar que la seguridad es un fenómeno regionalmente estructurado: los patrones de amistad y enemistad se distribuyen geográficamente, y los procesos de securitización transforman asuntos ordinarios en cuestiones de supervivencia estatal que justifican medidas extraordinarias. El Ártico constituye un caso paradigmático de este proceso: la región ha sido objeto de una securitización progresiva que ha transformado cuestiones científicas, ambientales y comerciales en vectores de competencia estratégica.

El concepto de ‘dilema de seguridad de nueva generación’ adoptado en este artículo busca capturar las especificidades del contexto ártico contemporáneo, que van más allá del paradigma clásico. En primer lugar, la simultaneidad de dimensiones: el Ártico combina en un mismo espacio la competencia militar tradicional con disputas sobre recursos naturales, rutas comerciales y soberanía marítima, lo que multiplica los vectores de conflictividad. En segundo lugar, la presencia de un catalizador ambiental estructural —el cambio climático— que genera oportunidades y presiones de forma asimétrica, alterando los incentivos de los actores con independencia de sus intenciones declaradas. En tercer lugar, el vacío de gobernanza: la ausencia de mecanismos institucionales robustos para gestionar la competencia en el dominio de la seguridad amplifica los riesgos de escalada accidental.

Este marco teórico integrado permite superar las limitaciones de los análisis puramente descriptivos del rearme ártico y situar la dinámica OTAN-Rusia en el Ártico como expresión de una lógica estructural más profunda del sistema internacional contemporáneo.

III. Desarrollo analítico

3.1. La expansión de la OTAN hacia el norte: arquitectura de la percepción de cerco

La adhesión de Finlandia a la OTAN el 4 de abril de 2023, seguida por la de Suecia el 7 de marzo de 2024, constituyó uno de los cambios geopolíticos más significativos en la arquitectura de seguridad europea desde el fin de la Guerra Fría. Para el Ártico, sus consecuencias son de alcance sistémico: los siete estados árticos democráticos —Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y los Estados Unidos— son ahora miembros de la Alianza Atlántica, dejando a Rusia como el único actor ártico externo al bloque. Lo que en terminología analítica se denomina el ‘Ártico 7’ o ‘A7’ ha adquirido una coherencia institucional sin precedentes.

Las implicaciones militares son concretas y verificables. La adhesión de Finlandia, cuya frontera terrestre con Rusia supera los 1.300 kilómetros, más que duplicó la extensión del perímetro fronterizo de la OTAN con Rusia de un solo golpe. Desde la perspectiva de Moscú, esto significa que la Península de Kola —hogar de la Flota del Norte rusa y de una parte sustancial de las fuerzas nucleares estratégicas del país, en particular los submarinos de misiles balísticos— se encuentra ahora flanqueada en una extensión considerablemente mayor por territorio de la Alianza.

Estados Unidos, en paralelo, ha profundizado su compromiso militar en la región. Durante 2023, firmó acuerdos de defensa bilateral con Finlandia, Suecia y Dinamarca, obteniendo acceso a 17 instalaciones militares en Suecia, 15 en Finlandia y tres bases aéreas en Dinamarca. Noruega, cuya posición estratégica como principal pilar ártico de la OTAN es reconocida por su acceso al Océano Ártico y su proximidad al arsenal nuclear ruso en la Península de Kola, incrementó su gasto militar en un 20% en 2024, con el objetivo declarado de alcanzar el umbral del 2% del PIB estipulado por la Alianza. El ejercicio Steadfast Defender 2024, desarrollado entre febrero y mayo de ese año con la participación de más de 90.000 tropas de todos los países miembros de la OTAN, constituyó el mayor ejercicio militar de la Alianza desde la Guerra Fría, con una fase específica de práctica de proyección de fuerzas hacia el Ártico septentrional.

La Estrategia Ártica del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, publicada en julio de 2024, es explícita al identificar las actividades de Rusia —y en creciente medida de China— como las principales amenazas para la estabilidad regional. El documento articula un enfoque de ‘monitoreo y respuesta’ sustentado en capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento mejoradas, y en el fortalecimiento de la cooperación con aliados árticos. Desde Moscú, el Concepto de Política Exterior de Rusia aprobado en 2023 elevó el Ártico a la condición de segunda región prioritaria en política exterior, sólo detrás del ‘extranjero cercano’, lo que revela la centralidad estratégica que la región ocupa en el cálculo ruso.

La percepción rusa del escenario es la de un cerco progresivo. Los documentos oficiales rusos y las declaraciones de sus diplomáticos han descrito consistentemente la expansión de la OTAN hacia el norte como una amenaza existencial para sus fuerzas nucleares estratégicas y como una evidencia de la estrategia occidental de ‘decidir el futuro de la región por la fuerza’. En respuesta, el Kremlin ha revitalizado su presencia militar ártica: ha rehabilitado numerosas bases soviéticas a lo largo de su litoral ártico, ha reforzado los sistemas de defensa aérea multicapa en la Zona Ártica de la Federación Rusa (AZRF), y en 2024 revirtió la estructura de mandos a los Distritos Militares de Moscú y Leningrado de la era soviética, integrando operativamente las operaciones árticas occidentales y centrales.

Resulta significativo, desde la perspectiva del dilema de seguridad, que tanto la expansión como la respuesta sean presentadas por sus protagonistas en términos puramente defensivos. La OTAN argumenta que la adhesión de Finlandia y Suecia es un ejercicio soberano de autodeterminación motivado por la agresión rusa en Ucrania; Rusia aduce que el fortalecimiento de sus capacidades árticas responde a la necesidad de proteger su territorio y sus activos estratégicos ante un avance inédito de la Alianza hacia sus fronteras. Este es precisamente el mecanismo del dilema de seguridad descrito por Herz y Jervis: cada parte se ve a sí misma como reactiva y defensiva; cada parte percibe al otro como proactivo y amenazante.

3.2. El deshielo como catalizador geopolítico: recursos, rutas y asimetría estratégica

La dimensión ambiental del problema ártico no es accesoria a la competencia geopolítica: es uno de sus motores más profundos. El Ártico se está calentando a un ritmo cuatro veces superior al promedio global, un fenómeno conocido como ‘amplificación ártica’. Datos publicados por la NASA indican que la extensión del hielo marino en septiembre ha disminuido aproximadamente un 12% por década en comparación con el promedio del período 1981-2010. Un informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de 2023 reveló que la proporción de hielo plurianual con al menos cinco años de antigüedad cayó alrededor del 90% entre 1979 y 2018. Algunos modelos climáticos proyectan que el Ártico podría experimentar su primer día libre de hielo antes de 2030.

Esta transformación ambiental tiene consecuencias estratégicas de primer orden. En el plano de los recursos, el subsuelo ártico alberga según estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos aproximadamente el 13% de las reservas mundiales no descubiertas de petróleo y el 30% del gas natural. A esto se suman depósitos significativos de minerales de tierras raras, cobalto, niobio y grafito —materiales críticos para las tecnologías verdes y la industria de defensa— en territorios árticos, particularmente en Groenlandia. El deshielo convierte estos recursos, históricamente inaccesibles por las condiciones climáticas extremas, en objetivos económicamente viables de exploración y explotación.

En el plano marítimo, el deshielo está transformando la cartografía del comercio global. La Ruta del Mar del Norte (RMN), que discurre a lo largo de la costa siberiana de Rusia entre Múrmansk y el Estrecho de Bering, emerge como la más desarrollada de las rutas árticas emergentes. La agencia nuclear estatal rusa Rosatom reportó un récord de 38 millones de toneladas métricas de carga transportadas a través de la RMN en 2024, con proyecciones que contemplan un incremento del tráfico de embarcaciones extranjeras de hasta el 50% en 2025. Rusia aspira a convertir esta vía en el equivalente ártico del Canal de Suez, con la ambiciosa meta de 220 millones de toneladas de carga para 2035. La ruta puede reducir los tiempos de tránsito entre Europa y Asia hasta en un 40% comparado con la ruta del Canal de Suez, y las proyecciones estiman que podría resultar hasta un 25% más rentable para el transporte de mercancías entre ambas regiones.

Sin embargo, la RMN es también un espacio de disputa jurídica y política. Rusia afirma que la ruta discurre por aguas internas rusas y exige permisos de tránsito y escolta de rompehielos, posición que los Estados Unidos y la OTAN rechazan por considerarla una violación del principio de libertad de navegación consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR/UNCLOS). Moscú ha endurecido progresivamente sus regulaciones nacionales, obligando a los buques militares extranjeros a notificar su paso con 90 días de anticipación y restringiendo el tránsito de activos militares de la Alianza. La ambición de apropiarse de la RMN como aguas internas reguladas por el derecho ruso responde a la lógica del ‘cerco’ que alimenta las inseguridades de Moscú y consolida su lógica de control territorial.

La asimetría de capacidades merece subrayarse. Rusia dispone de la flota de rompehielos más grande del mundo —incluyendo los únicos rompehielos de propulsión nuclear operativos—, mientras que los Estados Unidos operan sólo dos rompehielos pesados funcionales. Rusia posee más bases militares sobre el Círculo Polar Ártico que todos los demás estados árticos combinados, y ha continuado invirtiendo en infraestructura ártica a pesar de las sanciones impuestas como consecuencia de la guerra en Ucrania. Esta asimetría material es compensada, desde la perspectiva aliada, por la mayor coherencia institucional del A7 y por la creciente cooperación bilateral con los Estados Unidos, pero establece un escenario en el que la superioridad operativa rusa en el teatro ártico permanece como una realidad estructural en el corto y medio plazo.

China, aunque ausente del Ártico como potencia costera, ha declarado ser un ‘estado casi ártico’ y ha intensificado su presencia mediante investigación científica, inversiones en infraestructura y cooperación con Rusia. Beijing ha estimado invertir al menos 90 mil millones de dólares en la región, incluyendo en el desarrollo de la RMN. En julio de 2024, bombarderos rusos y chinos realizaron patrullas conjuntas sobre los mares de Chukchi y de Bering, en la primera incursión de este tipo dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska desde 2019. La creciente cooperación militar ruso-china en el Ártico añade una capa adicional de complejidad al dilema de seguridad que enfrenta la OTAN en la región.

3.3. La erosión de la gobernanza cooperativa: el Consejo Ártico y sus límites

El Consejo Ártico, fundado en 1996 a través de la Declaración de Ottawa, representó durante más de dos décadas uno de los experimentos institucionales más exitosos en la gestión de un espacio geopolíticamente sensible. Su estructura de consenso, deliberadamente diseñada para mantenerse al margen de los asuntos de alta política y seguridad, permitió que la cooperación científica y ambiental prosperara incluso durante períodos de tensión entre sus miembros, incluyendo la guerra de Georgia en 2008 y la anexión de Crimea en 2014. En enero de 2022, a menos de dos meses del inicio de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, cuatro parlamentarios noruegos nominaron al Consejo Ártico para el Premio Nobel de la Paz, en un último intento por preservar el espacio de cooperación.

La invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022 destruyó ese paradigma. El 3 de marzo de 2022, los siete estados árticos occidentales emitieron una declaración conjunta en la que anunciaban la ‘pausa temporal’ de su participación en las reuniones del Consejo. Aproximadamente un tercio de los 130 proyectos del Consejo quedaron en suspenso; los proyectos de monitoreo climático y ambiental, que dependen de la recopilación continua de datos transfronterizos, sufrieron un golpe especialmente duro. Como señaló un representante del Programa de Monitoreo y Evaluación del Ártico (AMAP): existe una enorme cantidad de datos que ya no se están recopilando, incluyendo los datos rusos que dependían de la financiación de los estados occidentales.

La transferencia de la presidencia rotatoria del Consejo de Rusia a Noruega en mayo de 2023 se completó exitosamente, aunque en condiciones extraordinariamente delicadas. Noruega, cuya posición histórica de gestión pragmática de las relaciones con Moscú la convertía en el actor mejor posicionado para esta transición, estableció como prioridades de su presidencia los océanos, el clima y el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades del norte. En febrero de 2024, Noruega anunció la reanudación de los Grupos de Trabajo del Consejo —donde se desarrolla su labor sustantiva— con la participación de todos los estados, incluida Rusia, pero exclusivamente en formato virtual. Esta solución de compromiso refleja la tensión irresuelta entre la necesidad funcional de cooperación y la imposibilidad política de normalizar las relaciones con Moscú.

La situación del Consejo en 2025 evidencia sus límites estructurales. Rusia ha suspendido el pago de su contribución al Secretariado del Consejo desde 2022. En 2025, bloqueó una propuesta apoyada por otros miembros para organizar un taller del Grupo de Trabajo sobre coordinación de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria. Estos movimientos señalan que el compromiso ruso con la institución no puede darse por garantizado, y que Moscú utiliza el Consejo tanto como plataforma residual de proyección de influencia como herramienta de presión sobre sus interlocutores occidentales.

Más allá del Consejo Ártico, la arquitectura de gobernanza regional presenta lagunas normativas significativas. La CONVEMAR, principal marco jurídico internacional para las disputas marítimas árticas, carece de mecanismos coercitivos para resolver conflictos de soberanía como el que enfrenta la demanda rusa sobre la Ruta del Mar del Norte. Las reclamaciones superpuestas de plataforma continental —Rusia, Canadá y Dinamarca han presentado peticiones ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU para ampliar sus zonas de soberanía económica en el Ártico— permanecen sin resolución definitiva. En ausencia de un tratado de seguridad ártico equivalente al Tratado de Svalbard, no existe ningún instrumento institucional capaz de gestionar la creciente militarización de la región.

El Royal United Services Institute (RUSI) advierte sobre el riesgo más inmediato en este contexto: la posibilidad de que una escalada accidental, provocada por un incidente o error táctico, se vea amplificada por la ausencia actual de líneas de comunicación entre las partes. Previo a 2022 existían conversaciones preliminares sobre el restablecimiento de foros militares conjuntos o algún tipo de código de conducta ártico; todas esas iniciativas han quedado en suspenso indefinido. Como señala Mathieu Boulègue del Arctic Institute, la expansión nórdica de la OTAN impactará los compromisos de Rusia en la región y podría conducir al ‘riesgo de error de cálculo y escalada en un Ártico cambiante’.

IV. Conclusiones y proyección estratégica

El análisis precedente permite sostener con rigor empírico la tesis central de este artículo: el Ártico ha completado su transición de periferia geográfica a epicentro estratégico, y la dinámica que estructura esta transformación es la de un dilema de seguridad de nueva generación que ninguno de los actores principales parece capaz o dispuesto a interrumpir unilateralmente.

La respuesta a la pregunta sobre si el Ártico se dirige hacia un conflicto abierto entre la OTAN y Rusia es matizada. No existen incentivos estructurales inmediatos para una confrontación directa: ambos actores comprenden las consecuencias de un enfrentamiento en un teatro caracterizado por la presencia de activos nucleares estratégicos, y el desgaste de la guerra en Ucrania ha limitado la capacidad rusa para sostener operaciones convencionales en múltiples teatros simultáneamente. Sin embargo, la ausencia de un conflicto abierto inmediato no equivale a estabilidad, y este es precisamente el vector de riesgo más relevante.

Lo que está emergiendo en el Ártico es una lógica de disuasión por presencia que, a diferencia de la disuasión nuclear clásica, no está acompañada de los canales de comunicación, los mecanismos de gestión de crisis ni los acuerdos de control de armamentos que durante la Guerra Fría atenuaron —imperfectamente, pero eficazmente— los riesgos de escalada. La expansión de capacidades militares de ambos lados, en un espacio donde las operaciones son inherentemente opacas y las tecnologías duales (armamentos que pueden ser tanto defensivos como ofensivos) son la norma, configura un entorno propicio para el error de cálculo.

El factor climático introduce una variable de dinamismo estructural que profundiza esta incertidumbre. El deshielo no es un proceso lineal ni predecible en sus consecuencias económicas y estratégicas: al abrir nuevos espacios de actividad, genera nuevas fricciones sobre soberanía, recursos y tránsito antes de que se desarrollen los marcos normativos necesarios para gestionarlas. Las proyecciones que sitúan el primer día libre de hielo en el Ártico antes de 2030 sugieren que esta presión se intensificará significativamente en el corto plazo.

Desde la perspectiva de la gobernanza, el Consejo Ártico sobrevive como institución, pero su relevancia operativa está comprometida. La ‘pausa’ de 2022 ha demostrado ser, en la práctica, una reconfiguración estructural del foro hacia un modelo de cooperación técnica con participación rusa limitada y virtual, desprovisto de la dimensión política que le otorgaba influencia real. Las lagunas normativas persistentes —en particular en materia de soberanía marítima sobre rutas árticas y de gestión de la militarización— no serán llenadas por el Consejo en su formato actual.

La proyección estratégica para el Ártico en el horizonte de la próxima década presenta tres escenarios posibles. El primero, y más probable dado el peso de la inercia institucional, es la continuación de la competición gestionada: las partes mantendrán sus posiciones militares y retóricas, ocurrirán incidentes menores que serán absorbidos sin escalada mayor, y el Consejo Ártico sobrevivirá en su forma reducida sin resolver las disputas de fondo. El segundo escenario, de estabilización negociada, requeriría de una distensión más amplia en las relaciones OTAN-Rusia que difícilmente puede anticiparse en el contexto post-Ucrania, pero que podría materializarse en un horizonte de largo plazo si las partes desarrollan mecanismos bilaterales de gestión de riesgos árticos específicos. El tercer escenario, de escalada, se activaría por la conjunción de un incidente mayor no gestionado, la ausencia de canales de comunicación y la presión de actores domésticos con incentivos para la confrontación.

El Ártico, en síntesis, no anticipa una guerra; anticipa algo potencialmente más duradero y difícil de resolver: una competencia estructural donde la lógica de la disuasión y el control subordina progresivamente la cooperación, donde la ambigüedad jurídica y la presión geoeconómica actúan como aceleradores de inestabilidad, y donde los mecanismos institucionales disponibles resultan inadecuados para la magnitud del desafío. Entender esta dinámica con rigor analítico es el primer paso para articular respuestas de política más efectivas que las que el momento actual ofrece.

El 15 de abril de 2023, Sudán ingresó en una fase de violencia organizada de escala excepcional. Lo que comenzó como un enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en las calles de Jartún rápidamente reveló algo más profundo: la implosión definitiva de un Estado que nunca había conseguido consolidar el monopolio legítimo de la violencia. La tesis que guía este análisis es la siguiente: la guerra civil sudanesa no es un conflicto coyuntural entre dos generales rivales, sino la manifestación sistémica del fracaso de una transición política incompleta, la expresión violenta de una competencia por el control de rentas estratégicas, y un escenario de proyección de intereses por parte de potencias regionales y globales en una zona de creciente relevancia geopolítica. Tres años después de su inicio, las dos facciones en pugna permanecen atrapadas en una lucha por el poder en la que se estima que hasta cuatrocientas mil personas han sido asesinadas desde el 15 de abril de 2023, y más de once millones han sido desplazadas, configurando la peor crisis de desplazamiento del mundo. Council on Foreign Relations

2. Origen del conflicto: tensiones estructurales y fracaso transicional

Comprender la guerra exige abandonar la narrativa del conflicto súbito. Sudán arrastra décadas de tensiones entre un centro político árabe-islamista asentado en Jartún y periferias marginadas —Darfur, Kordofán, el Nilo Azul— que nunca fueron plenamente integradas al proyecto estatal. La caída de Omar al-Bashir en 2019 abrió una ventana de oportunidad para una transición democrática, pero el acuerdo de gobernanza resultante —el Documento Constitucional de 2019— creó un equilibrio frágil entre civiles y militares que ninguna de las partes armadas tenía incentivos para sostener indefinidamente.

El golpe de octubre de 2021 protagonizado por el general Abdel Fattah al-Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo —”Hemedti”— clausuró esa ventana. No obstante, la alianza táctica entre ambos hombres era inherentemente inestable: representaba la coalición de dos aparatos de fuerza con identidades institucionales, bases de reclutamiento y fuentes de financiamiento radicalmente distintas. Desde la perspectiva del realismo estructural, la coexistencia de dos actores armados con capacidades aproximadamente equivalentes dentro de un mismo Estado constituye una condición estructuralmente insostenible. El dilema de seguridad entre la SAF y la RSF —cada parte percibiendo la expansión de la otra como amenaza existencial— precipitó el estallido.

El detonante inmediato fue el debate sobre la integración de la RSF en las fuerzas armadas regulares, exigida por la hoja de ruta de transición auspiciada internacionalmente. Para Hemedti, disolver la RSF equivalía a perder su principal activo de poder. Para al-Burhan, permitir su autonomía continuada era tolerar un ejército paralelo que erosionaba la autoridad del Estado. Ningún acuerdo fue posible.

3. Actores clave: anatomía de una guerra fragmentada

Las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) se presentan como el representante legítimo del Estado sudanés y han mantenido esa ficción con suficiente éxito para preservar el reconocimiento internacional. Su impulso reciente se explica por un agresivo programa de rearme: adquisición de drones TB2 de Turquía, aviones de combate y armamento pesado de China y Rusia, además de un proceso de reclutamiento que le ha permitido recuperar su capacidad operativa plena por primera vez desde el inicio del conflicto. Center for Strategic and International Studies

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) emergieron de las milicias Janjaweed utilizadas por Bashir en Darfur y fueron posteriormente formalizadas como fuerza paramilitar. Su fortaleza reside menos en la disciplina institucional que en el control territorial de las regiones auríferas y en una red de economía de guerra que trasciende las fronteras. Sin embargo, las RSF exhiben una cultura de saqueo y la búsqueda de botín de guerra entre sus milicias aliadas, lo que ha generado tensiones internas y fragmentación del mando. ACLED

En cuanto a actores externos, la arquitectura de apoyos es reveladora. Egipto ha sostenido lazos estrechos con la SAF, proveyendo apoyo aéreo, cazas y munición; Irán, desde finales de 2023, ha enviado al menos nueve vuelos de carga con material militar a Port Sudán, incluyendo drones Mohajer-6 que contribuyeron a victorias de la SAF; mientras que los Emiratos Árabes Unidos han sido acusados —con evidencia documental— de suministrar armamento a la RSF mediante vuelos a través del aeropuerto de Amdjarass en Chad. European Union Agency for Asylum Rusia, a través del Grupo Wagner —hoy rebautizado como Africa Corps— inicialmente apoyó a la RSF mediante armas y entrenamiento a cambio de concesiones mineras, pero gradualmente giró hacia la SAF motivado por su interés estratégico en establecer una base naval en Port Sudán. Vision of Humanity

Las redes económicas y milicias locales constituyen un cuarto actor de peso. El oro producido en territorios controlados por la RSF fluye a través de Sudán del Sur y Kenia hacia los Emiratos, donde es refinado y comercializado como bullion emiratí, alimentando el circuito financiero que sostiene la capacidad bélica de la RSF. Global Initiative

4. Dinámicas del conflicto: territorialidad, guerra urbana y fragmentación

El conflicto ha evolucionado de una guerra urbana en Jartún —donde la RSF ocupó la capital desde los primeros días— hacia una partición de facto entre un eje oriental controlado por la SAF y un eje occidental dominado por la RSF. La SAF ha reconsolidado el centro y el este del país, mientras que las RSF han consolidado sus posiciones en el oeste; esta división está coincidiendo con la formación de dos gobiernos paralelos: el SAF con sede en Port Sudán, donde el general Burhan nombró a Kamil Idris primer ministro en mayo de 2025, y la RSF con sede en Nyala, en Darfur del Sur, bajo liderazgo de Hemedti. ACLED

La lógica bélica de la RSF combina control territorial extenso con guerra irregular y movilidad táctica. En 2025, la RSF amplió su arsenal de drones FH-95 y ejecutó numerosos ataques de largo alcance contra posiciones de la SAF, incluyendo Port Sudán, lo que forzó a la SAF a reubicar aeronaves en Eritrea. ACLED Esta capacidad de proyección aérea asimétrica ha reconfigurado la naturaleza del conflicto, que ya no puede describirse simplemente como guerra de posiciones.

5. Dimensión geopolítica: el Mar Rojo y la rivalidad de potencias

Sudán no es simplemente un Estado fallido: es un Estado fallido en una de las zonas de mayor densidad geopolítica del mundo. Su litoral sobre el Mar Rojo, sus reservas auríferas y su posición como corredor entre el África subsahariana y el mundo árabe lo convierten en objeto de competencia sistémica. El control de las rutas estratégicas del Mar Rojo y el acceso a los recursos minerales han llevado a que las consideraciones geopolíticas más amplias predominen sobre cualquier compromiso con la estabilidad interna de Sudán. European Parliament

Arabia Saudita ha intentado posicionarse como mediador estabilizador, acogiendo conversaciones de alto el fuego en Yedá, mientras que los Emiratos Árabes Unidos han provisto apoyo financiero y militar a la RSF, entrelazando esos intereses con las exportaciones de oro y con una estrategia más amplia de construcción de un corredor marítimo en el Cuerno de África. Atlasinstitute La presencia emiratí en puertos del Cuerno de África refleja una búsqueda de posicionamiento como potencia comercial global, asegurando influencia en los corredores críticos que conectan el Golfo con el Mar Rojo. HORN REVIEW

Para Rusia, Sudán representa un nodo en su estrategia africana: Moscú ha profundizado vínculos con la SAF ofreciendo ayuda militar a cambio de una base naval en Port Sudán, mientras que simultáneamente sus contratistas han operado en zonas mineras. Atlantic Council Para China, el conflicto supone una amenaza a inversiones previas y a su estrategia de acceso a rutas del Mar Rojo en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Amnistía Internacional ha documentado armas chinas de fabricación reciente en manos de ambos beligerantes, aunque Pekín mantiene oficialmente una postura de no injerencia. Wikipedia

6. Consecuencias: crisis humanitaria y riesgo de balcanización

La crisis humanitaria sudanesa ha superado en escala a cualquier otro conflicto contemporáneo. Las estimaciones para 2025 sitúan en 30,4 millones el número de personas que necesitan asistencia humanitaria, con una financiación internacional que se ha rezagado significativamente respecto a las necesidades. Atlasinstitute La OMS ha verificado 201 ataques contra instalaciones sanitarias desde el inicio del conflicto, y el ICC reportó en julio de 2025 que se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur. Security Council Report

El riesgo de balcanización es real y creciente. La consolidación de dos gobiernos paralelos —ninguno con legitimidad plena, ambos con bases territoriales diferenciadas— reproduce dinámicas observadas en Libia y Somalia: la cristalización de la división como nueva normalidad. La declaración constitucional provisional firmada por la RSF en abril de 2025 para establecer un gobierno paralelo carece de legitimidad internacional, pero su existencia institucional sugiere que la partición podría no ser reversible a corto plazo. Vision of Humanity

El efecto de desbordamiento regional es igualmente preocupante. Egipto, Chad, Sudán del Sur, Libia, Etiopía, Eritrea, Uganda y la República Centroafricana han experimentado un flujo significativo de refugiados, sometiendo a presión a Estados que ya enfrentaban sus propias fragilidades políticas y económicas. Vision of Humanity

7. Conclusión: reafirmación de la tesis y escenarios futuros

La guerra civil sudanesa confirma una premisa central del realismo estructural: en ausencia de un árbitro con capacidad coercitiva creíble, los actores armados con capacidades comparables tenderán inevitablemente al choque. El fracaso de la transición política no fue accidental sino estructural: ningún mecanismo de garantías externas logró hacer creíble el compromiso de desarme mutuo.

Lo que distingue el caso sudanés es la superposición de tres lógicas conflictivas: la lucha institucional por el monopolio de la violencia, la economía política del oro y los recursos, y la competencia de potencias externas que instrumentalizan a los actores locales. Estas tres lógicas se retroalimentan mutuamente y hacen que ninguna solución parcial —cese el fuego sin acuerdo político, acuerdo político sin presión sobre financiadores externos— resulte sostenible.

Los escenarios plausibles, en términos estrictamente analíticos, son tres. El primero es la consolidación de la partición de facto, con dos entidades políticas diferenciadas que coexisten sin reconocimiento formal, en un patrón similar al conflicto chipriota o al somalo. El segundo es una victoria militar parcial de la SAF que restaure el control del Estado central sin resolver las causas estructurales, sembrando las condiciones para futuras insurgencias. El tercero —el menos probable dado el actual panorama— es una negociación mediada con respaldo internacional sustantivo, condicionada a que los patrocinadores externos —especialmente los Emiratos— retiren su apoyo activo a la RSF. Analistas señalan que Estados Unidos puede ser el único actor con palanca suficiente para presionar a los Emiratos a cesar su apoyo a la RSF Foreign Policy, pero la voluntad política de Washington en ese sentido ha sido, hasta ahora, insuficiente.

Sudán no es una tragedia periférica. Es el síntoma más agudo de un orden internacional en transición, donde las potencias medias y regionales llenan los vacíos dejados por una gobernanza multilateral disfuncional, y donde los Estados frágiles pagan el precio de rivalidades que los trascienden.

Nota metodológica: Este ensayo se basa en fuentes verificadas y datadas: CFR Global Conflict Tracker (marzo 2026), ACLED (informes 2024–2025), Chatham House (marzo 2025), CSIS (2025), Atlantic Council (julio 2025), European Parliament Research Service (2025), Global Initiative Against Transnational Organized Crime (noviembre 2025), EUAA (febrero 2025) y Wikipedia (con referencias primarias verificables). Las cifras de víctimas y desplazados corresponden a estimaciones de organismos internacionales que varían según la metodología; se ha citado el rango más conservador disponible en fuentes primarias.

Cuando la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, instó a la comunidad internacional a “pensar en lo impensable y prepararse para ello”, no estaba recurriendo a la hipérbole retórica. Sus palabras resonaron en Tokio con la contundencia de quien observa, en tiempo real, cómo un conflicto regional en Oriente Medio desencadena lo que ella misma caracterizó como algo lejos de ser una crisis más. elDiario.es El 28 de febrero de 2026, los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán —que culminaron con la muerte del líder supremo Ali Jameneí— no inauguraron únicamente una nueva guerra; abrieron una fractura en la arquitectura energética, logística y financiera sobre la que descansa la economía mundial.

Este análisis examina los mecanismos de transmisión del conflicto hacia la economía global, la diferenciación regional de sus impactos, los dilemas que enfrenta la política monetaria internacional y los escenarios prospectivos que determinan el grado de daño acumulado. El argumento central es que esta guerra constituye un choque sistémico, no simplemente una perturbación coyuntural: afecta simultáneamente los mercados de energía, las cadenas logísticas, los sistemas financieros y las instituciones de gobernanza económica internacional.

II. El Estrecho de Ormuz: La Geografía del Poder y la Vulnerabilidad

Para comprender la magnitud del shock, es indispensable entender la singularidad geoeconómica del Estrecho de Ormuz. Este corredor marino, de apenas 34 kilómetros en su punto más angosto, facilita el tránsito diario de aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo, lo que representa cerca del 20% del comercio marítimo global de crudo, proveniente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Catar. Wikipedia No se trata, en términos geopolíticos, de una simple ruta de navegación; se trata del mayor punto de estrangulamiento energético del sistema internacional.

La respuesta iraní a los ataques fue precisamente activar ese nudo de vulnerabilidad. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió advertencias prohibiendo el paso de embarcaciones, lo que provocó una parálisis efectiva del tráfico marítimo, con una caída inicial del 70% en el tránsito de petroleros y más de 150 buques fondeados fuera del estrecho para evitar riesgos. Wikipedia Poco después, ese porcentaje se aproximó a cero.

El tráfico de petroleros por el estrecho cayó un 90% respecto a los niveles previos a la guerra, según MarineTraffic, un servicio especializado de monitoreo marítimo. Infobae Este dato no es meramente estadístico: implica que el suministro energético de buena parte del mundo quedó sujeto a la voluntad de un actor no estatal —el IRGC— en un contexto de guerra activa. El cierre del estrecho ha sido descrito por analistas como la mayor interrupción del suministro energético desde la crisis de la década de 1970. Wikipedia

III. El Mercado del Petróleo: Precio, Pánico y Prima de Riesgo

La reacción de los mercados energéticos fue inmediata y severa. Los precios del Brent superaron los 100 dólares por barril el 8 de marzo de 2026 por primera vez en cuatro años, alcanzando hasta 126 dólares en su punto máximo. Wikipedia Desde el inicio del conflicto, el Brent acumuló un aumento cercano al 38%. UnoTV

Esta escalada no responde únicamente a variables de oferta y demanda en sentido estricto; incorpora también una prima de riesgo geopolítico estructural. Los analistas de Goldman Sachs plantean escenarios en los que el barril podría alcanzar niveles de hasta 147 dólares en un horizonte de 120 días si el cierre del estrecho se mantiene de manera prolongada. Finanzas 24 Dicha estimación subraya el peso del factor temporal: cuanto más se extienda el conflicto, mayor es la probabilidad de que la perturbación abandone su carácter de shock transitorio para convertirse en una reconfiguración duradera del mercado energético global.

Resulta pertinente aquí citar la advertencia del economista marxista británico Michael Roberts, que —más allá de su perspectiva ideológica— identifica con precisión el mecanismo de transmisión: si la guerra se prolonga, los precios del petróleo se mantendrían altos y eso podría traducirse en mayor inflación en las principales economías; la inflación en Estados Unidos, ya obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, podría alcanzar el 4%. Izquierda Web

IV. Las Cadenas Logísticas: Más Allá del Petróleo

Uno de los rasgos más relevantes —y menos discutidos— del impacto económico de esta guerra es que sus efectos se extienden mucho más allá del mercado de hidrocarburos. El cierre de varios aeropuertos internacionales en la zona de conflicto, incluido el de Dubái —el más ocupado del mundo—, paralizó cerca de una quinta parte de la capacidad mundial de carga aérea, interrumpiendo los envíos de productos electrónicos de consumo, productos farmacéuticos y metales preciosos. Infobae

Este impacto no se distribuye de manera uniforme. El costo de enviar mercancías por vía aérea desde Asia hasta Europa aumentó un 45%, más del doble del incremento registrado en los envíos hacia Estados Unidos, según Ryan Petersen, director ejecutivo de Flexport. Infobae La asimetría geográfica del dolor económico no es accidental: refleja la diferenciada dependencia regional de las rutas que atraviesan el Golfo Pérsico.

A ello se suma el colapso logístico marítimo. Maersk, una de las mayores navieras del mundo, anunció la suspensión de nuevas reservas de carga con destino o salida desde Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak, Kuwait, Catar, Baréin y Arabia Saudita. Infobae El embotellamiento marítimo resultante comienza a repercutir en cadenas de suministro que tienen escasa relación directa con el conflicto, pero que dependen de la fluidez de esos corredores para funcionar. Tres de los diez principales productores mundiales de urea y fertilizante de amoníaco anhidro están en la zona de conflicto: Arabia Saudita, Catar e Irán, Infobae lo que anticipa presiones sobre la seguridad alimentaria global, especialmente para las economías más vulnerables.

V. La Diferenciación Regional: Europa y Asia en el Ojo del Huracán

El conflicto ha revelado, con inusual crudeza, las asimetrías estructurales del sistema energético internacional. No todos los actores están igualmente expuestos.

Europa, en primer lugar, se encuentra en una posición particularmente frágil. El continente es posiblemente la región más vulnerable al shock de Irán debido a su elevada dependencia energética; la inflación repuntó en febrero con el IPC general llegando al 1,9% y el subyacente al 2,4%, desviándose por encima del objetivo del 2%. portocolomav Las expectativas inflacionarias, medidas a través de swaps, se han incrementado significativamente, y la incertidumbre sobre los tipos de interés —dado el impacto energético— ha deprimido la confianza inversora.

Asia presenta, si cabe, una exposición aún más pronunciada. Entre el 80% y el 90% del petróleo crudo y gas natural licuado transportados por el estrecho de Ormuz tienen como destino la región asiática, siendo China un comprador importante, según la consultora Capital Economics. CNN Las implicaciones son concretas y cuantificables: cerca del 40% del petróleo importado por China pasa por el estrecho de Ormuz, y aproximadamente el 30% de su GNL proviene de Qatar y Emiratos Árabes. Infobae

La situación de algunas economías emergentes asiáticas es especialmente crítica. Tailandia posee el mayor nivel de importaciones netas de petróleo en Asia, equivalentes al 4,7% de su PIB, y cada salto del 10% en el valor del petróleo empeora su cuenta corriente en 0,5 puntos porcentuales, según Nomura. Infobae Para India, el impacto es doble: más de la mitad de sus importaciones de GNL están vinculadas al Golfo y una gran parte tiene precio referenciado al Brent, lo que genera simultáneamente un shock físico y financiero. Infobae

Las respuestas de política pública en la región ilustran la gravedad de la situación: en Bangladesh, las universidades cerraron y se adelantaron las vacaciones del Eid al-Fitr como parte de medidas de emergencia para ahorrar electricidad, mientras el presidente surcoreano anunció la primera medida del país para limitar los precios internos del combustible en casi tres décadas. elDiario.es

Estados Unidos, en contraste relativo, presenta mayor resistencia estructural. Su mayor autosuficiencia energética post-revolución del esquisto le confiere cierta capacidad de amortiguación. Sin embargo, si los precios del petróleo se mantienen alrededor de los 100 dólares por barril, el consiguiente aumento de la gasolina borraría para la mayoría de los estadounidenses los beneficios de mayores reembolsos fiscales derivados de los recortes de 2025; solo el 30% superior de la distribución del ingreso seguiría viendo una ganancia neta, según analistas de Evercore ISI. Boston Herald

VI. El Dilema de los Bancos Centrales: Entre la Inflación y el Estancamiento

Quizás el efecto más pernicioso desde el punto de vista de la arquitectura de política económica global es el que la guerra impone sobre los bancos centrales. El conflicto ha agudizado una disyuntiva que ya existía con anterioridad al inicio de las hostilidades, pero que ahora alcanza una dimensión de mayor complejidad.

Los mayores precios de la energía alimentan la inflación, pero también perjudican a la economía. La Reserva Federal ya está dividida entre responsables de política que creen que un mercado laboral debilitado necesita tasas más bajas y quienes aún temen que la inflación siga estancada por encima del objetivo del 2%. Boston Herald

El riesgo de estanflación —aquel escenario en que la actividad económica se contrae al mismo tiempo que los precios se elevan, que tan vívidamente marcó la memoria de las décadas de 1970— ha regresado al centro del debate. El temor a la estanflación es cada vez mayor entre economistas y analistas internacionales, quienes advierten que un conflicto prolongado en Oriente Medio podría frenar el crecimiento global y alimentar simultáneamente la subida de los precios. elDiario.es

En Europa, la tensión es igualmente aguda. Tanto el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, como el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, han optado por la cautela. De Guindos instó a “mantener la calma dada la excepcionalidad de la incertidumbre” y justificó la postura de no sobrerreaccionar argumentando que “predecir la inflación es ahora más complicado de lo habitual, dada la fuerte fluctuación de los precios de la energía durante la guerra en Irán”. elDiario.es

VII. Los Escenarios Prospectivos: La Variable Temporal

La literatura especializada converge en señalar que la variable determinante del impacto económico final no es tanto la intensidad del conflicto como su duración. Goldman Sachs, UBS y Eurasia Group han trazado tres escenarios que ordenan las posibles trayectorias:

El escenario base —de cuatro a ocho semanas de cierre del estrecho— supone una desescalada por presión económica y búsqueda de salida diplomática. Goldman Sachs estima que en este escenario el Brent promedía 98 dólares en marzo y abril y luego declina el resto del año, creando un freno estanflacionario moderado en Estados Unidos y uno más sustancial en Europa y Asia Oriental, con una reducción del crecimiento global del 0,3% del PIB y un incremento de la inflación de entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales. T13

El escenario intermedio —de dos a cuatro meses— es hoy el considerado más probable por los analistas. Si la perturbación se extiende durante el segundo trimestre de 2026, la inflación mundial podría subir entre 0,7 y 0,8 puntos porcentuales, mientras que el crecimiento global podría sufrir un lastre de hasta 0,4 puntos, borrando efectivamente las ganancias de la recuperación posterior a 2024, según Goldman Sachs y UBS. Ex-Ante

El escenario adverso —más de seis meses de conflicto— implica consecuencias recesivas para la economía global. Incluso si la guerra terminara hoy, podrían pasar de uno a tres meses para que el Estrecho de Ormuz vuelva a estar operativo, según Homayoun Falakshahi, analista principal de Kpler. Ex-Ante

La directora del FMI ha aportado una métrica de referencia transversal a todos los escenarios: cada aumento del 10% en los precios de la energía durante 2026 se espera que eleve la inflación global en casi medio punto porcentual. Ex-Ante

VIII. Las Dimensiones Geopolíticas del Shock Económico

Este conflicto no puede analizarse de manera aislada de las tensiones estructurales que lo precedieron. La guerra llega en un momento de especial fragilidad para el sistema económico internacional, marcado por la acumulación de perturbaciones que han erosionado los márgenes de resiliencia. El profesor Eswar Prasad, de la Universidad de Cornell, reconoce que “la economía mundial ha demostrado ser capaz de sacudirse shocks significativos como los amplios aranceles de Estados Unidos”, aunque la acumulación de perturbaciones reduce progresivamente la capacidad de absorción. Boston Herald

La dimensión geopolítica del shock incluye, paradójicamente, un beneficiario involuntario. A pesar de que Irán es uno de los aliados más cercanos de Rusia, Trump ordenó levantar las sanciones al crudo ruso en circulación para tratar de evitar mayores subidas de precios, una autorización de apenas un mes que afecta a unos 100 millones de barriles en alta mar; la subida del precio del crudo ruso alivia en parte las cuentas públicas rusas, diezmadas por cuatro años de guerra de desgaste en Ucrania. elDiario.es

Por su parte, la crisis actual obliga a los Estados a replantear el concepto de seguridad nacional desde una óptica estrictamente logística, en una transición hacia una era donde la ubicación de las infraestructuras de transporte es tan importante como el recurso mismo. Escenario Mundial La amenaza sobre Ormuz ha acelerado el interés por rutas alternativas y oleoductos terrestres, aunque estos proyectos requieren décadas de inversión y estabilidad que el contexto actual no puede garantizar.

IX. Conclusión: La Lección Sistémica

La guerra en Irán no es únicamente un conflicto entre actores estatales en una región históricamente convulsa. Es, ante todo, una prueba de estrés para la interdependencia global: revela qué tan vulnerable resulta el sistema económico internacional cuando uno de sus nodos críticos —un estrecho de 34 kilómetros— queda bajo el control de la dinámica bélica.

Como concluyen los analistas de Portocolom Agencia de Valores, aunque existe cierta sensación de fortaleza económica a nivel global, especialmente por la mayor autosuficiencia energética de Estados Unidos y la diversificación logística internacional, la duración del conflicto determinará el impacto final en el crecimiento económico y los precios. portocolomav

La lección más profunda que ofrece este episodio, sin embargo, trasciende la coyuntura: es la constatación de que la globalización económica —entendida como interdependencia densa de flujos de energía, bienes, capitales e información— crea eficiencias sin precedentes en tiempos de estabilidad y vulnerabilidades sin precedentes en tiempos de crisis. El estrecho de Ormuz, en marzo de 2026, no es solo un accidente geográfico; es el espejo donde la economía global contempla sus propias fragilidades estructurales.